En una rueda de prensa ofrecida este martes por la mañana en el Colegio de Abogados de Bizkaia, el Foro Social ha expuesto sus siete objetivos para la segunda fase del proceso de reintegración de los presos. Fase que, tal y como ha destacado, «comienza con las mayorías y consensos necesarios para avanzar».

La portavoz del Foro Social, Nekane Altzelai, ha recordado el balance «positivo» que han hecho de la primera fase del cambio de política penitenciaria: «Algunos de los objetivos marcados para la primera fase se están cumpliendo de manera razonablemente satisfactoria, los aspectos más sangrantes de la excepcionalidad penitenciaria (aislamiento, primer grado, alejamiento y dispersión) están cerca de superarse y la transferencia en materia penitenciaria está firmada».

Asimismo, ha subrayado que el objetivo de la sociedad vasca «sigue siendo que todas las personas presas por delitos de motivación política estén en las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, en los casos que corresponda en tercer grado y aplicándoseles la acumulación de penas cumplidas en el Estado francés y, sobre todo, participando activamente en un itinerario de reintegración que aporte a la construcción de la convivencia democrática».

Altzelai ha señalado que el curso 2021-2022 deberá permitir afrontar esa segunda fase desde una situación «completamente diferente» a la de hace solo 22 meses, cuando se produjeron los primeros acercamientos con el Gobierno de Sánchez.

Siete objetivos

Por su parte, Nazario Oleaga ha explicado los siete objetivos del Foro Social para la nueva fase. Espera que, «en un plazo razonable», se supere la «actual etapa transitoria» y se avance hacia el escenario de cumplimiento de las penas por parte de todas las personas presas por delitos de motivación política en las cárceles de Euskal Herria.

Asimismo, espera la progresión a tercer grado de las 119 personas que ya han cumplido la mitad de la condena y reúnen los requisitos objetivos necesarios, «superando el tapón existente actualmente en el segundo grado».

También ve necesario el acceso a los permisos ordinarios de salida de otras 34 personas más que ya han cumplido al menos 1⁄4 de la condena y reúnen los requisitos objetivos necesarios el disfrute de los mismos.

El Foro Social también señala la necesidad de definir «un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes (incluidas las personas presas), permita el acompañamiento a estas en su itinerario individual de reintegración, tanto en el camino de acceso a libertad condicional como en la posterior reintegración social».

Añade que este itinerario deberá reunir las «garantías suficientes» de que los pasos dados tendrán recorrido y serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias y las autoridades competentes, «poniendo los recursos y las políticas coherentes necesarias».

Quiere que en esta segunda fase se afronte «de manera urgente» el aspecto aún pendiente de la primera, referente a la acumulación de penas cumplidas en el Estado francés.

Como séptimo objetivo, ha apuntado la necesidad de afrontar una solución adecuada y acorde con el nuevo tiempo político a la cuestión de las personas condenadas con aplicación de la ley 7/2003 de la política penitenciaria. «Una cuestión no exenta de complejidad, donde se deberán seguir los estándares internacionales empleados en la resolución de conflictos, orientando todos los esfuerzos a dar una solución permanente al problema y a la consolidación de la paz y las garantías de no repetición, tratando de ser innovadores y erradicar una legislación que nació como consecuencia de una estrategia antiterrorista ya innecesaria, bajo la lógica del endurecimiento de penas», ha explicado Oleaga.

Mayorías y consensos transversales

De cara a esta segunda fase, el Foro Social entiende que existen las mayorías y consensos transversales institucionales, políticos, sindicales y sociales suficientes «para que estas cuestiones entren en una fase integral y definitiva de resolución».

«Después de largos años de desconfianzas cruzadas, hoy se están generando las condiciones de confianza necesarias entre los diferentes actores para seguir avanzando con garantías», ha señalado Agus Hernán.

Aún así, ha alertado de los peligros y obstáculos que pueden surgir antes de encarar una solución definitiva en esta materia. «El lobby, pese a que hoy no condiciona el cambio de la política penitenciaria, sí tiene espacios en los que su agenda anti-resolución pesa mucho e intentará condicionar esta segunda fase hasta límites insospechados», ha comentado.