Emilge ha vivido durante los últimos tres años en un piso ocupado situado en la Avenida de Olarizu. Este martes ha recogido sus enseres y ha abandonado el barrio bajo la atenta mirada de los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local, que han acudido a primera hora para desalojar los inmuebles.

«Gracias a Dios al menos estuvo bajo techo», ha indicado en declaraciones a los medios esta mujer colombiana, que llegó a Gasteiz hace ya 22 años. Los últimos siete los ha pasado esperando una llamada por parte de Etxebide, con la esperanza de poder optar a una vivienda social en la que vivir junto a su madre.

Ahora parece que las instituciones le han dado una respuesta, y sonríe al señalar que desde el Ayuntamiento le han ofrecido una alternativa habitacional.

Pero no todas las personas que han vivido hasta ahora en la Avenida de Olarizu han corrido la misma suerte. Algunos han cogido sus cosas y se han trasladado a una nave industrial abandonada, situada a menos de un kilómetro.

(Una persona abandona las viviendas ocupadas. Endika PORTILLO/FOKU)

«La okupación no es una alternativa»

El alcalde, Gorka Urtaran, ha señalado que «la vulnerabilidad ha sido analizada al detalle». «El resto tendrá que saber que hay unas obligaciones y unos derechos», ha apuntado antes de insistir en que «la ocupación no es una alternativa en Vitoria-Gasteiz».

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, ha anunciado que las labores previas al derribo de los inmuebles comenzarán este mismo martes, y ha avanzado que en el lugar se construirán viviendas libres y de protección oficial, todas ellas destinas a ser adquiridas en propiedad.

«La idea no es el aquiler social», ha añadido, y ha señalado que el Consistorio tiene que «recuperar parte de la inversión», en alusión al plan urbanístico diseñado para esta parte de la ciudad.

Una operación urbanística que «incumple» la Ley de Vivienda

En este sentido, el grupo municipal de EH Bildu ha insistido en que tras este desalojo se esconde una operación urbanística que «incumple» le Ley de Vivienda.

«Urtaran prevé la construcción de 356 viviendas en régimen de vivienda libre y antepone los intereses y el beneficio de las empresas constructoras a las necesidades de las más de 9.000 personas demandantes de alquiler protegido en Gasteiz», ha denunciado el portavoz soberanista, Félix González.

Este ha recordado que «la primera opción debe ser siempre la rehabilitación de las viviendas y la puesta a disposición de estas para alquiler social. Si esta opción se determinara imposible y hubiera que derribar las viviendas existentes, el objetivo de la nueva construcción debiera estar orientado a satisfacer la creciente demanda de alquiler en Gasteiz, por encima de otra serie de intereses partidistas y económicos».

Sobre las personas afectadas por el desalojo, González ha censurado que el Gobierno local «habla de okupas, de ilegales... pero obvia que, por encima de todo, son personas, personas con derechos y obligaciones, personas en grave situación de pobreza o vulnerabilidad social».

«Este Ayuntamiento debe abordar dichas situaciones y ofrecer una alternativa habitacional así como poner los recursos sociales a disposición de estas personas», ha añadido.