El alcalde de Baiona y lehendakari de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, y el presidente del club de rugby Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldigé, se vieron las caras el pasado 18 de marzo ante un tribunal de Baiona, después de que el primero denunciara al segundo por «difamación».

Este martes los magistrados han emitido su veredicto, dando la razón a Etchegaray, por lo que condenan a Aldigé a abonar una sanción de 1.000 euros, mientras que el alcalde de Baiona tendrá que pagarle dos euros por daño moral, según ha informado France Bleu Pays Basque.

Los hechos se remontan al 10 de agosto de 2020, cuando en el estadio de Aguilera tuvo lugar el acto de presentación de la plantilla rojiblanca. No faltó la alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, ni tampoco Etchegaray, en calidad de presidente de la Mancomunidad. No hubo medios de comunicación, pero sí socios y patrocinadores, en torno a un millar de personas.

Según ha trascendido durante el juicio, Aldigé planteó a la alcaldesa la posibilidad de que el Ayuntamiento atrajese potenciales sponsors para el club de la ciudad, mediante el sistema de conceder contratos municipales a las empresas interesadas a cambio de que ellas patrocinaran al equipo de rugby. Y apuntó que en Baiona se hacía así, poniendo como ejemplo que la empresa que ganó el contrato de gestión de las aguas residuales lo consiguió con la condición de patrocinar al Aviron con un millón de euros anuales durante cuatro temporadas.

Tales afirmaciones sentaron mal a Etchegaray, quien anunció que acudiría a los tribunales al entender que «este señor ha puesto en duda mi probidad –honradez, integridad– con propósitos difamatorios. Sé que la prensa no estaba presente, pero era una reunión pública y por lo tanto son comentarios públicos».  

En la vista, su letrado expuso que Aldigé «dice que el grupo Etchart se ha adjudicado el contrato para el tratamiento de aguas residuales, en detrimento de Lyonnaise des Eaux, una semana antes de patrocinar el Aviron Bayonnais. Es difamación, ya que sugiere que los funcionarios que han tomado la decisión son corruptos». El tribunal les ha dado la razón.