El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las siete enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que habían sido presentadas por PP, Vox, Cs, Foro Asturias y Coalición Canaria, así como por Junts y CUP.

Las enmiendas, que se han votado de forma conjunta, han recibido 188 votos en contra, 156 a favor y 1 abstención. De esta forma, las cuentas elaboradas por los socios del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Unidas Podemos) siguen su tramitación tras haber recbido el apoyo de EH Bildu, PNV, ERC y PDeCat.

Tras la sesión de más de ocho horas celebrada el miércoles, el debate se había reanudado esta mañana con la intervención de Unidas Podemos y del resto de grupos que no habían querido enmendar todo el proyecto presupuestario.

EH Bildu espera llegar a un «buen acuerdo»

Desde la tribuna de oradores, el portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha ido más allá de los contenidos concretos de los PGE, exigiendo al Ejecutivo que «derogue» todos los aspectos lesivos para los trabajadores de la legislación laboral aprobada por el PP.

Y ha avisado al Gabinete de coalición de que, si apuesta por una mera reforma parcial de esa legislación, no solo perderá el apoyo de los grupos de izquierda en el Parlamento estatal, sino también las elecciones, y será el «único responsable de que gobierne la derecha».

No obstante, Matute ha mostrado la disposición de su grupo a seguir negociando con el Ejecutivo para sellar un «buen acuerdo» que permita a EH Bildu apoyarlos también para su aprobación definitiva.

Ese apoyo final, ha puntualizado, no está hoy por hoy asegurado, por lo que el Gobierno se tendrá que «ganar» sus votos, mientras que los representantes de EH Bildu serán «razonables» pero también «exigentes» para lograr un acuerdo que mejore las condiciones sociales y laborales de la ciudadanía vasca y de la clase trabajadora de todo el Estado.

En su respuesta a Matute, como también había hecho antes dirigiéndose a los portavoces de ERC y PNV, la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que espera «poder llegar a puntos de encuentro y contar con su apoyo al final de la tramitación de los presupuestos. Seguiremos hablando en los próximos días para llegar a un acuerdo».

El PNV critica el retraso en el TAV

En su intervención, la portavoz parlamentaria del PNV, Idoia Sagastizabal, ha señalado al Gobierno de Sánchez que es necesario «abordar la ‘agenda vasca’ con mayor profundidad e impulsar inversiones transformadoras» en estos PGE.

Tras mostrar la «plena predisposición» del PNV al diálogo y la negociación, ha resaltado que «hoy todavía nos falta un buen trecho para acordar los Presupuestos» y ha insistido en que el voto jeltzale en contra de las enmiendas de totalidad es solo «el punto de partida de una negociación para poder discutir las discrepancias».

Adelantando el contenido de las enmiendas parciales que presentarán «con ánimo constructivo», ha señalado que «las inversiones previstas para la CAV no tienen un adecuado reflejo; más bien al contrario: las inversiones reales en Euskadi se han reducido respecto a 2021, especialmente a lo que se refiere a organismos autónomos como Adif o Enaire».

En ese sentido, la diputada jeltzale ha criticado los retrasos en los cumplimientos de los acuerdos relativos a la ‘Y vasca’, la infrainversión en las partidas recogidas con respecto a los aeropuertos de la CAV o la desaparición de las inversiones relacionadas con la seguridad y las accesibilidad de infraestructuras ferroviarias.

Respecto al debate fiscal, Sagastizabal ha indicado que «una bajada de impuestos es, a todas luces, inviable, una quimera, si se quiere mantener y mejorar el actual sistema de protección y bienestar social».

En este contexto, ha afirmado que el tipo mínimo de Sociedades propuesto por el Gobierno español «va en línea» con el implementado en la CAV desde 2013. «Una vez más, las diputaciones forales, con sus legisladores, han sido pioneros y progresistas, aunque a alguno no le guste oírlo», ha señalado.

Montero reconoce a ERC falta de ambición fiscal

Previamente, la ministra Montero había reconocido a ERC que este proyecto presupuestario «no es suficientemente ambicioso» para lograr una fiscalidad más justa y, a la vez, ha comprometido la búsqueda de «garantías» para mejorar la ejecución de las cuentas en vigor y las que ahora busca aprobar para el próximo año.

Durante su intervención, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha lamentado haber tenido que exigir para esta negociación presupuestaria el cumplimiento de compromisos que se remontan un año atrás. Y también que las cuentas no contemplen «ni una sola medida» para tener «un sistema fiscal más justo y progresivo».

Rufián ha resaltado que actualmente una multinacional «paga diez puntos menos que una pyme», los grandes contribuyentes aportan menos de la mitad que hace 15 años y existe «un chiringuito fiscal» en la Comunidad de Madrid que «capta 6.000 fortunas» y provoca la llamada ‘España vaciada’: «Es un agujero negro que a su alrededor solo crea páramos", ha dicho.

Por otro lado, ha advertido al Gobierno de Sánchez, y especialmente al PSOE, de que los 13 votos de su formación son imprescindibles no solo para la aprobación de los PGE, sino también para que el Ejecutivo pueda agotar la legislatura.

En este punto, ha señalado que no se puede gobernar contando solo con el «miedo» que genera la alternativa de la derecha y la ultraderecha. «Ese temor no es lo que nos debería hacer a nosotros aceptar todo lo que nos plantean, ese temor debería ser lo que les hiciera a ustedes pactarlo todo con nosotros», ha subrayado.

Los próximos pasos de la tramitación

Superada esta votación, las cuentas pasarán a tramitarse en la Comisión de Presupuestos, que deberá analizar las enmiendas parciales que presenten los grupos para modificar el proyecto. Para presentarlas, la Mesa del Congreso ha fijado un plazo máximo hasta este viernes a las dos de la tarde.

La comisión comenzará a cribar las enmiendas y votar las primeras modificaciones al proyecto, primero en ponencia (a puerta cerrada) la semana del 12 de noviembre, y después en comisión, la semana del 19 de noviembre.

Después, las cuentas se elevarán al Pleno del Congreso, donde cada responsable ministerial deberá defender las de su departamento. Será entre el lunes 22 y el jueves 25 de noviembre, fecha esta en la que está prevista su aprobación y su envío al Senado.

El calendario prevé seis semanas de tramitación en el Congreso y cinco en el Senado para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Pero si el Senado introdujera algún cambio, tendrían que volver al Congreso, para refrendar o no las modificaciones de la Cámara Alta.