Ramon Sola

«168 presos tendrían que pisar ya la calle»; Sortu fija un reto clave para la convivencia

Una entrevista pública a Oihana Garmendia y Rufi Etxeberria ha remarcado un cambio de fase para Sortu en la cuestión de las personas represaliadas. Tras estos meses de desbloqueo, ven en Euskal Herria «voluntad y madurez» para afrontar excarcelaciones. Y ponen números a ese camino.

Etxeberria y Garmendia, en la entrevista. (Jon URBE | FOKU)
Etxeberria y Garmendia, en la entrevista. (Jon URBE | FOKU)

Tras una década desde el cambio de ciclo de Aiete, varios años de batalla legal de EPPK y un último curso de deshielo en Madrid, Sortu ve llegada la hora de afrontar un salto cualitativo que se puede resumir así: vaciar cárceles para llenar la convivencia, traer a exiliados y deportados para llevarse el pasado y sus ataduras. Y lo ha puesto sobre la mesa con propuestas concretas y números detallados.

De ello se han encargado Oihana Garmendia y Rufi Etxeberria en una sesión en Donostia retransmitida por streaming. La entrevista –realizada por Ion Telleria (NAIZ Irratia)– se enmarcaba en el Día Internacional de las personas presas por motivos políticos, este próximo sábado, cuando habrá movilizaciones en las capitales de Hego Euskal Herria. Además, Sortu marcó su posición en una comparecencia hace cuatro días, en la que incidió en la necesidad de soluciones políticas y con la convivencia como horizonte.

‘Presoen askatasunaren bidean, lorpenak eta erronkak’ era el título de la entrevista pública, por lo que ha tenido dos partes bien diferenciadas. Mirando a la segunda, presente y futuro, ambos han incidido en una premisa: culminar un escenario de «convivencia democrática» exige solucionar la situación de las personas represalias. Y es aquí donde viene el salto cualitativo, que Etxeberria ha propuesto afrontar «con todas las fuerzas», como anteriores etapas.

Enumerar las cuestiones que mantienen las cárceles es extenso. Garmendia ha recordado por ejemplo que la negativa a descontar condenas cumplidas en otros estados afecta a 50 presos, de los que 11 quedarían libres inmediatamente si se desactivara la artimaña con que se dejó sin efecto el criterio europeo.

Desactivando todo el cúmulo de excepcionalidades, tanto en la letra legal como en la práctica, Sortu concluye que «168 presos tendrían que estar pisando la calle», aunque solo fuera con permisos, puesto que han cumplido la cuarta parte preceptiva de la condena. Del mismo modo, a 134 les correspondería el tercer grado por haber superado la mitad y 63 deberían estar en libertad condicional.

La ley ordinaria debería llevar a casi todos a la puerta de casa

«La ley ordinaria debería llevar a casi todos a la puerta de casa», ha resumido Oihana Garmendia. Considera que en Euskal Herria «hay voluntad y madurez suficiente» para encararlo. Y añade que en Madrid y París pasaría por renunciar a las leyes de excepción, y también a lo que no está escrito: «Las prácticas, las inercias». Así, ha puesto en valor que cárceles con resonancias históricas como Herrera de la Mancha ya no tengan presos políticos vascos dentro, pero ha recordado que ello no supone que estén en casa, sino en otros penales.

¿Qué ocurre con quienes quedan fuera de este grupo? Garmendia ha dicho que en Sortu son conscientes de que la ley ordinaria no solucionaría hoy el problema de quienes tienen largas condenas y porcentajes de cumplimiento aún cortos, pero ha añadido que existen «esquemas internacionales de Justicia Transicional» en los que caben «excarcelaciones anticipadas». Se trata, en resumen, de «deshacer toda la arquitectura» construida durante décadas con una intención evidente, en palabras de Etxeberria, de «eternizar» la existencia de presos y otros represaliados políticos.

La vía legal y los compromisos de los presos

A este nuevo suelo se ha llegado con no pocas dificultades en la década transcurrida desde Aiete. La utilización de la vía legal aprobada por Euskal Preso Politikoen Kolektiboa «está dando resultado», ha apuntado Rufi Etxeberria, citando efectos como la visualización de «la arbitrariedad de las políticas que se aplican» o el fomento de los lazos con agentes vascos. Y obviamente en estos últimos tiempos se ha probado que «es un camino válido» porque ha abierto las puertas a permisos, terceros grados…

Etxeberria ha querido matizar aquí que esta vía legal tampoco es estrictamente novedosa, porque siempre se ha practicado hasta el punto de que el Estado decidió centralizar la Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional para garantizarse así los rechazos a las peticiones de los presos. «Y esta es una realidad que hoy todavía tenemos enfrente», ha reconocido. Garmendia le ha añadido la actitud de Juntas de Tratamiento de ciertas cárceles que siguen en una lógica «de guerra», o la de fiscales y jueces que recurren y anulan lo que los presos van logrando. «El Estado profundo» se hace notar, ha apuntado la exprisionera.

La posición de los escritos de los presos tiene una profundidad política y ética evidente

Volvamos a enfocar la nueva fase. Con el salto cualitativo que se propone, ¿no se exigirá a las personas presas también un salto en su aportación? Rufi Etxeberria ha afrontado esta pregunta recordando primero que no solo EPPK puso por escrito su posición de reconocimiento del daño causado, sino que también la mayoría de los presos la han hecho suya, «por iniciativa propia y no precisamente en las mejores condiciones para ello». En sus escritos se comprometen con una acción exclusivamente política, asumen el daño causado y muestran su empatía con el sufrimiento de las víctimas, ha reseñado antes de concluir que «eso tiene una profundidad política y ética evidente».

«Ciertamente siempre se pide más, pero tras ello hay una intención política malvada», ha advertido, resumible en reproducir una y otra vez el esquema de «vencedores y vencidos». Le ha añadido una conclusión de perogrullo: no tiene legitimidad una posición cuando es impuesta por la fuerza, obligada.

En paralelo aflora la cuestión de los casos pendientes de esclarecer, sobre la que también se ha mojado Etxeberria. Ha recordado que la violencia no reconocida ni aclarada es sobre todo la estatal y se ha preguntado si cuando se formula esta cuestión se hace con ánimo constructivo o solo para «alimentar la represión. Lo que habría que llevar a cabo son políticas constructivas, que no encadenen a la sociedad vasca al pasado. La izquierda abertzale estaría dispuesta a hablar de todo el pasado, pero no solo ella tendría que hacerlo, también los demás, y habría que poner los mecanismos para ello. Los hay en el ámbito internacional. ¿Por qué no una Comisión de la Verdad en Euskal Herria?».

Por cierto, Etxeberria y Garmendia no solo han demandado soluciones para las personas presas sino también para las exiliadas y deportadas. El primero ha recordado la iniciativa de los exiliados políticos, que en realidad venía ya desde Lizarra-Garazi con un marcado carácter unilateral, y que se ha traducido en el retorno de unos 200 de ellos. Pero hay otros 42 que siguen atrapados por las «trampas» de la Audiencia Nacional al estirar los plazos de prescripción o negar información a los abogados.

«De la humanización a la resolución»

En cuanto a la primera parte, los logros, Etxeberria y Garmendia no solo los han limitado a la personas presas sino también a los agentes vascos que han ido empujando. Así han recordado cómo los estados incumplieron su parte de Aiete o respondieron a la apuesta legal de los presos activando la represión en un primer momento.

Por encima de ello emergió el convencimiento de la sociedad vasca y el protagonismo civil. Una de las resultantes es la interlocución abierta en París para esta cuestión (Etxeberria ha apuntado que ya hay vía de diálogo también con el nuevo ministro de Justicia) y de modo indirecto también el «desbloqueo» por parte del Gobierno español.

Sobre el mismo, Garmendia ha resumido que «se ha comenzando a humanizar la cuestión, pero no es suficiente; hay que resolverla». Y así ha vuelto a saltar de los logros a los retos, de la primera fase en marcha a la segunda por abrir.