Si la democracia tiene una parte de sumisión a las normas y los formalismo reglamentarios, el Parlamento de Gasteiz anda algo escasito de todo ello en la tramitación de la Ley de Administración Ambiental que lleva inoculada en su seno la Ley Tapia, colada a través de una enmienda y que permitirá al Gobierno pasarse por el arco del triunfo la autonomía municipal a la hora de imponer donde quiera sus proyectos con solo declararlos de Interés Público Superior.

En primer lugar, la Mesa aceptó que a través de una simple enmienda de PNV y PSE a esta ley que se ponga patas arriba la Ley de Ordenación del Territorio. Ante esto –a lo que se opone abiertamente toda la oposición y varios movimientos sociales– EH Bildu remitió a la mesa un escrito de 17 folios pidiendo que se corrigiera este paso, que consideran opuesto a la legalidad ya que el Tribunal Constitucional se ha declarado varias veces en contra de incluir en una ley enmiendas que no estén relacionadas con ella. El pasado martes el órgano de dirección del Parlamento se quitó de encima la petición de nulidad con un escueto «la Mesa no admite a trámite el escrito».

Dos días después volvió a reunirse para, según avisó, «calificar adecuadamente» el dictamen de la Ponencia sobre la Ley de Administración Ambiental y que fuera acompañado de las enmiendas reservadas para el último debate en pleno y los votos particulares.

Pues tan «adecuadamente» se tomaron su trabajo de «calificación» que admitieron un voto particular del PP que pide la «supresión de la disposición adicional sexta del dictamen aprobado en la comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural sobre el Proyecto de Ley de Administración Ambiental». ¿Cuál es el problema? Que no existe ninguna «disposición adicional sexta» en ese dictamen.

Y esto supone que en se ha estado a punto de votar la supresión de algo inexistente, lo que iba a ocurrir en el pleno del próximo jueves en el Parlamento. Semejante caso hubiera podido superar en ridículo procedimental al espectáculo ofrecido el pasado 28 de octubre, cuando los parlamentarios y parlamentarias de PNV, PSE y PP+Cs votaron en contra de su propias propuestas en la ley de reforma del TVCP que seguirá permitiendo que políticos en activo tengan una pasarela a ese organismo. Entonces, la presidenta de la Cámara permitió que se repitiera la votación, y tuvo a posteriori la bendición de los servicios jurídicos.

Pues en esta ocasión ni la mayoría de la Mesa ni los servicios jurídicos cayeron en la cuenta de que estaban tramitando un voto particular a lo ficticio, aunque parece que alguien en algún momento si que hizo una advertencia que, por lo visto, fue desoída simplemente porque es la costumbre.

Finalmente, tras más avisos, se han dado cuenta de la metedura de pata y han pedido al PP que incluya una corrección de errores en su voto particular, lo que según fuentes parlamentarias suele hacerse antes de que el texto sea definitivamente admitido por la Mesa y no después como esta vez.

Y así el próximo jueves, PNV y PSE, con su mayoría absoluta, podrán dar vía libre a la Ley Tapia sin que el Parlamento haga el ridículo formal, otra cosa es que cómo acabe todo esto.