Son alrededor de media docena. Todos hombres jóvenes. Esperan a la salida de la estación del Topo en Ficoba-Irun. A menos de medio metro del grupo, una verja cierra el puente Avenida, que, de no mediar la clausura ordenada por la Prefectura de Pirineos Atlánticos de ese y otros siete pasos de muga, habría sido una buena opción para pasar a pie a Hendaia.

A media vista aparece ante ellos el puente de Santiago, en esta tarde de 8 de Marzo especialmente unifomado. En un extremo mantiene un control permanente la Policía francesa. En la zona guipuzcoana la Guardia Civil ha plantado un segundo control.

Los migrantes montan guardia en la esquina de esa zona comercial de Santiago hoy prácticamente desierta, ya que los clientes del norte del Bidasoa llegan a cuentagotas en razón de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia.

La frontera rige para los que llegan de lejos, tras sobrevivir a un largo viaje, y, en otra medida, también para los locales, que seguirán a su sombra cuando ellos logren, por fin, cruzar.

De noviembre ¿al 30 de abril?

¿Cuál es el marco legal que impide a los migrantes seguir su camino y a los habitantes del norte y el sur del Bidasoa transitar con mayor grado de libertad por su país?

Se llama suspensión temporal del Acuerdo de Schengen. Efectivamente, el Gobierno de Emmanuel Macron comunicó en otoño a la Comisión Europea que suspendía ese tratado que a priori vela por la libre circulación de personas en el seno de la Unión Europea.

Concretamente, el Gobierno francés trasladó a sus socios, y en particular a los estados con lo que tiene frontera, su decisión de reponer las fronteras internas, de no mediar solicitud de prórroga, hasta el 30 de abril de 2021.

Así figura de manera expresa en la respuesta remitida por el Gobierno español a la pregunta escrita presentada por Euskal Herria Bildu en relación al cierre de la muga.

En ese escrito, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace poco más que de notario de la decisión ejecutada por las autoridades francesas, se explica que «Francia comunicó a la Comisión Europea, a los Estados miembros y, de modo particular y concreto, a España, conforme al acuerdo de Schengen y el Código de Fronteras, su decisión de prorrogar las medidas de control en las fronteras internas del espacio Schengen».

La respuesta al cuestionario del senador Gorka Elejabarrieta no difiere, como parece lógico, de la que el Gobierno español dio al escrito del parlamentario Jon Iñarritu, el pasado 16 de febrero, aunque esta segunda respuesta, que lleva fecha de 4 de marzo, aporta algún detalle más.

«La decisión francesa se fundamenta explícitamente en la comunicación previa que Francia había hecho con fecha de 2 de octubre de 2020 de prorrogar los controles fronterizos ya establecidos por un período de cinco meses, desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2021», explica el gobierno a la formación vasca, que registró sus preguntas al gobierno español en relación al cierre de la muga nada más conocer el anuncio de la Prefectura.

De hecho, las cuestiones escritas de Iñarritu y Elejabarrieta fueron registradas al día siguiente de ese anuncio, con fecha de 13 de enero, y, por lo tanto, un día antes de que se materializara el cierre de los ocho pasos fronterizos vascos.

Las restricciones al libre tránsito en un total de 16 pasos de frontera a lo largo de la línea pirenaica se justifican concretamente en los artículos 25 y 27 del Código de Fronteras del espacio Schengen.

Esa es la base legal de la medida que provoca diariamente largas colas de vehículos, especialmente en los pasos de Irun-Santiago y Behobia, para desesperación de transportistas y en general de habitantes de la zona transfronteriza. Y también es la base legal de esa muralla que es definitivamente más infranqueable para las personas en tránsito.

Un centenar de alojados

La llegada, el pasado fin de semana, de un número más importante que el habitual de personas en tránsito ha hecho que se haga más palpable esa frontera con la que se topan desde hace años los migrantes que llegan hasta ese check-point que, en función de las decisiones de los estados, se disumula más, o como ahora, se hace también muy palpable para los vascos.

Baste con recordar algunos episodios previos a ese «colapso» que obligaba el pasado fin de semana al Gobierno de Lakua a arbitrar más recursos que los ordinarios -y que las asociaciones de acogida consideran escasos-  para dar refugio a ese centenar de personas llegadas el fin de semana pasado a Irun.

El pasado 25 de febrero, Itziar, una residente en Hendaia, daba testimonio en la emisora Antxeta Irratia de la detención de dos migrantes en el jardín de su casa.

 Frantziako polizia gauetan migranteen bila dabil, eta entzule batek bi migranteen atxikitzearen lekuko izan da bart gauean, bere etxeko lorategian.

'Goizeko kafea' saioan amorratuta kontatu dio @nausia_koldo|ri.

ALBISTEA️https://t.co/O8TpHtIaW5

Azalpena pic.twitter.com/f50CZolrlK

— Antxeta Irratia (@antxetairratia) February 25, 2021

Los policías sacaron a los dos jóvenes de entre los arbustos y tras meterlos en un coche se los llevaron, previsiblemente, de vuelta al otro lado de la muga.

Los medios de comunicación se hacen eco de manera periódica de «entregas en caliente» en Behobia o Irun, pero también de detenciones en grupo de migrantes, como la que captó en video una usuaria de tren, días atrás en la estación de Baiona que, además, aportó su testimonio , publicado por el diario digital Mediabask, el pasado 4 de marzo.

La existencia de imágenes de esas expulsiones en caliente no impidió que el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, y a su homologo francés, Christophe Castaner, que se reunieron el 4 de julio de 2019 en la comisaría de Hendaia para ultimar el dispositivo conjunto cara a la cumbre del G7, dijeran desconocer esas actuaciones ajenas a la ley y de las que habían dejado constancia para entonces varias televisiones.

El 26 de agosto de 2020 Grande-Marlaska recibió en Madrid a su nuevo homólogo francés, Gérald Darmanin, en una bilateral en la que ambos representantes gubernamentales ratificaron la estrategia de colaboración para «combatir la inmigración ilegal». Nada ha cambiado.

De ahí que, por más que París sea el ejecutor de esta nueva vuelta de tuerca en la muga, remitir a una «cuestión interna francesa» la restitución de los controles en la frontera puede hacer perder de vista algo esencial. Y es que, cada cual a su turno, los estados europeos, y por lo que toca a Euskal Herria, esencialmente los estados francés y español, responden a las crisis, las ligadas a la migración pero también a otras materias igualmente políticas aunque etiquetadas como «cuestión de seguridad», aplicando el «hoy por tí, mañana por mí».  Es una práctica sostenida en ese marco llamado Unión Europea que ha hecho gala de todas sus flaquezas en el contexto de la sindemia.