Son 134 reclamaciones individuales que se han tramitado a través del despacho de abogados Hispajuris-Sunion y de ellas 118 corresponden a asociados de Hostelería Gipuzkoa. No obstante, el total de las interpuestas en este territorio pueden oscilar entre las 160-180, ya que no todas se han canalizado por la misma vía. Las iniciativas se refieren al primer estado de alarma decretado por el Gobierno español, que se extendió del 14 de marzo al 18 de junio de 2020.

Estos datos los ha facilitado este viernes el secretario general de Hostelería Gipuzkoa, Kino Martínez, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a Iñigo Marcos, gerente del despacho asesor, y David Vega, propietario del bar restaurante Baluarte de Donostia, que ha intervenido en nombre de los reclamantes.

El montante de la reclamación media es de 128.912 euros, aunque hay cifras muy dispares, que oscilan entre los 3.000 euros y el millón (caso de algún hotel).

El 60% de los establecimientos son de la capital guipuzcoana y el resto se reparte por municipios del herrialde.

Uno de los argumentos en los que basan su petición es que la ley que regula el estado de alarma establece el derecho que tienen a recibir una indemnización quienes se hayan visto perjudicados por esa medida excepcional, ha explicado Marcos.

Las demandas las han presentado individualmente ante la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Hacienda, perteneciente al Ministerio que dirige María Jesús Montero, que cuenta con un plazo de seis meses para resolver los recursos.

Los reclamantes prevén dos posibles respuestas: la del pronunciamiento expreso o la del silencio administrativo. Ésta última implica de facto el rechazo del recurso, mientras que en el primer caso puede ser en contra o a favor total o parcialmente.

Si las reclamaciones no prosperan, pueden apelar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, un proceso que, según ha reconocido Marcos, se puede prolongar años, más teniendo en cuenta de que el TS tendría que hacer frente a miles de recursos, ya que están presentando demandas patrimoniales hosteleros de todo el Estado español.

«Falta de subvenciones»

David Vega ha manifestado que han seguido este procedimiento «por pura desesperación» ante la falta de subvenciones importantes para el sector, pues ha dicho que éstas no han superado los 4.000 euros y los ERTE, «que han sido de gran ayuda», están enfocados al mantenimiento del empleo.

Han dicho que no saben «nada» aún de las subvenciones que ha repartido la Administración española entre las comunidades autónomas para el sector.

Martínez ha precisado que ocho comunidades ya tienen establecida su línea de ayudas, pero que de las que tiene que distribuir la CAV no conocen «gran cosa».