La presión del coronavirus tiene contra las cuerdas a una sanidad que llegó ya esquelética a la epidemia. Las hospitalizaciones y los ingresos de UCI solo pueden atenderse retrasando intervenciones quirúrgicas y bajo un régimen de excepcionalidad que, en parte por incompetencia de los gestores, pasa por aplazar vacaciones a los trabajadores públicos. Particularmente grave es la situación en Atención Primaria, donde no se da abasto. 

Las mutuas y la patronal están aprovechando la situación para tratar de usurpar más terreno a la sanidad pública. Disponen de recursos que, afirman, podrían ser mejor aprovechados en este cuello de botella. Están presionando a lo grande, dirigiéndose al propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, porque la situación difícil no se circunscribe a Hego Euskal Herria, sino que hay territorios del Estado que están pasando apuros similares o mayores.

Según indicó esta semana la consejera de la CAV, Gotzone Sagardui, las tramitaciones de bajas en los primeros 18 días de 2022 superan las 85.000. Esto supone, casi, un 9% del total de altas a la Seguridad Social.

«La tramitación de la incapacidad temporal por covid por parte de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios de prevención son alternativas fiables y seguras ante la avalancha de bajas laborales por un autodiagnóstico positivo. En el mundo empresarial tenemos recursos sanitarios disponibles para apoyar al sistema público de salud», manifestaron fuentes de la CEOE a “El País”. 

La Plataforma Navarra de Salud, a través de una carta a GARA-NAIZ y otros medios, alertó de la necesidad de mantenerse firme ante los cantos de sirena de las mutuas y subrayando el peligro de cederles la gestión de altas por incapacidad temporal. Se trata un «caballo de Troya», advierte la plataforma, para ampliar su negocio y adquirir nuevas competencias que les acerquen a lo que siempre han anhelado: acceso a la historia clínica de los trabajadores.

Un elemento desdibuja el panorama. Según explica Ibon Zubiela, responsable de Seguridad Laboral de LAB, las bajas por coronavirus se tramitan como contingencias comunes. Esto implica que todo el salario percibido durante la baja se carga a la Seguridad Social y no a la empresa. La decisión se tomó al inicio de la epidemia, como protección del tejido económico. Pero las mutuas, desde 1996, tienen  competencias de gestión en contingencias comunes,  aunque estas no incluyen dar el alta. En eso siguen circunscritas a enfermedades o accidentes laborales.

El problema de que las mutuas concedan altas es que no dan el alta pensando únicamente en la salud del trabajador, pues existen otros intereses económicos. Que las mutuas dan altas antes de tiempo es algo más que una queja recurrente de los afectados: se puede demostrar con números. Según las memorias del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (Ispln), el porcentaje de altas clínicamente justificadas que plantean las mutuas no llega al 15%. 

El problema de las altas prematuras

«Las mutuas tratan a los trabajadores como a deportistas de alto nivel. Ante un problema articular, te infiltran para que puedas volver a tu puesto de trabajo antes. Y regresar al trabajo antes de tiempo solo favorece una recaída. Muchas veces las mutuas actúan antes, pero no mejor, que el sistema público de salud», sostiene Zubiela.

El interés de las mutuas por que los trabajadores regresen al puesto de trabajo cuanto antes genera otros problemas. Lejos de eliminar trabajo burocrático, lo aumentan. «Es común que nos encontremos con que un trabajador tiene prescrito regresar a su puesto de trabajo un viernes y que la mutua nos proponga su reincorporación el miércoles o el mismo jueves», comenta Iñaki Moreno, trabajador del Ispln y miembro de la Plataforma Navarra de Salud. 

«Estas bajas prematuras –prosigue Moreno– obligan al Ispln a contestar fundamente por qué ese trabajador no puede volver al puesto, lo que en la práctica nos hurta recursos, es decir, debemos destinar jornadas de médicos y enfermeras solo a eso».

Hasta la fecha, las mutuas no han tenido éxito en su ambición por gestionar la avalancha de bajas. Son varios los territorios (incluidos la CAV y Nafarroa) que se han adherido a una fórmula nueva.

La idea es que, tras confirmarse el positivo covid en la red pública, en un mismo acto administrativo (no en dos diferentes) se concede la baja y se da el alta a los siete días. En caso de empeorar, el trabajador tiene que ponerse en contacto con su médico de cabecera, de modo que el alta puede retrasarse en función de la evolución clínica, siempre sin salir del sistema público. 

«Las mutuas no se ofrecen gratis para cosas como estas. Quieren sacar tajada», asegura Esther Saavedra, responsable de ELA en Osakidetza. Saavedra considera que el momento es delicado: «La sanidad ahora es un río revuelto. Es más fácil vender ahora a la sociedad cosas que en otro tiempo no se entenderían. Pero si los recursos de la sanidad pública se quedan cortos, la solución es reforzarla».

El peligro que suponen las mutuas para un sistema público debilitado es creciente. En los últimos años, todo han sido avances para ellas. En 1996 asumieron la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes (a excepción el alta). Luego pasaron a encargarse de las prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural (2007), el cese de actividad de los autónomos (2010) y la prestación de cuidado de menores con cáncer o enfermedades grave (2011).

«Las mutuas son una forma de privatización sanitaria», apuntala Zubiela. El responsable de LAB recuerda que la mutua puede derivar a un trabajador a una clínica privada por un tratamiento si se dilata en el tiempo. Pero, debido a su fórmula de financiación de las mutuas, ese tratamiento lo acabará pagando la seguridad social. Funcionan como avanzadilla para hacer derivaciones a la red privada. 

¿Pero qué es una mutua?
El sistema mutual para las enfermedades y los accidentes laborales que existe en el Estado español es único. Las primeras mutuas eran organizaciones obreras de protección surgidas a finales del XIX, pero las que han sobrevivido aquí son sus rivales: las mutuas que montó la patronal para competir con aquellas. 

Las mutuas dejaron de tener sentido al nacer la sanidad pública. En la mayoría de países europeos entendieron que esa pérdida de razón de ser era total y las eliminaron. En algunos países, como Alemania, perviven, pero con funciones diferentes.
El franquismo apostó porque las mutuas sobrevivieran a costa de cederles una parcela del

sistema de salud, pese a lo complejo de un encaje que, para muchos, resulta incomprensible. 
«No tiene ningún sentido que en un proceso por un accidente laboral, el árbitro sea del equipo contrario», ejemplifica Zubiela. 

«Son agentes de interés económico, por muy saturada que esté la sanidad, un médico nunca tiene un criterio económico», le refrenda la responsable de ELA en Osakidetza.  

El esquema es tan absurdo que las instituciones que velan por la salud y el bienestar del trabajador no tienen acceso a las historias clínicas. Es lógico que las mutuas demanden ese acceso, pero hay sólidos argumentos para que nunca lo tengan.

«Que accedan a la historia clínica del trabajador sería muy peligroso. Si te rompiste el tobillo con 15 años y, 30 años después, te lo vuelves a romper dentro la fábrica, una lectura interesada puede sostener que la gravedad de la lesión se deba al accidente de cuando eras adolescente», ejemplifica Moreno. 

Moreno considera que la apertura de la historia clínica de un trabajador a las mutuas amenaza con devaluar la propia historia clínica. «La confidencialidad es fundamental. Si a un médico alguien le cuenta que consume drogas y el médico sabe que, el día de mañana eso lo puede saber la empresa, probablemente no llegue a anotarlo en la historia clínica por miedo a que eso le perjudique después. Ese es otro riesgo terrible», resume.