El tribunal de la Audiencia Nacional española presidido por Ángela Murillo desestimó ayer todas las peticiones formuladas por la defensa de los inculpados en el sumario 13/13 que denunciaban la indefensión de sus patrocinados durante las cuestiones previas en la vista que comenzó ayer. Se trata de cuestiones relacionadas con derechos fundamentales que fueron rechazadas tras un receso de alrededor de una hora.

Las alegaciones de los abogados hacían referencia a denuncias que ya se habían formulado previamente, como el concepto jurídico de «non bis idem», por el que una misma persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo motivo. En este sumario hay cuatro personas (Julen Zelarain, Arantza Zulueta, Jon Enparantza y Naia Zuriarrain) que ya han sido condenadas por «integración en organización terrorista», delito por el que se les vuelve a juzgar ahora en la Audiencia Nacional española.

Jone Goirizelaia, abogada de Zuriarrain, recordó que su patrocinada cumplió condena en prisión siendo clasificada como FIES mientras estuvo encarcelada. La misma clasificación tuvieron también Jon Enparantza y Arantza Zulueta, según subrayó su letrado, Alfontso Zenon.

Zenon presentó hasta seis cuestiones previas, entre las que reclamó la recusación del tribunal por haber participado en el juicio contra Gestoras/Askatasuna, que analizó el llamado «frente de makos» y el papel de los abogados en relación a los presos. Una cuestión que centra este nuevo sumario, donde sustituyen al «frente de makos» por la organización Halboka.

Zenon puso también sobre la mesa la intervención del CNI en la puesta en marcha de la instrucción de este sumario, destacando que supone una indefensión para sus patrocinados ya que se hizo sin control jurisdiccional. Además, señaló que los registros se practicaron sin la presencia de los acusados ni de su representación legal. También cuestionó la identificación de David Pla como una persona que se reunió con Enparantza. Este encuentro es una de las bases de la acusación contra el abogado donostiarra, a pesar de que ha quedado acreditado que no se pudo reunir con Pla porque este se encontraba en prisión en aquel momento.

Aiert Larrarte recurrió a la falta de tutela judicial efectiva por la intervención del CNI sin cobertura legal ni control jurisdiccional en el caso de Iker Sarriegi. Es decir, que el organismo de inteligencia actuó sin control judicial interceptando comunicaciones que posteriormente fueron empleadas por la Guardia Civil. En el caso de Zelarain también reclamó el principio de «non bis idem», según el cual no se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa.

El fiscal José Perals se opuso a la consideración de este principio, justificándolo en que los cuatro acusados «interrumpieron su actividad en la organización terrorista» mientras estuvieron encarcelados. Es decir, según la versión del fiscal, cometieron un delito, fueron encarcelados por ello y al salir de prisión volvieron a cometer otro delito casi idéntico al anterior, pero que no puede ser considerado el mismo. Todo ello tras calificar de «estrategia jurídica» las alegaciones de las defensas y pese a que los informes policiales señalan que nunca abandonaron tal condición, como le recordó Goirizelaia.

El tribunal presidido por Murillo rechazó las peticiones de las defensas relacionadas directamente con derechos fundamentales e hizo lo propio también con otras vinculadas al procedimiento.

De este modo, las defensas pidieron que la vista no se retransmita por YouTube para impedir que los testigos citados para las próximas sesiones puedan tener acceso a las manifestaciones que se hagan previamente en la sala debido a que podría provocar indefensión en sus patrocinados.

Perals se opuso a ello, citando jurisprudencia del Supremo, y Murillo rechazó la demanda de las defensas. Y lo hizo hasta el punto de negarse a que se recordara expresamente a los testigos citados la imposibilidad de acceder a la retransmisión de la vista y de mantener contacto entre sí.

El rechazo a las demandas de la defensa llegó también hasta la petición de que se permita a Naia Zuriarrain y Saioa Agirre no tener que acudir a todas las sesiones del juicio, ya que tienen menores a su cargo. Murillo no consideró suficiente esta circunstancia y ambas tendrán que asistir a todas las sesiones que se celebren en las dependencias que la Audiencia Nacional española tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Juan Mari Jauregi no acudió a la vista de ayer por motivos de salud.

El tribunal también rechazó la petición de que los agentes de la Guardia Civil que comparezcan como testigos lo hagan sin una protección especial, al considerar que «aunque sea cierto o no que ETA ha desaparecido, pueden existir acciones derivadas que pongan en riesgo en problemas su labor en ciertas partes de España». También Perals recurrió al argumento de «evitar represalias» para justificar que los agentes declaren como testigos protegidos.

De este modo, la vista continuará en principio hoy a las 10.00 con la toma de declaración de los acusados, comenzando por Arantza Zulueta.

Todo ello dependiendo de los efectos que provoque la vacuna contra el coronavirus en una de las integrantes del tribunal, a la que iban a vacunar en las próximas horas. Según explicó Murillo, en el caso de que surjan complicaciones por la vacuna suministrada a su compañera de tribunal, se suspenderá la sesión prevista para hoy y se retomará la vista con la declaración de Zulueta mañana miércoles.

La defensa planteaba agrupar las declaraciones de los encausados en las sesiones convocadas para el martes y el miércoles, anulando la sesión del jueves. De este modo, podrían regresar a Euskal Herria un día antes. Tras las sesiones de esta semana, la vista no se retomará hasta el 26 de julio.

Esta demanda fue rechazada con el mencionado argumento de los hipotéticos efectos secundarios que la vacuna podría causar a una de las juezas. La jornada de ayer se dedicó en exclusiva al análisis de las cuestiones previas.

El inicio de la vista supuso también la confirmación de que no se ha alcanzado un acuerdo entre las partes que evitara el juicio y se basara en una conformidad de las penas, como ha sucedido en anteriores causas.

Sin acuerdo

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el acuerdo no fue posible porque las acusaciones particulares en nombre de colectivos de víctimas no han estado dispuestas a esta medida. Sin embargo, desde la otra parte se señala que el Ministerio Público no ha tenido receptividad alguna hacia esta posibilidad hasta el punto de que fue imposible siquiera concertar una reunión para negociar la cuestión antes de que comenzara la vista.

Los encausados en el sumario 13/13 fueron ayer apoyados por una representación de electos de EH Bildu, entre los que se encontraban la diputada Mertxe Aizpurua, el senador Gorka Elejabarrieta, los parlamentarios en Gasteiz Julen Arsuaga y Jasone Agirre, junto co el portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre.
 
Zelarain: «Un juicio fuera de lugar»

En declaraciones realizadas a los medios antes del comienzo de la vista a las puertas de la Audiencia Nacional, en nombre de los procesados, Julen Zelarain destacó que «este juicio está fuera de lugar».

En este sentido, recordó que la mayoría social, política y sindical de Euskal Herria defiende que ha pasado el tiempo de los juicios políticos. «No es el momento para estos juicios, no se puede hablar de construir nuevos espacios o de buscar espacios de convivencia y volver a traer de nuevo escenarios que considerábamos que estaban superados. Ese no es el camino», declaró Zelarain.

«Ni las medidas de excepción, ni los tribunales de excepción ni los juicios de excepción aportan absolutamente nada a la construcción de ese nuevo escenario», añadió Zelarain, quien recordó que en esta causa hay numerosas irregularidades como las denuncias de tortura, la no desclasificación de documentos del CNI que están en la base de la acusación o que cuatro enjuiciados hayan sido ya condenados por causas similares, atentando contra un principio básico en derecho.

En una línea similar, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, que formaba parte de la delegación de esta formación que acudió al juicio, destacó que el inicio de este proceso se dio hace once años, «cuando numerosos agentes estábamos trabajando para conseguir un nuevo escenario político».

Arzuaga destacó que en esa época se perseguía cualquier movimiento político, cultural social o medio de comunicación que aportara en esa dirección, y subrayó que en Euskal Herria la situación ha cambiado en estos últimos once años.

«Si este tipo de macroprocesos estaban fuera de lugar entonces, ¿qué podemos decir de este sumario que empieza ahora a juzgarse? Es completamente inaceptable», añadió Arzuaga, quien también subrayó que la mayoría de la sociedad vasca reclama que este juicio se suspenda.

«Hay algunos estamentos del Estado que no quieren entender esta nueva realidad y siguen trayendo recetas de venganza, represión y sufrimiento contra familias vascas», destacó el parlamentario de EH Bildu, subrayando que estas medidas se han dirigido contra ciertas personas por «su actividad política y social de construcción nacional, que es legal y legítima».