El proyecto de ley ha ido cambiado de nombre pero no ha modificado demasiado su contenido. Presentado inicialmente como un instrumento para combatir el «separatismo islamista» a raíz de la muerte por degollamiento de un profesor, Samuel Paty, que mostró a sus alumnos las caricaturas de Mahoma, finalmente los parlamentarios franceses han votado un texto para «reafirmar los valores de la República».

El texto, que incluye penas de prisión y multa para el «delito de separatismo», ha salido adelante sin problemas debido a la amplia mayoría de que dispone el macronismo en la Cámara baja.

La iniciativa legislativa que, sumada a la Ley de Seguridad Global, debe servir para reforzar el perfil securitario de Emmanuel Macron, a un año de le elección presidencial, ha contado con el apoyo de 347 parlamentarios, mientras que 151 han votado en contra y 65 han optado por la abstención.

Tras su adopción en primera lectura pasará al Senado, que empezará a analizar el texto a partir del 30 de marzo.

La mayoría de derecha de esa Cámara puede modificar, en clave aún más restrictiva, el texto. Así lo ha dejado entrever la parlamentaria de Les Républicains (LR), Annie Genevard, que ha asegurado que el texto es insuficiente y «no está a la altura de los desafíos que viven los franceses».

Por contra, las formaciones de izquierda han mostrado su crítica a un proyecto que para el Partido Socialista (PS) se basa exclusivamente en el arsenal represivo, mientras que en opinión de La France Insoumise (FI) tiene un contenido que estigmatiza globalmente a la comunidad musulmana.

Pocas dudas hay de que el proyecto trata de reforzar unos determinados valores que, por lo demás, ya están protegidos por la ley francesa.

No en vano Macron hizo coincidir la presentación del proyecto de ley, en el consejo de ministros del 9 de diciembre, con el 115 aniversario de la ley de 1905 que consagra la laicidad en el Estado francés.

Así la ley remacha el principio de neutralidad que deben de respetar los trabajadores de los servicios públicos, que no pueden portar símbolos ostensibles de su creencia religiosa, un principio que ya consagra de por sí el estatuto de la función pública.

También contempla imponer un contrato republicano, destinado a privar de subvenciones a asociaciones que no respeten los valores republicanos, lo que remite al laicismo o a la igualdad de género, pero sin excluir connotaciones en clave cultural o lingüística.

Igualmente incluye el delito de odio, lo que en opinión de organizaciones defensoras de los derechos humanos, puede poner en riesgo la libertad de expresión.