Los 23 casos detectados y que ahora se investigan han aparecido entre 2019, año en el que la Comisión para la Protección de Menores impulsada por el arzobispado comenzó a funcionar, y el 1 de marzo de este año. 

La Diócesis de Bilbo únicamente investiga los diez casos que están vinculados a sacerdotes, ya que la organización de la Iglesia indica que los 13 correspondientes a instituciones extradiocesanas competen a los responsables de las congregaciones.

Ahora bien, la Comisión indica que ellos se han reunido con todas las víctimas y que han ejercido mediación para poner en conocimiento los casos de religiosos a las congregaciones correspondientes, trasladando los expedientes. 

El director de la Comisión, Carlos Olabarri, ha vuelto a ponerse a disposición de nuevas víctimas que quieran contar su caso y ha subrayado que «en los últimos meses se han intensificado las colaboraciones con organismos públicos con competencia de investigación», como la Fiscalía, la Ertzaintza y el servicio de Asistencia a Víctimas.

Asimismo, ha recordado la encomienda que tienen con la UPV/EHU y la universidad de Deusto para investigar los casos acaecidos en la Misericordia y el Seminario de Derio. 

Por otro lado, la Comisión está difundiendo entre catequistas, seminaristas y otros agentes pastorales la guía que ha elaborado par ala protección de menores, donde se incluye formación así como indicaciones sobre cómo prevenir delitos y formular denuncias. 

La cifra de 23 casos ofrecida por la Comisión contrasta con la que indicó el consejero de Seguridad de Lakua, Josu Erkoreka, quien a finales de febrero hablaba de 36 casos notificados en Bizkaia, además de otros cinco en Gipuzkoa. A principios de este mes de marzo habló de una cifra global de 58 casos, aunque sin precisar cuántas corresponden a cada herrialde.  

En Nafarroa, un informe de la Universidad Pública documentó 59 casos, el 30% de ellos considerados graves, e identificó a 31 victimarios, incluidos tanto sacerdotes como miembros de congregaciones religiosas.