Marcel Pena

Etxerat pide zanjar la excepcionalidad: «No podemos esperar otros 30 años a la ley ordinaria»

A pesar de cumplir con los requisitos, 32 presos vascos han visto cómo en 2021 se les ha negado la obtención de las medidas penitenciarias que les corresponden. Así lo ha denunciado Etxerat, que ha destacado que la Audiencia Nacional sigue poniendo obstáculos en el camino a la reintegración.

Nekane Basauri en el acto de Etxerat, junto a los otros 31 familiares de presos vascos. (FOKU)
Nekane Basauri en el acto de Etxerat, junto a los otros 31 familiares de presos vascos. (FOKU)

Etxerat ha reclamado este jueves acabar definitivamente con la excepcionalidad que se aplica a los presos y presas vascos. Unas medidas penitenciarias y jurídicas –permisos, terceros grados, redenciones, libertades condicionales...– que en el caso de los presos vascos todavía no se aplican a pesar de que buena parte de ellos cumplen los requisitos.

En una comparecencia en Bilbo, un total de 32 familiares de presos y presas se han reunido para explicar que, en lo que va de año, «han visto hasta el momento obstaculizado en la Audiencia Nacional su camino para la obtención de redenciones, permisos ordinarios de salida y terceros grados». Una situación de excepción que, según han denunciado, sigue vigente y también afecta a los familiares, y sobre la cual también ha alertado recientemente un informe de Behatokia.

Nekane Basauri y Txusa Etxandia, esposa y madre de los presos Joseba Arregi y Egoitz Coto, respectivamente, han leído un comunicado en el que se destaca que en los próximos días no va a quedar ni un solo preso político en las cárceles de Andalucía, así como ninguno en primer grado. A pesar de que ello propicia una mejora de su situación y la de sus familiares presos, han recalcado que «no se aprecia sin embargo, de momento, por parte del Estado español, voluntad política para afrontar de una vez la desactivación de una forma de hacer, para acabar con las inercias del pasado y tomar la decisión de poner fin al resto de medidas ad hoc que impiden a nuestros familiares recorrer el camino hacía una vida en libertad».

Sobre la dispersión, han subrayado que «han tenido que transcurrir más de tres décadas para que se ponga fin al al alejamiento sistemático y generalizado de las y los presos», el mismo tiempo que les ha costado «que vayan siendo devueltos al régimen ordinario». En cambio, han querido dejar claro que no pueden esperar otras tres décadas para su reintegración. «No podemos estar otros 30 años esperando a que les aplique la ley ordinaria. Por eso, los familiares, al igual que lo requiere la mayoría de la sociedad vasca, proponemos que se desbloquee de una vez todo aquello que impide que los presos realicen su recorrido», han reclamado, a la vez que han pedido que no se condene a la sociedad vasca «al eterno retraso en la construcción de la convivencia».

Situación actual

Así, sobre la actual situación penitenciaria del colectivo de presos políticos, las representantes de Etxerat han detallado que 126 familiares que se encuentran en penales de la periferia de Euskal Herria «deberían estar en cárceles vascas», mientras que la mayoría de los 60 presos que sí se encuentran en prisiones vascas «reúne los requisitos para el tercer grado». Además, hay 19 presos y presas con enfermedades graves y nueve de más de 70 años. Tres de estos últimos con tiempo de reclusión que supera los 30 años, por lo que «deben quedar en libertad».

Asimismo, han recordado que «del total de 207 integrantes del colectivo de presos políticos, en 2022 un total de 60 habrán cumplido tres cuartas partes de sus condenas», y a más de 50 no se les ha computado el tiempo de condena cumplida en el Estado francés tras ser entregados al Estado español, como establece la directriz europea.

En cuanto a los 32 presos a los que este año les han negado mejoras penitenciarias, 21 de ellos contaban con propuestas de paso a tercer grado y de permisos ordinarios de salida realizados por las Juntas de Tratamiento de sus prisiones, que, sin embargo, «han sido impugnadas o han recibido informes contrarios por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional». En 2021, también se han dado nueve casos de denegaciones de redenciones extraordinarias a presos en situaciones favorables para que sus peticiones de permiso fueran atendidas. Finalmente, existen los casos de otros dos presos vascos con expedientes en marcha, «sin que de momento se conozca el posicionamiento del Ministerio Fiscal o del juez Central de Vigilancia Penitenciaria».

Por todo ello, y como «afectados» de la situación que a los presos y presas les toca padecer en primera persona, los familiares consideran que «no se puede seguir levantando un obstáculo tras otro para tratar de impedir el derecho a la pronta reintegración de los presos», y han denunciado que el Estado español y la Audiencia Nacional continúan «en un tiempo ya superado». «Las y los presos vascos hace tiempo que iniciaron su recorrido jurídico y buena parte de ellos cumplen los requisitos para poder acceder al tercer grado, a permisos ordinarios y a salir en libertad. El siguiente destino, ¡a casa!», han reclamado.