La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha dado cuenta esta martes de la aprobación por el Gobierno de Lakua de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que, según ha explicado, tiene «un doble fin: por un lado, promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; y por otro, fomentar principios y valores éticos y democráticos».

Durante la presentación, la consejera ha expuesto que el proyecto aprobado «mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro de Euskadi. Un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición. Y la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición son patrimonio democrático de todos y todas».

El proyecto de ley se fundamenta, según ha afirmado Beatriz Artolazabal, «en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres». Por ello, incluye «una perspectiva de género».

Régimen sancionador

El proyecto remitido al Parlamento incluye un régimen sancionador en el que se establecen infracciones muy graves, graves y leves y sus correspondientes sanciones, que según ha comunicado el Gobierno se traducen en multas que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en el caso de las infracciones muy graves; de 2.000 hasta 10.000 euros para las infracciones graves y de 200 a 2.000 euros para las infracciones leves.

En el proyecto de ley se describen como infracciones muy graves, por ejemplo, «la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad».

Y entre las infracciones graves destacan las relativas a «manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura».

Artolazabal ha hecho un llamamiento al «acuerdo y el consenso» durante el trámite parlamentario para la aprobación de la ley, que no comenzará hasta finales de otoño, y ha reivindicado que «la memoria no puede ni deber ser instrumento de división y de confrontación; la memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos y todas».