Marcel Pena

Las fuerzas soberanistas se quedan solas en la defensa de las lenguas minorizadas

EH Bildu ha presentado este martes en el Congreso español una Proposición no de Ley en defensa de las lenguas minorizadas del Estado, que solo ha contado con el apoyo de las fuerzas soberanistas. PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y UPN se han mostrado en contra.

Euskararen, aragoieraren, asturieraren, galizieraren eta katalanaren aldeko hainabt eragile, Kongresuan. (Kontseilua)
Representantes de las organizaciones a favor de las lenguas minorizadas en el Congreso. (Kontseilua)

El Congreso español ha debatido y votado este martes una Proposición no de Ley presentada por EH Bildu a favor de «reconocer la realidad plurilingüe, poner fin a la imposición del castellano y acabar con todas las discriminaciones lingüísticas» en el Estado.

La iniciativa, impulsada por diez organizaciones que trabajan en pro del reconocimiento del euskara, el catalán, el gallego, el aragonés y el asturiano, sólo ha contado con el apoyo de los grupos que en diciembre presentaron otra propuesta a favor de las lenguas minorizadas.

El texto debatido este martes solicita «todas las acciones posibles para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se le reconocen al castellano», así como «impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos territorios».

Además de EH Bildu, BNG, Compromís, CUP, PNV, ERC, PDCAT y Unidas-Podemos también se han mostrado favorables a la iniciativa, mientras que los representantes del PP, PSOE, UPN, Ciudadanos y Vox se han declarado claramente contrarios a lo expuesto en el texto, recriminando a sus promotores «usar las lenguas como armas arrojadizas» o promover «la destrucción de España», entre otras acusaciones.

Estado «plurinacional»

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha sido la encargada de defender la Proposición no de Ley, destacando que la iniciativa partía de diez organizaciones en defensa de las lenguas del Estado. Aizpurua ha recordado que el 45% de la población del Estado español «vive en territorios con una lengua distinta al castellano» y que cooficialidad significa que «es tan oficial una lengua como la otra». Finalmente, ha pedido que, en un Estado que se define como «pluricultural y plurinacional», el Gobierno «no pierda la oportunidad» de demostrar que su defensa del plurilingüísmo «no es simplemente humo» y tome las medidas necesarias para que «esta riqueza se mantenga cada vez más fuerte».

Por su parte, el diputado de UPN, Carlos García Adanero, se ha mostrado crítico con la propuesta. En un discurso centrado en el caso del euskera y el catalán, García Adanero ha argumentado que EH Bildu y PNV defienden la lengua vasca «con un criterio político» y como «instrumento fundamental para la cosntrucción nacional» de Euskal Herria.

Ante las palabras de los grupos contrarios a la proposición, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha comenzado citando a Koldo Mitxelena: «El euskara es demasiado débil para ser utilizado como arma arrojadiza». Así, ha recordado también al resto de grupos que «si la UE hubiera adoptado el mismo criterio» que ellos, «el castellano no existiría» en las instituciones europeas. Finalmente, y dirigiéndose al diputado navarro, Agirretxea ha destacado que UPN es el «único partido del mundo» que ha legislado en contra de la lengua de su propio país.

Los «pieles rojas» del catalán

Los partidos catalanes y valencianos también han aprovechado la sesión para defender las lenguas minorizadas y poner de manifiesto la discriminación que sufren los ciudadanos. Así, el representante de la CUP Albert Botran ha destacado «la paradoja» que supone defender la diversidad lingüística en castellano, porque no está permitido el uso de otras lenguas en el Congreso.

Joan Baldoví, de Compromís, ha explicado que él mismo se ha sentido «un piel roja» en su tierra cuando le han replicado «que hable en cristiano». Genís Boadella, del PDeCAT, ha espetado al Gobierno que «no se extrañen si cada día hay más independentistas» porque el Estado dejó de «hacer los deberes hace mucho tiempo» en materia lingüística. En este semtido, la diputada de ERC Marta Rosique ha recriminado al PSOE su postura y les ha pedido que no les hagan «perder el tiempo». «La idea de plurinacionalidad se ha agotado», ha explicado Rosique.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha resaltado que «solo desde el supremacismo lingüístico se puede llegar a no querer entender que si hablamos gallego, catalán o euskera es porque es nuestra lengua». Para acabar con su tiempo, Rego se ha dirigido directamente al Gobierno, en gallego: «¿Está el Estado español dispuesto a respetar los derechos del 45% de su población que habla lenguas distintas al español?».

«Destrucción de España»

Durante sus respectivos turnos, la derecha española se ha mostrado furibundamente contraria al texto presentado por EH Bildu. La primera intervención ha sido la del PP a través de la diputada Ana Belén Vázquez, quien ha empezado con un poema en gallego de Manuel María. Más tarde, la misma diputada ha calificado la propuesta como «rancio colonialismo lingüístico» y ha advertido que «los nacionalistas usan las lenguas como arma política».

En un tono más elevado, la diputada de Ciudadanos Marta Llaguno ha tachado las propuestas como «xenófobas», señalando concretamente el «nacionalismo catalán etnolingüístico»; mientras que el diputado de Vox Antonio Salvá ha señalado que, con la Proposición no de Ley presentada, «EH Bildu tiene como objetivo la destrucción de España».

Desavenencias en el Gobierno

El debate de este martes ha hecho patente, una vez más, la falta de entendimiento entre los socios de Gobierno. Por un lado, el representante del PSOE Marc Lamuà ha negado que «el catalán esté en peligro de desaparición» en Catalunya y ha criticado el «victimismo irreverente» por parte de los independentistas.

Por contra, el diputado de En Comú Podem Joan Mena ha explicado que la Proposición «pide que España cumpla lo que dice su Constitución», a la vez que ha defendido «el derecho del ciudadano a elegir» la lengua en que se dirige a la administración. Mena también ha lamentado la falta de consenso sobre el tema, recordando al PSOE que sin las fuerzas soberanistas «no hay mayoría en el Congreso».