El Parlament de Catalunya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo español contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa de la Cámara, Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. La Cámara ha pedido, como medida cautelar, que no se le retire el acta al dirigente «hasta que la controversia jurídica entre las partes sea resuelta judicialmente».

En el escrito firmado este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Parlament han impugnado el acuerdo de la JEC del pasado 20 de enero por el que se dejó sin efecto la credencial de diputado de Juvilla al declarar que concurría sobre él la causa de inelegibilidad sobrevenida.

En el recurso de 14 folios, los servicios jurídicos han insistido en que la decisión de la JEC de dejar a Juvillà sin escaño no solo afecta al dirigente de la CUP, sino que «también afecta al Parlament de Catalunya». En este sentido, ha defendido que la Cámara aprobó en diciembre una resolución en la que se declaró que no concurría «ninguna causa de incompatibilidad sobre el diputado» ni «ninguna otra circunstancia que afecte a su condición».

«En tanto que dicha resolución del Parlamento se contrapone jurídicamente al acuerdo de la Junta Electoral Central, esta representación defiende que la legitimación del Parlamento no ofrece duda alguna», señalan los servicios jurídicos, que han subrayado que tienen un «interés legítimo» para impugnar el acuerdo de la JEC y que no actúan «por simple interés de preservar la legalidad».

Medida cautelar

En el marco del recurso, el Parlament ha pedido –como medida cautelar– la suspensión de los efectos del acuerdo de la JEC, «puesto que su aplicación puede llegar a frustrar la finalidad legítima del recurso».

Ha insistido en que retirar el escaño a Juvillà «incide de lleno en el derecho de participación política» tanto en el sufragio activo como en el pasivo y que, de hacerse efectivo, «tendría efectos irreparables» por privarle del ejercicio de su cargo y por la dificultad de poderlo recuperar en caso de que de una sentencia que estime el recurso.

Los servicios jurídicos han subrayado que «este es un problema de suficiente entidad como para justificar que, mientras no se resuelva la cuestión de fondo, debe prevalecer el mantenimiento del statu quo que refleja la composición actual del Parlament».

Desde la Cámara han defendido que «concurren todos los requisitos para que deba actuar la tutela judicial en forma de suspensión del acto impugnado». Y han asegurado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha reconocido que aunque la Administración es competente para ejecutar sanciones, «tal posibilidad no es absoluta ni incondicionada».