La jueza encargada del caso considera «no acreditadas» las causas económicas y organizativas que alegaba la dirección para reajustar la plantilla, ya que, como ha precisado ELA este miércoles, el descenso de residentes en los años 2020 y 2021 fue debido a los fallecimientos provocados por la pandemia.

Ese descenso de personas usuarias «no sería causa por sí sola que determinara un reajuste en la plantilla que conllevara la supresión del acuerdo laboral de 2005» porque la sentencia «establece su relación directa y notoria con la pandemia generada por la covid-19», ha precisado la central abertzale.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que la dirección de este centro, incluido en la red de residencias concertadas de la Diputación de Bizkaia, «pretendía recortar derechos laborales», así como «recortes en salarios de hasta un 37% para las 25 trabajadoras más antiguas».

Tras subrayar que se trata de la primera sentencia de este tipo en el ámbito sociosanitario, ELA ha remarcado que esta es la actuación de «una empresa más que intenta aprovecharse de la pandemia, ya que la evolución de los años 2018 y 2019 fue positiva, para precarizar y recortar derechos laborales».

En este caso, ha censurado, «es aún más sangrante si cabe porque se trata del ámbito sociosanitario, sector en el que se registraron un número importante de fallecimientos y trabajadoras contagiadas por covid-19, y más concretamente de una residencia de personas mayores perteneciente a la red de residencias concertadas de la Diputación Foral de Bizkaia, gestionada por la Fundación Vizcaína de Caridad, fundación privada no lucrativa bajo el patrocinio de la Diputación de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao».

De hecho, el presidente nato de esta fundación es el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y su vicepresidente es el alcalde de la capital, Juan Mari Aburto.

Huelga y movilizaciones

ELA convocó junto a CCOO una huelga indefinida en abril de este año en la residencia Conde Aresti para hacer frente a los mencionados recortes. Esta huelga, ha recordado, «se vio condicionada desde el inicio por unos servicios mínimos del 100%», que denunció por «abusivos».

Aún así, las trabajadoras se han concentrado todos los días frente al centro, ubicado en la calle Zabala, para «defender sus derechos».

Desde el año 2015, la plantilla ha tenido que hacer frente a «los constantes intentos de la empresa por precarizar sus condiciones laborales», ha indicado ELA, que este año tuvo que judicializar «el incumplimiento del acuerdo y también entonces los tribunales nos dieron la razón».

Ha lamentado que, «lejos de cejar en su empeño, la fundación ha querido aprovechar la pandemia para, alegando problemas económicos, recortar derechos laborales».

Las trabajadoras afectadas por estos recortes tienen de media 27 años de antigüedad en la empresa, y un 44% supera los 60 años de edad. «Su lucha ejemplar y determinación han tenido respaldo en la sentencia», ha resaltado ELA.