Ramón Sola

Mendia intenta pasar la página de la tortura con un decreto que solo reconoció al 6%

Idoia Mendia tilda de «caradura» a Sortu tras reprocharle esta formación inacción contra la tortura cuando impulsó el decreto de reconocimiento de víctimas de 2012. Solo reparó a 72 de las 1.081 personas censadas hasta 1978 por el equipo de Paco Etxeberria. El segundo está en desarrollo.

Torturados de distintas generaciones, en una comparecencia en Bilbo con motivo del último juicio impune. (Aritz LOIOLA | FOKU)
Torturados de distintas generaciones, en una comparecencia en Bilbo con motivo del último juicio impune. (Aritz LOIOLA | FOKU)

Tras una semana de silencio sobre el audio de Intxaurrondo, entrevistada este domingo en Radio Euskadi la actual vicelehendakari, Idoia Mendia, se ha revuelto muy molesta contra Sortu por reprocharle que no haya aludido al tema. Ha llegado a tildar de «caradura» a su portavoz en Gipuzkoa, Haimar Altuna, por interpelarle en la movilización del sábado en Tolosa, donde Altuna recordó que tampoco los lehendakaris Iñigo Urkullu y María Chivite o el delegado del Gobierno español en Gasteiz, Denis Itxaso, han abierto la boca al respecto.

Sobre la conversación entre Gómez Nieto y Perote, Mendia ha dicho que «es intolerable que personas puedan hablar con esa frialdad sobre cómo torturar». Y ha añadido que «la tortura no puede tener lugar y se debe trabajar para que no haya oscuridad en ningún ámbito. Hay que investigar todas las cuestiones hasta el final».

Su malestar se ha dirigido luego contra la interpelación de Sortu, porque para Mendia «si hay un partido que ha trabajado en Euskadi para que se investigue la tortura y las vulneraciones de Derechos Humanos, ese es el PSE».

Desde EH Bildu, su coordinador general, Arnaldo Otegi, le ha recordado en Twitter que el informe oficial de Lakua, el gobierno al que pertenece Mendia, constata que la tortura creció precisamente con el PSOE, con los ejecutivos de Felipe González.

 

¿En que se basa Mendia para su afirmación? Ha esgrimido el primer decreto de abusos policiales aprobado por el Gobierno de Patxi López, con su propio impulso como consejera de Justicia, en el año 2012. Este decreto abrió una vía de reconocimiento y reparación para las víctimas de torturas y otras vulneraciones de derechos entre 1960 y 1978, pero ha tenido un desarrollo muy limitado.

Ha añadido Mendia que en 2019 se aprobó la ley para el periodo posterior (1978-99), actualmente en desarrollo tras la criba del Tribunal Constitucional, y lo ha traído a colación reprochando a EH Bildu que no votara a favor. Hay que matizar que EH Bildu se abstuvo en el debate de 2019 precisamente para facilitar su aprobación pese a considerar insuficiente la norma (fue aquel día en que Jusapol montó un escándalo en la tribuna frente a Julen Arzuaga). Por cierto, también se abstuvo Elkarrekin Podemos, que estuvo representada en este debate por Pili Zabala, la hermana de Joxi Zabala, sobre cuya muerte se arroja luz también en el audio ahora difundido.

Los datos

A la espera de lo que depare el segundo proceso ahora en fase de presentación de solicitudes (hay plazo hasta diciembre), lo cierto es que el primer decreto apenas ha reparado a víctimas de tortura si se comparan sus resultados y los datos reales de esta lacra acreditados por el propio informe oficial de Lakua, encargado a Paco Etxeberria.

Así, fueron reconocidas 72 solicitudes. Suponen el 6,6% de las 1.081 personas identificadas en el mismo espacio temporal (1960-78) como torturadas.

Aquí hay que introducir dos matizaciones. Por un lado, es evidente que no todas las personas torturadas presentaron la solicitud preceptiva; como ha explicado Egiari Zor, que anima a recorrer este camino, muchas de ellas pensaban que al estar incluidas en el censo del Instituto Vasco de Criminología ya se encontraban censadas por Lakua. En sentido contrario, resulta más evidente aún que el informe de Etxeberria quizás solo haya captado la punta del iceberg, dados los años transcurridos o las reticencias de muchas personas torturadas a revelar su propio drama; de hecho, los trabajos paralelos de la fundación Euskal Memoria ya elevan la cifra de personas torturadas a 5.657 mientras el informe de Etxeberria determinó 4.113 casos en su presentación en 2016.

Está por ver si el segundo decreto efectivamente sí supone un salto cualitativo en el reconocimiento y reparación de la tortura en la CAV. Y también falta abrir una vía similar en Nafarroa. Por el momento, Egiari Zor recuerda que únicamente 103 personas están admitidas oficialmente como víctimas de la tortura: las 72 amparadas por ese decreto y las 31 reconocidas por contar con sentencias judiciales favorables.

Este último dato también permite extraer un porcentaje muy elocuente: los torturados admitidos judicialmente suponen solo el 0,75% de los censados por el equipo de Etxeberria, y en un informe que se reconoce muy incompleto.

Ni Zabalza... ni Lasa y Zabala

Por si quedara alguna duda a estas alturas, entre esos 31 torturados reconocidos por sentencia no están ninguno de los tres protagonistas de la grabación de Intxaurrondo. En el caso de Mikel Zabalza, obviamente porque el caso judicial se cerró en falso después de que se argumentara oficialmente que se ahogó al intentar huir. Y en los de Joxean Lasa y Joxi Zabala, porque la sentencia de la Audiencia Nacional que probó sus secuestros y muertes no pudo hacer lo mismo con las torturas, al haber hecho desaparecer sus restos en cal viva.

No obstante, el tribunal expuso que las vendas con restos de sangre que rodeaban los huesos hallados en Busot eran un indicio de ello. ¿Les reconocerá este segundo decreto de Lakua, que cubre este año de 1983?