A principios de abril, Walmart, la empresa de venta minorista más grande del mundo, publicó en su página de Facebook la foto de un empleado que cumplía años y animaba a la gente a felicitarle. Esa noticia no tendría mayor relevancia sino fuera porque el empleado homenajeado estaba celebrando su 90 cumpleaños. Una imagen que ejemplifica como pocas cuál es el modelo de jubilaciones que defiende el capitalismo en todo el mundo.

Puede parecer que ese ejemplo sirve solo para EEUU, donde el estado de bienestar es bastante débil, sin embargo, expresa una tendencia cada vez más extendida, independientemente del desarrollo de la protección pública. A este respecto, el acuerdo de noviembre pasado del Pacto de Toledo recoge la cita de un informe de la Unión Europea de 2016, (“Reformas de las pensiones en la UE desde principios de la década de los 2000”) en el que señalaba que: «Sin duda, las reformas de los sistemas de pensiones (…) provocarán una reducción de la generosidad de los sistemas públicos de pensiones para las futuras generaciones de jubilados». Unir pensiones con «generosidad» es la forma de sacar el debate del ámbito de los derechos para colocarlo en otro mucho más manejable, el de las dádivas, de modo que las pensiones ya no dependan de la ley sino de la recaudación del Estado, del aumento de la población, de la esperanza de vida… o de cualquier otra cosa que se les ocurra; todo menos reconocer que las pensiones públicas son un derecho.

La cita es más larga y en la segunda parte, la UE recoge el camino que se deberá seguir para recortar las pensiones: «Para asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social con el riesgo consiguiente de ser derogadas en el momento mismo en el que deberían comenzar a ser plenamente aplicadas, es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento: como, por ejemplo, reformas que potencien los ingresos de jubilación mediante una efectiva ampliación de la vida laboral y de la empleabilidad de los trabajadores mayores, fórmulas de jubilación que permitan trabajar más allá de la edad de retiro o hacerlo en jornadas reducidas, así como previendo otras fuentes complementarias de ingresos para los jubilados (por ejemplo, fondos de pensiones) y estructuras adecuadas de inclusión social que eviten el riesgo de pobreza de los mayores». La estrategia queda, por tanto, definida al detalle. Y ese es el esquema que guía al Gobierno español.

Coincidiendo con la movilización de jubilados y pensionistas de los lunes, el 12 de febrero, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, filtraba los cambios que plantea hacer en el sistema de pensiones. El martes esos cambios aparecían incluidos en el documento que se enviará a Bruselas como justificación para acceder a los fondos Next Generation. El calendario seguido por el Gobierno en este asunto es importante porque evidencia que la reforma propuesta es una exigencia de Bruselas y no una decisión soberana de un gobierno democrático. Las filtraciones no son ingenuas y el batiburrillo montado la semana pasada con las pensiones y el plan de recuperación buscaba esconder las exigencias de Bruselas que el Gobierno de Pedro Sánchez se apresta a cumplir a rajatabla.

Por otra parte, el informe arriba citado dejaba bastante claro el sentido de las reformas, a pesar de que Escrivá defendió que el Gobierno se había centrado durante dos meses en justificar primero ante las autoridades europeas la necesidad de revertir las reformas realizadas por el Gabinete de Rajoy, con el argumento estrella de que su derogación no aumentaría el gasto un 5% del PIB, sino un 3,5%. Escrivá no cuestionó el camino, solo la cuantía del recorte y anunció que la ley se aprobará antes de fin de año. A juzgar por las propuestas presentadas es un recorte «con rostro humano».

Siguiendo las recomendaciones europeas, el Gobierno está diseñando medidas para que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal. Para ello está pensando en dar incentivos a aquellos que retrasen la jubilación –el ministro hablo de hasta 12.000 euros– y en afinar todavía más los coeficientes para que las jubilaciones anticipadas no salgan a cuenta. De momento no se cambia la edad, pero se aprietan los tornillos para que la gente retrase su jubilación. Es otra manera más de ahorrar en pensiones, puesto que cuanto más tarde se jubile alguien, menos tiempo cobrará.

Hay que tener en cuenta, ademas, que muchas de esas jubilaciones anticipadas en realidad son forzosas porque las empresas se deshacen del personal con más edad. UGT calcula que en el 81,5% de los casos las jubilaciones anticipadas son forzosas.

A continuación van las medidas diseñadas para disminuir la cuantía de la pensión. Aquí primero la buena noticia y luego todas las malas. El Ejecutivo propone derogar definitivamente el Índice de Revalorización de Pensiones introducido por la reforma de 2013 que lo único que garantizaba su complejo sistema de cálculo es que, casi con toda seguridad, las pensiones crecieran solamente el mínimo establecido, un 0,25%. Y es que tanto el aumento del número de pensiones –que seguirá creciendo hasta que se jubilen todas las personas nacidas durante el baby boom– como el crecimiento de la pensión media debido a que las nuevas son más altas que las antiguas, garantizaba que solo subieran el mínimo.

El nuevo sistema no está claro cómo será. Al parecer se vinculara al IPC del año anterior y en el caso de que la inflación haya sido negativa en el ejercicio anterior, la pensión se mantendrá pero esa caída se compensará a lo largo de los tres años siguientes. Bajarán, pero a plazos.

En cuanto a las malas, el Gobierno plantea sustituir el factor de sostenibilidad, que reducía la pensión a medida que aumentaba la esperanza de vida, por otro mecanismo que llama de equidad intergeneracional, que viste más pero cuyo efecto es muy similar. Además de la evolución de la esperanza de vida considerarán otros indicadores complementarios que ofrezcan «una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población», como señalan en una web de pensionistas afín al Gobierno. En definitiva, si la gente vive más años, al Gobierno le parece lógico que cobren una pensión menor.

Con respecto al cálculo de las pensiones, el Ejecutivo baraja alargar el tiempo que se contabiliza para calcularlas, lo que inevitablemente provocará una caída en la cuantía de las pensiones porque los primeros años se cotiza menos, el empleo precario es una realidad desde hace ya mucho tiempo… La ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado ahora para el cálculo de la base culminará en 2022. A partir de entonces, nadie lo asegura, podría alargarse hasta los 35 años, con lo que entrarán en el cálculo más años malos que rebajarán sensiblemente el total.

Las instituciones comunitarias siempre han sido conscientes de que la reforma de las pensiones es un tema que va acompañado de una extraordinaria sensibilidad social. Por eso es tan importante que el marco del debate esté bien definido. A ese objetivo ayuda, por ejemplo, culminar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, de modo que la protección contributiva se financie con las cuotas a la Seguridad Social y las pensiones no contributivas con cargo a los presupuestos del Estado.

Una medida que da más transparencia y en principio parece inocua pero que lleva una trampa implícita: si en algún momento los ingresos del sistema no son suficientes para afrontar las pensiones contributivas tomará fuerza el discurso de la quiebra de la Seguridad Social, aunque el Estado siempre podrá abonar esas pensiones con cargo a los presupuestos públicos, como hace ahora, por ejemplo, con los ERTE, con los que llevamos más de un año… Una medida que fija el marco de discusión en torno a la viabilidad del sistema, cuando está claro que el sistema siempre es viable; solo si el Estado desaparece deja de ser viable.

Y por esa misma razón, constantemente se desliga el futuro de las pensiones de la contratación. Si el número de personas con trabajo aumenta completando las diezmadas plantillas de educación, sanidad y la administración o con programas de empleo público, o si mejora en calidad –con contratos con derechos, negociación colectiva, etc– aumentarán las cotizaciones y se alejarán esos fantasmas de quiebra del sistema de pensiones. Pero estos son temas que discuten aparte para llevar el debate por los derroteros que les interesan.

En cuanto al aumento de los ingresos, Escrivá ha propuesto adecuar la base máxima de cotización del sistema y a la vez una modificación de la pensión máxima «para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema». Es decir, que los sueldos más altos coticen más y para no perjudicarles, se les sube también la pensión máxima. Cuando todavía muchas pensiones son de miseria elevar la pensión máxima es indefendible. Un estudio de Economic Policy Institute da cuenta de cómo han variado las diferencias salariales entre empleados y directivos. Si en 1965 (la Ley General de la Seguridad Social es de 1966) la diferencia media entre lo que cobraba un director ejecutivo de una empresa y un empleado era 20 veces más; en 1989, 58 veces más; en 1995, 120 veces más y 278 veces en 2018. Una desigualdad creciente y completamente injustificable. Por eso, subir la cotización de estos desorbitados sueldos de los ejecutivos y mantener la pensión máxima sería una buena manera de poner coto a ese atraco.

Para compensar unas pensiones menguantes queda la opción de los sistemas privados de pensiones, donde se apuesta por la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos.

El ministro del ramo también apuntó algunas, pocas, mejoras como un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales y también se ha hablado de la modificación del complemento de maternidad de las pensiones mediante un nuevo diseño con el objetivo de compensar el coste que el nacimiento y el cuidado de los hijos tiene para los progenitores, fundamentalmente para las madres, de manera que se contribuya decisivamente a la reducción de la brecha de género en pensiones.