La mayoría del Congreso español ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que permita, dentro del marco de la nueva Ley de Secretos Oficiales, que se puedan desclasificar documentos sonoros, escritos o vídeos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El Pleno del Congreso ha aprobado por 191 votos a favor, 152 en contra y una abstención una proposición no de Ley que han presentado las fuerzas sobernaistas y acordada con PSOE y Unidas Podemos.

La iniciativa insta a promover los cambios legislativos en la ley de Secretos Oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al intento de golpe de Estado del 23F, de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación.

La proposición no de Ley ha sido apoyada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCAT, PDeCAT, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís, aunque las fuerzas soberanistas han coincidido en la necesidad de que la sociedad conozca no solo esos documentos clasificados sino también los que afectan actualmente a Juan Carlos de Borbón.

El texto de la proposición no de ley de ERC señala que pasados 40 años ya no hay justificación alguna para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado Español y que aporte «luz y taquígrafos» a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el intento de golpe de Estado del 23F.

«Resulta bochornoso conocer a través de países extranjeros y sus servicios de inteligencia hechos trascendentes que son secretos en España», incide ERC en la exposición de motivos de su proposición en la que pide conocer todos los nombres de los militares implicados en la intentona, «no solo los cabezas de turco condenados, la trama civil directa e indirecta del golpe», sino también «los contactos con partidos que aceptaban un gobierno de concentración como mal menor, dispuestos a colaborar en él».

El pasado marzo el Congreso rechazó pedir la desclasificación de documentos sobre la muerte de Mikel Zabalza. En aquel caso, el PSOE se desmarcó de la propuesta.

Hace un año, tras la revelación del informe de la CIA que atribuye a Felipe González la creación de los GAL, la Cámara aprobó la toma en consideración de una proposición de ley que tiene por objeto modificar la Ley de Secretos Oficiales.