El Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad del Gobierno de Lakua, denominado ‘Udaberri 2024’, exige al «universo político de ETA» una «autocrítica ética, política y democrática sobre la violencia con fines políticos».

Este emplazamiento se recoge en el plan cuyo borrador se presentó el pasado mes de mayo y que ha sido actualizado tras un proceso de recogida de aportaciones de víctimas, movimientos sociales, distintas asociaciones y partidos políticos que ha sido presentado este martes por el Ejecutivo autonómico.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha resumido en rueda de prensa algunos de los principios del documento, que dedica varias páginas a la convivencia tras una década de la desaparición de ETA.

El texto muestra su preocupación por las «expresiones de violencia e intolerancia que subyacen todavía en determinados sectores» y se reafirma en la «necesidad de la deslegitimación política y social de estas prácticas».

Recoge una mirada crítica a los «ongi etorri» a los expresos que, según señala, suponen «de facto una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y un agravio y revictimización de las víctimas». Sin embargo, en el borrador se abogaba expresamente por la «no realización de estos actos», algo que ha desparecido en el nuevo texto.

«Papel protagonista de la juventud»

Se destaca el papel protagonista que ha de jugar la juventud en la construcción del modelo futuro de convivencia pese a que no ha vivido directamente o no es consciente de haberla vivido «la experiencia traumática de la violencia y su efectos».

Empoderar a la juventud como protagonista de futuro de la convivencia, más allá incluso del sistema educativo, es uno de los principales objetivos del plan, ha remarcado la consejera.

En materia penitenciaria reconoce que «la lucha antiterrorista propició un endurecimiento de la legislación penal y penitenciara centrada en la persecución y castigo del delito en lugar de en su función resocializadora» y recuerda que los presos siguen teniendo derechos cuyo respeto y garantía compete a todos y especialmente a las instituciones publicas.

Política penitenciaria

Asegura que la política penitenciara pasa por «seguir deconstruyendo la cultura reactiva contra el terrorismo» reorientando la legislación y la política penal y penitenciaría en sintonía con los principios de humanidad, proporcionalidad y resocialización.

El texto ya no utiliza la frase «deconstruir la cultura de la excepcionalidad y el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción» que se recogía en el borrador.

En el plan, el Gobierno de Lakua se «alinea con la normativa europea vigente y con la actual estrategia de la política penitenciaria estatal» y expresa la necesidad de velar por que los presos estén en cárceles cercanas a su hogar o a su lugar de reinserción social.

Defiende, además, la aplicación con criterios humanitarios de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para presos con enfermedades graves, menores a su cargo o con más de 70 años.

Por otra parte, el plan también incide en la necesidad de acabar con la discriminación por origen racial, sexo, orientación sexual, identidad, expresión de género, religión o posición económica.

Anuncia distintas iniciativas para combatir estas desigualdades como la creación de un Observatorio de la Diversidad, una ley integral de Igualdad de trato y no Discriminación, así como acciones para acabar con la discriminación del pueblo gitano, de colectivo LGTBI o de las personas migrantes.