El pasado 30 de julio EH Bildu alertó de una doble adjudicación a 97 S&F Consultans, una de las firmas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por manipular licitaciones públicas. La consultora debe abonar una sanción de 69.667 euros, y su CEO, Leandro Ardanza, debe pagar 55.000 euros.

Este lunes ha comparecido ante las Juntas Generales de Araba el diputado general, Ramiro González, que ha defendido la legalidad del procedimiento.

Ha recordado que el pasado mes de marzo el Departamento Desarrollo Económico  decidió contratar un servicio de consultoría con el objeto de plantear proyectos tractores para Aiaraldea, un encargó que recayó en 97 S&F Consultans.

Sin embargo, poco después, desde el Departamento del Diputado General se sacó a concurso un contrato de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Actuación Inmediata y del Plan Estratégico Comarcal. Y, en vista de que no había tiempo para evitar que «ambos análisis se solaparan», se pidió la «renuncia voluntaria» de la consultora.

A la misma se le informó de que «el proyecto inicial se había integrado en un diagnóstico más amplio y profundo que contaría con más recursos y que contemplaría conjuntamente las perspectiva de las diputaciones de Araba y Bizkaia».

La licitación de este contrato se publicó el 12 de mayo, y el 4 de junio se conoció que la mejor oferta era, precisamente la de 97 S&F Consultans, que en el apartado técnico había quedado en tercer lugar. Ese mismo día saltó a los medios la sanción de la CNMC, recogida en un procedimiento que salpica a diferentes instituciones, como son los ayuntamientos de Bilbo y Gasteiz, y la Diputación de Bizkaia.

González ha aseverado que la Diputación ha realizado diversas consultas, en la que se desprende que «no existe ninguna prohibición de contratar» a la empresa consultora. Así, pese a la multa de la CNMC, el diputado ha insistido en que «en las actuales circunstancias no cabe la prohibición de contratar».

Sin capacidad propia

Las explicaciones del dirigente foral no han despejado las dudas planteadas por el grupo soberanista, que, por boca de Iñaki Ullibarri, ha cuestionado por qué no es la propia Diputación la encargada de realizar estas trabajos con recursos propios de la institución.

El diputado general se ha limitado a indicar que «la naturaleza de la prestación no puede ser asumida por los recursos humanos y técnicos de los que dispone el Departamento del Diputado General ni otro departamento de la Diputación foral de Álava».

«Me preocupa muchísimo que la Diputación no tenga capacidad de hacer un trabajo de campo en la comarca de Aiaraldea para saber cuáles son las necesidades», ha replicado Ullibarri, quien ha insistido en que las consultoras están «bajo la lupa de la Administración del Estado desde el 11 de mayo, víspera de que ustedes lanzasen su licitación».