La SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial contrató el 14 de setiembre de 2020 a la consultora PwC para que redactara un informe de ‘Identificación de proyectos Next Generation UE’. El precio fue de 17.454 euros IVA incluido, que es la misma cantidad en la que se formalizó la contratación del 28 de julio por parte de Lehendakaritza de la «Asesoría para adaptar la ‘Estrategia Vasca de Crecimiento Sostenible’ al fondo europeo Next Generation EU». El equipo encargado de la redacción también está liderado por las mismas personas. En ambos proyectos hay párrafos idénticos.

Según la documentación en poder de NAIZ, en la justificación de esta externalización, el director gerente de la SPRI, Alexander Arriola, asegura que «la entidad contratante no dispone de los medios humanos precisos para atender la necesidad» que tiene y «requiere la contratación de un contratista especializado en el ámbito de apoyo en la identificación y revisión de proyectos tractores en el marco del programa ‘Next generation UE’ que venga a cubrir las citadas necesidades»

El grupo SPRI tiene una plantilla de 73 personas, de las que 11 son altos cargos y directivos, 2 funcionarios titulados superiores y otros 60 personal laboral, entre ellos 41 titulados superiores. Su presupuesto de personal es de 6.550.973 euros para 2021. El equipo de PwC que afrontará esta tarea esta formado por 4 personas.

Infraestructuras científico-tecnológicas

El primer objetivo del encargo realizado por la SPRI a la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) en setiembre fue la «identificación de proyectos e iniciativas estratégicas vascas en colaboración público privada, anticipando las posibilidades reales de acceder a estos fondos de reactivación económica europea».

El segundo objetivo era buscar el «planteamiento de nuevos mecanismos de apoyo público que pudieran crearse en el marco de esta estrategia de recuperación y análisis de su encaje con el plan europeo. En concreto, ustedes requieren apoyo para la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de ayudas a la financiación de infraestructuras científico-tecnológicas», según recoge la consultora.

El encargo de Lehendakaritza de julio era muy similar, aunque en aquel caso adaptado a la entonces llamada ‘Estrategia Vasca de Crecimiento Sostenible’. Y el proyecto recibido por el Gobierno de Lakua y por la SPRI de parte de PwC es también calcada en su introducción y en el punto 1 de «antecedentes y objetivos».

El equipo previsto para ambos estudios está liderado por la misma persona y compuesto por los mismos integrantes, entre ellos Asier Atutxa, «responsable de la Zona Norte en PwC» y exmiembro del BBB del PNV. En el caso del contrato con la SPRI hay un experto más en el equipo.

Los honorarios en ambos casos también coinciden. Son 14.500 euros más el IVA de 3.045, lo que suman 17.454 euros. A esto se le debe añadir, según los contratos, «los gastos directos por viajes y de desplazamientos que incurramos por su cuenta».

Next Euskadi y sus antecedentes

En julio, Lehendakaritza encargó a PwC una revisión de los 66 proyectos que podrían optar a los planes europeos y en los que la consultora encontró importantes deficiencias después de que el lehendakari la hubiera remitido ya a La Moncloa. Por lo tanto, aquel listado que se intentó presentar ante la opinión pública como un «excel improvisado» no era tal.

Sin embargo, aquel listado, centrado sobre todo en Bizkaia y con proyectos de dudosa capacidad de recibir fondos europeos, generó un enorme malestar incluso en las diputaciones de Araba y de Gipuzkoa. Además, la consultora PwC avisó a Lakua de que las obras del TAV, inicialmente incluidas, tenían «un encaje complicado» con los fondos Next Generation y que las inversiones previstas con Petronor e Iberdrola tienen «el riesgo» de estar «excesivamente centrados en una empresa concreta».

Finalmente, el 29 de diciembre el Gobierno de Iñigo Urkullu aprobó el llamado programa Next Euskadi con 188 proyectos (incluidos 16 planes estratégicos) de ocho ámbitos diferentes para los que se reclama una aportación europea de 5.702,6 millones de euros y que el Ejecutivo autonómico apunta que movilizaría en total 13.135 millones. El documento final tiene poco que ver con el enviado en julio a PwC y también con el que le devolvió la empresa. Está territorialmente más equilibrado, aunque los vicepresidentes de Eudel criticaran que se centra en las capitales y deja de lado a los municipios.