Tras la publicación de informaciones que indican que los servicios jurídicos de Lakua están analizando la posible recusación del juez que preside la sala del tribunal que ha permitido la reapertura de los bares en zona roja en la CAV, Luis Ángel Garrido, al dudar de su imparcialidad tras sus declaraciones sobre los epidemiólogos y las medidas anticovid, tanto el juez decano de Bilbo, Aner Uriarte, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han salido en su defensa.

Preguntado por la posible recusación, Uriarte ha afirmado que no tiene «ni idea» de si las palabras de Garrido pueden ser motivo para solicitar la recusación del magistrado, pero «me extraña –ha añadido– que una declaración así pueda llevar a una recusación».

El juez, que ha puntualizado que no se atrevería a pronunciarse «porque una recusación la tendría que resolver otro órgano judicial», ha considerado «desproporcionada» la reacción en torno a la decisión del TSJPV.

Según ha señalado, «se ha tomado una decisión judicial por un tribunal» en torno a una medida cautelar «que envía un reproche a una administración, en este caso el Gobierno Vasco, por una serie de medidas adoptadas que han supuesto el cierre laboral de un sector y la reacción que está percibiéndose en relación a esa decisión, desde mi punto de vista, es desproporcionada».

Ha censurado que se esté incidiendo «en cuestiones, incluso personales, de uno de los miembros del tribunal» cuando la medida cautelar la dictan tres magistrados, «pero se está incidiendo en uno, obviándose los motivos que podía haber defendido la decisión que ha sido revocada», ha lamentado.

Uriarte ha puesto de manifiesto que los jueces no tienen prohibido dar opiniones sobre distintos temas en medios de comunicación. Según ha dicho, «es parte de la libertad de expresión que tiene en estos momentos un magistrado».

Tras indicar que desconoce si el juez Garrido interviene en la tertulia radiofónica citada como magistrado o como «ciudadano x», ha insistido en que ello «no está prohibido y no entiendo que eso vaya en demérito de una resolución».

«Los jueces podemos tener y, de hecho, tenemos opiniones sobre muchas cuestiones -ha indicado– y a veces tenemos que resolver sobre ellas y resolver con arreglo a la ley, más aún si cabe en la jurisdicción contencioso administrativa, donde hay que tomar decisiones sobre cuestiones impositivas».

Según ha sostenido, «los jueces de lo contencioso administrativo todo el día toman decisiones con arreglo a la ley, independientemente de su posición personal al respecto» y «no veo un problema» en ello, ha señalado.

AMP: «Es muy infantil poner en duda su imparcialidad»

En esa misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Romero, ha lamentado que se recurra a «la crítica personal» al presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV para poner en entredicho su «profesionalidad e imparcialidad».

Romero cree que «están fuera de lugar» las críticas personales que está recibiendo Garrido, en relación a comentarios o a su estado de WhatsApp con el título de la canción de Van Morrison ‘No more lockdown (No más confinamiento)’.

«Es muy infantil y absurdo poner en duda su imparcialidad porque tenga eso en el WhatsApp. Es fijarse en una mera anécdota que no tiene nada que ver con su profesionalidad», ha señalado en declaraciones a la agencia Europa Press.

En cuanto a la polémica por su resolución, ha recordado que los jueces «hacen su trabajo» y el auto lo dictó atendiendo a una petición que hicieron los hosteleros conforme a unos informes que le presentaron.

Además, ha recordado que es una medida cautelar y, por tanto, no es definitiva. «Se está creando una alarma, donde no lo hay. No se ha resuelto definitivamente la cuestión», ha insistido.

A su juicio, se ha generado «una bola» en torno a una medida provisional y ha recordado que la resolución puede ser recurrida por el Gobierno de Lakua.

«Por tanto, todas las quejas que quiera hacer el Gobierno Vasco las respetamos profundamente, pero entendemos que el cauce legal en democracia para mostrar una disconformidad con una resolución judicial es acudir a los recursos, no a la descalificación personal de un juez», ha subrayado.

Críticas del CGPJ

Sin embargo, algunos vocales del CGPJ han advertido de que «como juez ha diluido toda imagen personal de imparcialidad en comportamientos que son de respeto a la legalidad», como, por ejemplo, cuando hace gala de «un posicionamiento beligerante en contra del confinamiento», lo que supone un «ejercicio de activismo que no es bueno para los jueces», quienes deben ser «especialmente cuidadosos» con lo que dicen.

Y han abogado por la apertura de unas diligencias informativas para que el juez de sus explicaciones respecto a lo sucedido o, incluso, de un expediente disciplinario. Una opción complicada, ya que el Consejo no suele actuar de oficio. Lo normal suele ser que si una de las partes del procedimiento se ha sentido perjudicada sea ésta la que eleve una queja al CGPJ y ya entonces el Consejo decida si abre o no una investigación.

Al margen de la vía disciplinaria, las fuentes consultadas por la agencia Efe han advertido de que el juez ha ignorado las recomendaciones que figuran en un reciente dictamen de la Comisión de Ética Judicial, que establece que las intervenciones de los jueces y magistrados en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse a la «neutralidad política».