El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de declarar firme la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano, y de dar al Govern dos meses para aplicar la resolución, es «una especie de 155 educativo».

En declaraciones a los periodistas tras visitar la entidad Osonament de atención a personas con problemas de salud mental en Vic (Barcelona), ha advertido de que el fallo del TSJC es «un intento de romper» el consenso que establece el modelo de inmersión lingüístical.

«Es un modelo que no ha sido cuestionado académicamente, y vemos que ahora se cuestiona desde otras instancias, entrando con una ingerencia clara en el ámbito pedagógico», ha aseverado.

Y ha avisado de que la Generalitat utilizará «todos los instrumentos» políticos, jurídicos y administrativos disponibles, defendiendo el buen trabajo de los docentes y confiando en ellos para proteger el modelo actual.

«Los docentes de Cataluña tienen que saber que tienen al Govern a su lado», ha añadido antes de indicar que el Govern asumirá la responsabilidad de actuar para defender la inmersión lingüística.

Apoyo a Pau Juvillà

Sobre la situación del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia cuando era concejal en Lleida, Aragonès ha mostrado su «plena confianza» en que la institución sabrá defender su escaño.

«Todas las actuaciones que decida el Parlament para defender el Parlament que decidieron los ciudadanos, con todos sus diputados y diputadas, tendrá nuestro apoyo», ha afirmado.