Admirador de la dictadura de Augusto Pinochet y en sintonía con Jair Bolsonaro, Donald Trump y Vox, el ultraderechista José Antonio Kast, defensor de políticas radicales contra la migración y férreo crítico del aborto y del matrimonio igualitario, se presenta como el candidato del orden para Chile.
«No me traten de ultraderecha, porque no lo soy (...) Espero que me califiquen como un candidato del sentido común», afirmó Kast, abogado de 55 años.

Militó 20 años en la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, hasta que en 2019 creó el Partido Republicano que hoy le lleva a su segundo intento. En 2017 quedó cuarto (7,93%).
Promete recuperar la «libertad» para el país a través del «orden y la seguridad» y ha asegurado ser la persona ideal para «enderezar» el rumbo económico de Chile, defendiendo la desregulación y la privatización.

Casado y con nueve hijos, es un activo miembro del movimiento católico ultraconservador Schoenstatt. Hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1951, su padre se alistó en el Ejército nazi.

Su familia se instaló en Paine, en las afueras de Santiago, donde hizo fortuna con una fábrica de embutidos tradicionales alemanes y Bavaria, una cadena de restaurantes de la que se desvinculó.
Agrupaciones de derechos humanos denuncian que miembros de su familia colaboraron en la detención de opositores durante la dictadura, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.
Ha intentado desligarse de Pinochet, pero sin dejar de elogiar su «legado económico». Un apoyo que también demostró cuando votó por la continuidad del dictador en el plebiscito de 1988.

«Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental», dijo recientemente.

En su programa, propone disminuir el gasto público, eliminar varios ministerios –entre ellos el de la Mujer–, clausurar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, derogar los beneficios compensatorios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la dictadura y crear una Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda. Y plantea en un estado de excepción la detención de opositores en casas o lugares distintos a las cárceles.

Además, aboga por construir una zanja para evitar la entrada de inmigrantes en situación irregular, propone mantener el sistema de pensiones privadas instaurado en la dictadura y plantea la intervención de las Fuerzas Armadas en La Araucanía.