Tras una pancarta con el lema ‘Recuperando nuestro patrimonio. Gure ondarea berreskuratzen’, medio centenar de personas han seguido así en Navarra la convocatoria de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica en 16 puntos simbólicos de ciudades del Estado español.

Allí han leído un comunicado en el que valoran que la publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 ha sido «un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles por parte de la Iglesia católica en virtud de un privilegio franquista».

Sin embargo, lamentan que esa publicación no afecte a las inmatriculaciones realizadas entre 1946, fecha de modificación de la Ley Hipotecaria, que habilita este procedimiento, y 1998, más numerosas que las posteriores a esa última fecha; que la «escasísima información» de los listados impidan identificar los bienes inmatriculados; y que no consignen la cantidad y calidad de bienes inmatriculados como edificios anexos y dependientes, como la Giralda de Sevilla o el Micalet de Valencia.

Además, advierten de que todo ello «contradice los compromisos asumidos por el Gobierno» dado que los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como el programa del gobierno de coalición incorporaban «compromisos explícitos para la recuperación del patrimonio inmatriculado».

Por ello, han insistido en reivindicar la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 «por inconstitucionalidad sobrevenida», así como «una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro».

Con todo ello, anuncian que las asociaciones que integran la coordinadora estatal Recuperando seguirán trabajando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica.

«Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro», han zanjado.