«Estamos hablando de una renuncia de un proyecto que nunca ha existido. La realidad y lo que se ha expuesto en los medios de comunicación no se corresponden», aseguró ayer la alcaldesa de Azpeitia tras hacerse público que la empresa que había anunciado su intención de reabrir la fábrica de Corrugados se echaba atrás. Según Alkorta, la última reunión sobre este asunto tuvo lugar el 31 de marzo y duró media hora. Además, insistió en que no se puede echar la culpa al Ayuntamiento, porque no se trata de una cuestión «de voluntad», sino que existe un problema legal, porque la zona donde está la fábrica abandonada ahora residencial.

La fábrica de Corrugados de Azpeitia cerró hace ocho años, cuando daba trabajo a 300 obreros que trataron de defender sus puestos de trabajo con una huelga que se alargó siete meses. El Grupo Gallardo Balboa, anterior propietario de la planta, fue adquirido el año pasado por el Grupo CL, que en febrero lanzó la noticia de que valoraba reemprender la actividad en la fábrica abandonada.

Según comentaron a Efe ayer en Extremadura desde la compañía propietaria, el proyecto de reabrir la siderúrgica era «muy serio» e implicaba «la inversión de 50 millones de euros (30 para maquinaria y 20 más para materias primas)». El Grupo CL sostiene que hubiera generado 200 puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos.

Frente a la opción de una planta alejada de la localidad en la zona de Trukutxo, que sí está habilitada para acoger una industria de estas características, el Grupo CL defendía volver a poner en marcha las viejas instalaciones de Gallardo. Aseguraba que era capaz de hacerla funcionar en seis meses y que estaría operativa al máximo en dos años. La alternativa de una planta nueva en Trukutxo suponía un retraso de cuatro o seis años y un mayor desembolso.

«Nunca ha habido proyecto, y eso lo saben todos los partidos políticos», recalcó Alkorta. «Decir que vas a crear 800 puestos de trabajo en un folio no es tener un proyecto. No hay plan de viabilidad, no hay plan de negocio», añadió la alcaldesa.

El anuncio de la renuncia por parte de la siderúrgica fue seguido de críticas muy duras hacia el Consistorio desde la Diputación de Gipuzkoa. «Desde el principio, la Diputación y el Gobierno Vasco le hemos tendido la mano [a la empresa] para que el proyecto saliera adelante. Hemos insistido en que estábamos a tiempo y que la apertura era factible, si el Ayuntamiento rectificaba y demostraba voluntad política», aseguró ayer el diputado de Promoción Económica de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga.

El diputado aseguró que «nos hubiera gustado que el Ayuntamiento hubiera estado a la altura, pero desgraciadamente ahora solo nos queda lamentarnos y que cada cual asuma sus responsabilidades»,

La propia consejera Arantxa Tapia había defendido la viabilidad del proyecto en una entrevista este domingo, en la que sostenía que era posible la reapertura de las viejas instalaciones siempre que se ejecutaran «las inversiones necesarias» para corregir el impacto ambiental. Tapia sí reconocía que la planta, tal y como está, «no cumple» con los mínimos legales.

Pero el problema fundamental no es el impacto en emisiones, pese a que esto sí había activado a plataformas vecinales contrarias por miedo a la toxicidad de los hornos, sino el urbanismo. El nuevo planeamiento de la localidad «dice claramente que el uso permitido en esta zona es el residencial», remarcaba ayer la alcaldesa en una entrevista radiofónica.

Una modificación unánime

Una vez la planta se cerró, los grupos municipales de EH Bildu y PNV decidieron cambiar los usos del terreno. Lógicamente, una de las medidas que adoptaron fue sacar los altos hornos, como los que se utilizaban en esa fábrica, fuera del caso urbano, a Trukutxo.

La actividad que pretendía volver a emprender el Grupo CL es «actividad clasificada», lo que implica que puede ser nociva para las personas. Por esto requiere de una Autorización de Impacto Ambiental. Y esta actividad choca, además, con el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia.

Según explicó Alkorta, volver a implantar una actividad así en una zona que ha sido declarada como residencial en el Plan General excede las capacidades del Ayuntamiento, por lo que las críticas que se le están lanzando son injustificadas.

Además, según la alcaldesa, todos los agentes implicados han mantenido «una única reunión, que duró media hora», por lo que sostuvo en que «lo que no se puede decir es que el proyecto no ha salido adelante porque el Ayuntamiento de Azpeitia no lo ha querido».