El decreto que encuadra la vacunación obligatoria en el Estado francés comprende dos fechas claves. Así establece que para este 15 de setiembre toda persona que trabaje en ciertos servicios básicos, en especial pero no solo en el ámbito sociosanitario, deberá acreditar que ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Para el 15 de octubre los trabajadores del sector sanitario pero también asistentas domiciliarias, chóferes de ambulancias, personal de protección civil o bomberos deberán tener completa su pauta vacunal.

Cuando se concretó la medida, a principios de agosto, la cuarta ola creaba un problema de tensionamiento importante en los hospitales. El Hospital de la Costa Vasca, en Baiona, se vió obligado a trasladar pacientes a Pau y Dax. El anuncio se presentó entonces como una receta para evitar el colapso de los centros hospitalarios.

Hoy, afortunadamente el contexto es otro. En las últimas semanas la situación ha mejorado notablemente, en parte porque las tasas de vacunación han aumentado, entre constantes mensajes de las autoridades sanitarias para «convencer a los rezagados».

A mediados de julio un 83% del personal del Hospital de la Costa Vasca se había vacunado. Según los datos facilitados por ese centro a unas horas de que entre en vigor la obligación vacunal, mañana, «el 99,14% del personal que ha acudido hoy a trabajar ha recibido al menos una dosis de la vacuna».

30 sin ninguna dosis

De los 3.519 empleados de ese complejo, que incluye al hospital y a varias residencias, solamente 30 no han recibido una o las dos dosis de la vacuna, según el parte de personal de este 14 de setiembre.

Según las previsiones del centro, mañana, 15 de setiembre, el 98,83% de los empleados acudirán a trabajar cumpliendo la obligación vacunal, mientras que 41 «no responderán, a priori, a esas condiciones», ha explicado el complejo sanitario público de referencia en la lucha contra la covid19 en Ipar Euskal Herria.

Según los datos facilitados el 13 de setiembre por la Agencia Regional de Salud (ARS) de Nueva Aquitania a 9 de setiembre un 90,8% del personal de hospitales y residencias había recibido al menos una dosis de la vacuna en el departamento que incluye a Ipar Euskal Herria.

La tasa de vacunación era más elevada, segun la misma fuente, en el caso de profesionales liberales, que incluye a un número muy superior de profesionales, ya que engloba desde médicos generalistas y de especialidades a dentistas, enfermeras, ortofonistas, podólogos, comadronas o fisioterapeutas.

Un 93,9% de esos profesionales ya habían recibido al menos una dosis a 7 de setiembre.

Con todo hay quienes, en desacuerdo con la política sanitaria, han optado por otras salidas. Es el caso del médico de Biarritz Guillaume Barucq que comunicaba, hoy mismo, vía Twitter su intención de mantener abierta su consulta hasta esta medianoche antes de tomarse «unas vacaciones forzosas».

Controles y sanciones desde el principio

Pese al nivel de vacunación elevado que se registra entre profesionales sociosanitarios los responsables de la ARS no han dudado en endurecer el discurso en los últimos días al asegurar que «se aplicarán las sanciones previstas desde el principio».

Una advertencia expresa ante la eventualidad de que, para sortear la fecha límite del 15 de setiembre, algunos profesionales opten por solicitar permisos.

Desde los sindicatos no se ha apreciado ese «tono de amenaza». Y se insiste en solicitar «medidas de concertación», para evitar, dicen centrales como CGT y Sud, que la gestión de la pandemia debilite todavía más a la sanidad pública.

Según el sindicato FO-Santé entre el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de este año se cerraron, pese al contexto de pandemia, no menos de 1.800 camas en el Estado francés.

Problemas de personal y reubicaciones

Siguiendo el anuncio de obligatoriedad vacunal realizado el 12 de julio por Emmanuel Macron, el decreto que concretó la obligatoriedad vacunal establece que desde este 15 de setiembre se pondrán en marcha controles y se podrán aplicar eventuales sanciones.

«La suspensión de empleo y salario decidida por el responsable del establecimiento se aplicará a contar desde la notificación de la sanción aunque puede optarse por retrasar su aplicación si el trabajador se sirve de días de descanso o vacaciones» puede leerse en la norma, que explicita que la sanción se prolongará hasta que el empleado o la empleada acredite que «cumple con todas las condiciones para el ejercicio de su actividad».

Si en los siguientes tres días a la notificación el empleado no ha acudido a vacunarse puede optarse por acordar un cambio de servicio o el teletrabajo, siempre que «las tareas encomendadas al puesto así lo permitan».

Desde las residencias de ancianos ya se ha hecho llegar la advertencia que las rotaciones no siempre son posibles y de que la medida puede acrecentar la penuria de personal que vive el sector. El Hospital de Baiona ha anticipado ciertas remodelaciones en servicios como el de geriatría para paliar los eventuales impactos de la medida.

Por lo demás, el decreto del 10 de agosto no contempla la posibilidad de despido por no vacunación contra la covid-19. Con todo, pueden darse dimisiones «por presiones», alertan los sindicatos, que insisten en que la norma incluye un apartado específico en que se solicita al responsable del servicio concernido que «haga un esfuerzo de pedagogía y busque todas las salidas posibles recurriendo como último recurso a la suspensión laboral». Las organizaciones sindicales apelan así a «convencer y trabajar compromisos».

El decreto recuerda, finalmente, que «toda suspensión acabará, como muy tarde, el 15 de noviembre», acogiéndose a la fecha límite acordada por el Parlamento y el Consejo Constitucional al Gobierno galo para exigir el pase sanitario.

No obstante, tras el ministro de Sanidad, Olivier Véran, el presidente Emmanuel Macron declaraba, el 2 de setiembre en Marsella, que no cabe descartar que «sea necesario extender» el uso del pase a partir de esa fecha, «si la situación sanitaria lo requiere».