El jurista Jaime Tapia ha concedido este martes su primera entrevista desde que fue nombrado por el Gobierno de Lakua para asesorar a la consejera Beatriz Artolazabal en el modelo penitenciario, transferencia que se aplicará a partir del próximo 1 de octubre.

En los micrófonos de Radio Euskadi, Tapia ha apuntado que se enfrenta a un «reto ilusionante» que le obliga a abandonar su zona de confort. Ha apuntado que, en líneas generales, el objetivo es «profundizar en medidas que ya se estaban adoptando. Estos últimos dos años, como consecuencia de los nuevos aires que han entrado en Instituciones Penitenciarias con Ángel Luis Ortiz, se han venido aplicando nuevos impulsos. Vamos a recoger todo esto que se está haciendo bien y vamos a profundizar».

En este sentido, ha considerado importante de mejorar las «visión comunitaria, que la comunidad se dé cuenta de que los presos y las presas no son extraterrestres, son ciudadanos y ciudadanas que viven en sus barrios, en sus ciudades, que han cometido errores y cumplen unas penas, pero que tarde o temprano van a volver».

Una de las pautas principales presentadas por el Gobierno al Parlamento es el impulso del régimen de semilibertad. Al respecto, Tapia ha remarcado que «a la sociedad hay que explicarle que semilibertad no es libertad. Se siguen cumpliendo ciertas obligaciones, deberes… a veces tiene que dormir en la cárcel, pulseras telemáticas… Se consigue así un mayor índice de reinserción que dejando a una persona toda la condena dentro y que de repente salga un día de la cárcel».

Tapia ha apuntado que el objetivo es que alrededor del 40% de la población encarcelada en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cumpla su condena en este tipo de régimen, cuando «creo que ahora en el Estado se está en el 25%».

La particular situación de los presos políticos ha sido puesta sobre la mesa. Tapia ha remarcado que «todos los presos y presas son iguales ante la ley», si bien «en el caso de personas condenadas por delitos terroristas se piden unos requisitos, una condiciones. Las sentencias también piden a veces unas condiciones. Todo eso se examinará y se abordará según el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley».

Progresiones de grado

Respecto a las progresiones de grado, ha recordado que es la Junta de Tratamiento de cada cárcel la que hace propuestas, que luego las autoridades generalmente suelen aceptar. Todo ello con supervisión judicial. «A partir de ahí cada persona tiene que seguir un programa para permisos, progresión de grado, y cada seis meses se hace una revisión».

Esos programas, permisos, declaraciones, reconocimientos… son voluntarios, si bien ha puntualizado que ayudan a obtener pronósticos más favorables.

Tapia ha destacado la importancia de trabajar con la reinserción como objetivo, ya que si se tiene éxito «entre todos vamos a conseguir que esas personas, cuando salgan, tengan un trabajo, una actividad, y reincidan menos. Y eso es beneficioso para todos».