El Senado insta al Gobierno español a modificar de manera urgente la ley orgánica del Poder Judicial para recuperar el sistema de justicia universal y ampliar la competencia de los tribunales españoles para perseguir delitos en otros países siguiendo las mejores prácticas y los tratados internacionales suscritos por el Estado español.

La Comisión de Justicia de la Cámara Alta ha aprobado una enmienda transaccional del PSOE a una moción del senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, en la que también se pide «explorar las vías y fórmulas que permitan que España pueda prestar consentimiento en obligarse por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, sin que se contravengan los principios y normas constitucionales».

En la defensa de la iniciativa, Martínez ha señalado que el miedo a conocer la verdad es un problema que «atenaza» la democracia en el Estado español.

«Miedo -ha dicho- a las implicaciones económicas y represalias de países en los que los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente, miedo a que en otros países se juzguen violaciones a los derechos humanos en territorio propio y miedo a que prevalezca la justicia y a la persecución efectiva de quienes cometen delitos de lesa humanidad sean quiénes sean, donde los hayan cometido o donde se encuentren».

Reformas regresivas de PSOE y PP

Tras criticar las dos reformas a la ley del Poder Judicial llevadas a cabo por gobiernos del PSOE y del PP, en 2009 y 2014, respectivamente, Martínez ha ahondado en la necesidad de volver al tenor originario de la norma.

El senador de Geroa Bai ha acabado preguntando a los demás grupos si a las víctimas de los más horribles crímenes hay que decirles que olviden sus peticiones de justicia porque las autoridades de un país u otro podrían enemistarse con nuestro país. «Yo no podría bajo ningún concepto, ¿pueden ustedes?».

La senadora del PSOE María Victoria de Pablo ha pedido apoyo a la enmienda de su grupo, que cuenta con el visto bueno del Gobierno, lo que garantiza su ejecución, mientras que su compañero de bancada Francisco Manuel Fajardo ha considerado que en «la repulsa y condena a actos tan execrables como crímenes de guerra y lesa humanidad no puede haber bandos».

Por el grupo del PP, Cristina Ayala ha opinado que «lo razonable» es que no queden impunes los crímenes de especial gravedad, pero ha señalado que ya hay una arquitectura jurídica internacional que con sus propios mecanismos lo hace, algo que, según ha dicho, todos los portavoces han obviado.