Una exdirectiva y un exempleado de una empresa de Zizurkil (Gipuzkoa) dedicada a reparaciones y montajes eléctricos serán juzgados el próximo lunes en la Audiencia de Gipuzkoa acusados de apropiarse de 657.396 euros de la compañía que, debido a la «total descapitalización» sufrida entró en concurso de acreedores.

La Fiscalía de Gipuzkoa imputa a la mujer –una de los cuatro fundadoras de la empresa y que trabajaba en labores administrativas hasta que abandonó el cargo en 2014–, por un delito societario, otro de falsedad y un tercero de apropiación indebida, por los que reclama para ella penas que suman ocho años y diez meses de cárcel, así como tres multas que en total suman 13.500 euros.

El Ministerio Público responsabiliza también de los delitos de falsedad y apropiación indebida al hombre, empleado como comercial, delineante y dibujante; aunque con la atenuante de reparación del daño causado, ya que ha devuelto parte de la cantidad adeudada, por lo que demanda para él un año y tres meses de prisión, además de multas por un importe total de 4.500 euros.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los dos procesados utilizaron una segunda empresa de software, sin plantilla ni actividad alguna, para «confeccionar facturas falsas» por «trabajos inexistentes» que presuntamente fueron cargadas a la compañía perjudicada, en cuyas instalaciones fijaron además el domicilio social de la compañía de software.

Igualmente, con el fin de «cuadrar las cuentas» ante la Hacienda de Gipuzkoa, incluyeron distintas cantidades en el «concepto de compras» del modelo 347 de gestión de impuestos indirectos, referido a clientes y proveedores, durante los ejercicios correspondientes a 2010, 2012 y 2013.

Los inculpados también utilizaron el descuento bancario para «enriquecerse» a costa de la empresa, presentado mediante este mecanismo «facturas falsas» y otras a las que, a pesar de ser reales, se les había aumentado «deliberadamente» el importe nominal.

El texto concreta que «en base al acuerdo depredatorio existente entre ambos acusados» el hombre pudo percibir también casi 100.000 euros por orden de la mujer en conceptos como «nóminas, gastos y dietas».

Además la mujer presuntamente «utilizó las diversas tarjetas de crédito» de la empresa «a su antojo y sin límite alguno, cargando en ellas sus propios gastos personales».