NAIZ
Gasteiz

Primer juicio colectivo en Araba por el reconocimiento laboral de los riders de Glovo

A pesar de que la denominada ley rider ha supuesto un paso importante en la regularización de las personas que trabajan como repartidores para plataformas digitales, estas empresas se niegan a reconocerlas como asalariadas. Ejemplo de ello es el juicio celebrado este martes en Gasteiz contra Glovo.

La concentración que se ha realizado esta mañana ante los juzgados de Gasteiz. (LAB sindikatua)
La concentración que se ha realizado esta mañana ante los juzgados de Gasteiz. (LAB sindikatua)

LAB y ELA han realizado este martes, a partir de las 9.30 horas, una concentración ante los juzgados de Gasteiz, donde se ha llevado a cabo el primer juicio colectivo en Araba de cara al reconocimiento laboral de trabajadoras y trabajadores de Glovo.

Las centrales defienden el carácter laboral de los contratos firmados por los riders con esta empresa de reparto a domicilio, por lo que rechazan la «llamada uberización de las relaciones laborales, que a día de hoy nos aboca a acudir a los juzgados a pesar de que la ley rider supuso un paso importante».

Una denuncia en la que han incidido desde LAB al lanzar esta pregunta: «¿Cómo es posible que, habiendo doctrina del Tribunal Supremo, esta empresa pueda seguir arrastrando impunemente al juzgado a sus plantillas para el reconocimiento de los derechos laborales más básicos?».

De hecho, la ley rider, que entró en vigor el pasado 12 de agosto en el Estado español, reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital.

En ese sentido, han lamentado que sigue dilatándose «la tantas veces anunciada regularización del sector, dando pie a los grandes lobbies que apuestan por la digitalización a seguir ejerciendo su presión».

Por ello, consideran que «es el momento de que los partidos políticos se posicionen en Euskal Herria y adquieran un compromiso, no solo con las y los repartidores a domicilio, sino con todos los sectores afectados por estas prácticas fraudulentas».