La Síndica de Gasteiz, Leire Zugazua, ha denunciado este jueves la «discriminación de acceso a la vivienda» y ha hecho hincapié en el «papel fundamental» que debe adoptar el Ayuntamiento a la hora de habilitar viviendas municipales y disponer de un parque viviendas.

Zugazua ha presentado este jueves ante el Pleno municipal el informe anual de su oficina, que recoge los 310 asuntos que trató durante el pasado año, «un número bastante superior a ejercicios anteriores», con un incremento del 34 % respecto al 2019 al contener 238 asuntos nuevos entre los expedientes de queja (el 77,7 % del total), cuatro expedientes de oficio y 49 consultas derivadas del confinamiento.

Respecto a los inmuebles ocupados en la Avenida Olarizu, cuya demolición ha comenzado este jueves, ha señalado que, pese a que «la okupación no es la solución», ha puesto sobre la mesa que muchas «personas no tienen capacidad para acceder a una vivienda».

Sobre su petición al Ayuntamiento para que restableciera el servicio de luz y agua a las personas que vivían en las viviendas ocupadas, ha aseverado que «no abogaba para que vivieran allí» sino por «garantizar la vida de sus residentes».

Y ha advertido de que su posición ha sido objeto de críticas en redes sociales, donde algunas personas han llegado a pedir su dimisión. En este sentido, ha remarcado que su trabajo se basa en proteger los derechos humanos de todos los y las gasteiztarras.

Santo Domingo y el BEI

También ha reclamado la necesidad de habilitar ayudas a la rehabilitación de viviendas que llevan ya tres años sin convocarse. Ha alertado de que las casas de la calle Santo Domingo «se van a caer» y ha pedido coordinación entre los departamentos de Políticas Sociales e Urbanismo para ofrecer una solución a los vecinos afectados.

La Defensora Vecinal se ha pronunciado sobre «el clamor ciudadano» en contra del Bus Eléctrico Inteligente (BEI), un proyecto al que a su juicio «le falta coherencia» en sus actuaciones. Ha dicho no entender que no se aproveche la obra para mejorar las aceras y los cruces y ha dudado de la legalidad de la nueva señalización.

Las bicicletas copan muchas de las quejas sobre movilidad por lo que ha demandado «facilitar que salgan de las aceras» a través de una nueva ordenanza municipal.

Multas e «indefensión»

El capítulo de las multas ha sido otro de los temas referidos por Zugazua, quien ha expuesto que muchas personas no pueden afrontar los pagos por incumplir el estado de alarma y ha solicitado que se puedan fraccionar, teniendo en cuenta la cuantía del pronto pago.

En este sentido, ha manifestado «la indefensión» de los ciudadanos a los que el Ayuntamiento «no responde a lo que se le solicita» en sus alegaciones, las cuales se desestiman de oficio.

Por otra parte, ha criticado embargos llevados a cabo por la administración a personas mayores «con una paupérrima pensión» y a familias sin recursos económicos que «atentan contra la dignidad de las personas» y «ahondan su vulnerabilidad».