Las ausencias de alumnos y profesores han marcado el regreso a las aulas tras las vacaciones de fin de año en Ipar Euskal Herria.

La vuelta tuvo lugar el lunes 3 de enero y aunque todos los actores educativos coinciden en que el objetivo es preservar a todo precio la enseñanza presencial, el balance de la primera semana demuestra a las claras que va a ser una ardua tarea mantener el ritmo escolar en tiempos de ómicron.

Las delegaciones en el Departamento de Pirineos Atlánticos de los sindicatos de enseñanza FSU-SNUipp, FNEC-FP-FO, SE-UNSA y CNT-AIT ya se quejaron de que la comunidad educativa fuera informada del nuevo protocolo sanitario a través de una entrevista concedida por el ministro de Educación, Michel Blanquer, solo un día antes de la reanudación de los clases.

«Mantener las escuelas abiertas es una voluntad compartida, pero solo un ministro desconectado de la realidad puede establecer condiciones que crean el caos en los centros», afirmaban las centrales en un comunicado público.

Dotar de medios a los centros

Los sindicatos volvían a insistir, como lo han hecho a lo largo de la pandemia, en la necesidad de dotar de medios a los centros escolares.

«El ministro sigue cargando sobre el personal educativo y las familias la gestión de la pandemia y ahora les transfiere además la responsabilidad de gestionar medidas de salud pública», remarcaban las citadas centrales en alusión al nuevo protocolo sanitario, que, ya en esta primera semana, ha obligado a no pocos padres y madres a peregrinar por las farmacias para hacer a sus hijos el test que demuestre que son negativos, lo que les permite seguir acudiendo a clase cuando un compañero o compañera de aula da positivo.

Para los sindicatos, la desconcertante ola causada por la variante ómicron «necesita de medidas de urgencia para proteger al personal y las familias».

Citan, entre las mismas, la dotación a todos los centros de medidores de CO2, la provisión de máscaras FFP2 al personal y de máscaras gratuitas al alumnado, así como el refuerzo de personal del servicio de salud escolar.

No olvidan señalar que es básico garantizar las sustituciones de docentes, recurriendo, si es preciso, a nuevas contrataciones.

El Ministerio de Educación no ha dado respuesta, por ahora, a esas demandas. Solo el primer ministro respondía parcialmente a la petición de los profesores.

Al tiempo en que se daba a conocer que 9.200 clases estaban cerradas en el Hexágono (320 situadas en la Región de Nueva Aquitania) Jean Castex prometía proveer de máscaras a los profesores «antes de fin de mes».

Más de 9.000 clases cerradas

La cifra provisional de cierre de aulas que arroja la primera semana de clases en el Hexágono es la más alta desde abril de 2021. Hoy están cerradas el triple de clases que las 2.900 que se contabilizaron el 16 de diciembre, antes de las vacaciones.

En la región que incluye a Ipar Euskal Herria se computan 1.727 alumnos afectados por la enfermedad y 130 trabajadores, indica Mediabask.

En total, de acuerdo con el cómputo hecho público por la emisora France Bleu a escala hexagonal, a 3 de enero había 47.453 alumnos positivos de covid-19. El propio ministro Banquer estimaba en un 5% el número de docentes contagiados.

Las dificultades para aplicar el protocolo, destinado a evitar en lo posible el cierre de clases, es evidente.

En el departamento que incluye a Ipar Euskal Herria, rige desde el 9 de diciembre la fase 3 del protocolo sanitario.

Ello implica un refuerzo en medidas de aireación y también la obligatoriedad de portar la máscara en aulas y patio para los alumnos a partir de los 6 años de edad.

A esas medidas se suma ahora el nuevo protocolo de testado. La idea es que todos los alumnos que acrediten que son negativos sigan acudiendo a clase, aunque hayan estado en contacto con un positivo.

En los niveles inferiores de enseñanza, deben presentar una PCR o una prueba de antígenos negativa. Luego deben realizar dos pruebas en el segundo y cuarto día tras la comunicación del positivo, con autotest.

A partir de 12 años, los alumnos vacunados pueden acudir a clase previa realización de ese doble testado –PCR o antígenos más dos autotest– con resultado negativo. Los alumnos de más de 12 años deben permanecer en casa una semana.

El sistema, que, segun algunas fuentes, el Ministerio de Educación simplificará en breve, ha generado un embrollo considerable.

Días atrás, Mediabask se hacía eco del calvario de padres y madres para garantizar los testados sucesivos.

Ello ha tenido como efecto colateral que aumente la ya importante carga de trabajo que se cierne sobre las farmacias, que realizan buena parte de las pruebas de antígenos y además deben dispensar ahora los autotest que, de forma gratuita, reciben las familias para poder testar a sus hijos cara a poder asistir a la escuela.