Hoy se cumplen 40 años de la muerte de Joxe Arregi en Carabanchel por maltratos tremendos que quedaron recogidos en texto y en imágenes y que todavía estremecen pasadas cuatro décadas. Esa fecha, la del 13 de febrero, ha quedado marcada en el calendario de Euskal Herria como día contra la tortura. Hoy, Egiari Zor ha realizado actos en Zizurkil y Bilbo en los que ha remarcado la importancia de la memoria y la depuración de respnsabilidades.

Urtza Alkorta, en Zizurkil, ha señalado que Joxe Arregi «no fue la primera persona en morir debido a las torturas» en el contexto del conflicto político vasco. Antes murieron Mercedes Antxeta, Vicente Lertxundi, Manuel Thomas Gomes, José María Quesada, Javier Escalada, Antonio Goñi, Juan José Munduate y Alfredo Valcárcel. Sin embargo, Arregi sí que fue el primero tras la reforma del régimen del 78 y la firma de la Constitución española. «Desgraciadamente, tras la llegada de la llamada democracia, a la tétrica lista de fallecidos por tortura se le sumaron otros nombres: Esteban Muruetagoiena, Mikel Zabalza, Juan Calvo, Gurutze Iantzi y Xabier Kalparsoro», ha recordado.

Alkorta ha matizado que algunos de esos nombres se nos hacen «extraños», lo que ha achacado «a la negación y al olvido que nos han querido imponer durante largos años». «La tortura ha sido una práctica sistemática en los centros de detención, gracias a una estructura bien diseñada. No fue, pues, cosa de unos cuantos policías. La tortura fue posible gracias a la colaboración y beneplácito de médicos forenses, jueces, abogados, medios de comunicación, responsables gubernamentales del momento y dirigentes de algunos partidos políticos».

De hecho, ninguna de esas 14 víctimas mortales ha recibido reconocimiento oficial por parte de las instituciones. «Es imposible construir una convivencia democrática si no reconocemos esas muertes, esas graves vulneraciones de derechos. Las víctimas de la tortura, y las personas que han perdido la vida bajo tortura, deben ocupar el lugar que les corresponde en el libro de la memoria de lo vivido por este país», ha reclamado.

El etxarriarra Jon Patxi Arratibel, a su vez, ha recordado que el de Arregi, «a pesar de las numerosas evidencias» es un caso sin reconocer. «Los testimonios o versiones policiales se han tomado en consideración por encima de las evidencias existentes durante largos años para difuminar, ocultar, camuflar la dimensión de la violencia que ha sido practicada por el Estado. Y, así, para negar la existencia de un conflicto político. Por lo tanto, para sacar a la luz la verdad, hay que empezar por desmontar las mentiras».

Arratibel fue detenido y torturado por la Guardia Civil en 2010. A pesar de denunciar torturas ante el actual ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los hechos no se investigaron. Aquellos hechos quedaron reflejados en el grito de ayuda que Arratibel escribió en su declaración al firmar «Aztnugal» (laguntza, “ayuda” al revés en euskara) en lugar de su apellido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por no investigar aquella denuncia, del mismo modo que hizo hace unas semanas con el caso de otro navarro, Inigo González. «Sin embargo, esto no ha provocado reacciones en aquellos que tienen responsabilidades políticas en lo que respecta a la tortura. Se han quedado callados. Ya es suficiente. Dando nuestros testimonios, mostrando nuestros cuerpos golpeados, sacando a la luz el dolor que nos han causado a nosotros y a nuestro entorno, hemos vencido la negación de la tortura. Ya se sabe que nos han torturado durante décadas y con total impunidad. Ahora ha llegado la hora de reconocer a las víctimas y de que quien corresponda sus responsabilidades», ha apuntado.

Frente a ello, ha reclamado «verdad, reconocimiento y reparación al mismo nivel que merecen todas las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos», así como «leyes para reconocer y reparar de forma oficial la grave vulneración de derechos que hemos sufrido», «memoria para que quede claro que la tortura ha sido empleada de forma sistemática por el Estado» e investigaciones que saquen a la luz cuál ha sido «la dimensión real» de la tortura. Del mismo modo, ha pedido que se retiren las pagas vitalicias y las condecoraciones a los responsables, algo que considera «una humillación».

Investigación en Nafarroa

Por su parte, Ane Muguruza, de Egiari Zor, ha remarcado en Bilbo que «hoy estamos en disposición de afirmar que hemos vencido al negacionismo en torno a esta lacra. Negacionismo al servicio de la tortura y su impunidad». En esa línea ha situado el informe «inconcluso pero oficial» de Lakua que revela «la aplicación sistemática de un crimen». Ese documento acredita más de 4.100 casos de tortura solo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Muguruza ha reclamado una investigación similar en Nafarroa «que sea el punto de partida para activar los mecanismos necesarios para erradicar esta práctica aquí y cualquier otro lugar».

Egiari Zor entiende «necesario» no olvidar la confrontacion vivida en el contexto del conflicto. «Debemos conocer todo lo ocurrido para poder garantizar que en el futuro nada de esto vuelva a repetirse. Todas y cada una de las vulneraciones de Derechos Humanos así como todos los sufrimientos generados en este contexto deben ser censados, reconocidos, reparados y recogidos también en las políticas de Memoria e iniciativas institucionales», ha señalado.