La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, ha tendido la mano, en nombre del Ayuntamiento, tanto a la Diputación de Gipuzkoa como al Ejecutivo de Gasteiz, para «trabajar y acordar una solución» sobre Corrugados, siempre que esta respete la legalidad vigente.

Alkorta ha comparecido este martes ante la Comisión de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de las Juntas Generales para informar de las gestiones realizadas en los últimos meses en torno a la planta de Corrugados y a la negativa del Grupo CL a retomar su actividad.

En su intervención, ha señalado que Azpeitia, la comarca de Urola y Gipuzkoa «tienen un lugar para la siderurgia». «Tienen un lugar, no solo porque se aprobó expresamente un plan territorial, sino porque cuatro años después, el Ayuntamiento, con los votos a favor de PNV y EH Bildu, en el plan general de ordenación urbanística estableció situar en Trukutxo el lugar para la instalación de esta actividad, para sacar y reubicar esta actividad del núcleo urbano», ha remarcado.

En este sentido, ha criticado el «circo mediático» en torno a esta cuestión y las «expectativas falsas» que se habían creado sobre el proyecto; y ha llamado a «poner al pueblo en el centro», al tiempo que ha insistido que mientras EH Bildu esté en el Gobierno municipal los intereses de los ciudadanos de Azpeitia serán la prioridad.

Por ello, ha tendido la mano en nombre del Ayuntamiento, tanto a la Diputación como a Lakua, para «trabajar y acordar una solución que respete la legalidad vigente».

Críticas del PNV

Por su parte, el diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, Jabier Larrañaga, ha acusado al Consistorio de «desperdiciar una oportunidad única para la creación de empleo y el impulso de la actividad industrial en Azpeitia, en la comarca de Urola Kosta y en Gipuzkoa, además de suponer un perjuicio a la reputación del territorio».

El jeltzale ha destacado que, desde que el Grupo CL expresara su interés por retomar la actividad en su ubicación actual, el Ayuntamiento «decidió premeditadamente bloquear sistemáticamente esta opción, por lo que la responsabilidad de los cientos de puestos de trabajo no creados y de la actividad económica perdida es única y exclusivamente suya».

«Desde el principio tendimos la mano para facilitar el proceso, a nivel institucional y técnico. Lamentablemente, no fue posible ni siquiera iniciar ese proceso. El primer requisito era la voluntad política de trabajar de forma compartida de todos los actores implicados, pero el Ayuntamiento descartó desde el primer momento la única opción viable a corto plazo, que era la reapertura de la empresa en sus anteriores instalaciones. Y lo hizo en base a una decisión política, no técnica», ha apuntado.

A este respecto, conviene recordar que el pasado mes de mayo la primer edil soberanista alertó de que en realidad se trata de «un proyecto que nunca ha existido». «No ha existido ningún proyecto, ni un plan de viabilidad económica con respecto a esa actividad», manifestó, en línea con lo señalado por la mayoría sindical, que han censurado la actitud del Gabinete de Iñigo Urkullu.

«Guerra política»

Por su parte, el juntero del PSE Alberto Albistegui se ha mostrado convencido de que hay un «resquicio» para impulsar el proyecto de Corrugados y ha pedido a las instituciones que retomen de nuevo las negociaciones con el Grupo CL para reabrir la planta en Azpeitia. Además, ha reclamado a los partidos políticos que esta cuestión no se convierta en una «guerra política» ya que, perder esta inversión sería, además de una «mala noticia, imperdonable, una oportunidad perdida».

El portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha advertido de que «lo que tenemos sobre la mesa es una gran batalla política entre dos formas de entender el desarrollo político y económico de la sociedad, Bildu y PNV, con el factor añadido de que estamos a dos años de las elecciones forales y municipales».