Con tres meses de retraso sobre la fecha inicialmente prevista y con una mayoría inusual de la que ha formado parte Navarra Suma, el Parlamento navarro ha aprobado la actualización de la ley del Convenio Económico negociada entre Nafarroa y el Estado, y que no ha contado con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu.

Después de que en diciembre el Gobierno decidiera retirar de la tramitación esta iniciativa ante la falta de los votos necesarios, el apoyo de Navarra Suma conseguido desde entonces ha permitido sacar adelante una reforma que requería de mayoría absoluta.

El acuerdo alcanzado en diciembre entre los gobiernos navarro y español actualiza el Convenio Económico en cuestiones como el IVA del comercio electrónico, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Digitales, que pasaban a manos navarras.

Sin embargo, incluye un elemento que siempre ha despertado la preocupación en Geroa Bai y EH Bildu: el índice de imputación deja de estar en manos del Parlamento navarro. Es decir, la Cámara navarra pierde su poder de decisión sobre cuál es la cantidad que Nafarroa debe aportar a las arcas estatales, que actualmente se fija en el 1,6%.

A partir de ahora, la fijación del índice de imputación corresponderá a una comisión técnica formada por representantes de los dos gobiernos. Estas dos formaciones consideraban que esta circunstancia supone una cesión de autogobierno y no estaban dispuestas a apoyar el acuerdo Iruñea-Madrid por ello. Este es el origen de la postura que han adoptado Geroa Bai y EH Bildu.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha afirmado en el pleno que el Convenio Económico es «probablemente la ley más importante» para Nafarroa y ha asegurado que los cambios acordados van a ser «muy positivos y más en el contexto socioeconómico en el que nos encontramos».

Tras asegurar que desde diciembre el Gobierno ha hablado con todos los grupos, ha precisado que la premisa era buscar «el máximo número de apoyos posibles» con un criterio «pulcro y riguroso, sin menoscabar ningún tipo de capacidad» y siendo «respetuosos» con los tiempos que necesitaban los grupos en la búsqueda del consenso.

En el turno a favor de la actualización, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que este es el «segundo turno» de una ley «importantísima», «la ley de leyes», después de que en diciembre pareciera que el PSN había «abierto los ojos» con respecto a sus socios «nacionalistas que nunca han votado a favor del Convenio».

«Ni siquiera estando en el Gobierno» Geroa Bai o «teniendo las llaves de la gobernabilidad» EH Bildu «se han salido del guión aunque hagan discursos a favor del autogobierno y proclamas del régimen foral», ha apuntado.

Esparza se ha felicitado porque «esta vez no se van a salir con la suya» y NA+ va a estar «a la altura» y va a pensar «en lo mejor para Navarra y su régimen foral» después de que el PSN «haya rectificado en las formas y en el fondo».

En este sentido, ha recordado que se ha acordado crear un grupo de trabajo técnico para analizar el impacto de la deuda en la aportación y estudiar el índice de imputación, aunque la determinación de la aportación líquida del año base corresponde a la comisión coordinadora, lo que «no quita competencias», porque de ella forman parte no solo técnicos de Nafarroa y el Estado sino ambos gobiernos que llegan a un «pacto».

En origen, NA+ se iba a abstener, pero cambió de parecer dentro del empeño de Javier Esparza por aproximarse al PSOE y que tuvo su episodio más rocambolesco y fallido en la votación de la reforma laboral en el Congreso español, cuando Sayas y García Adanero dinamitaron ese acercamiento al votar en contra provocando una crisis en UPN que sigue coleando.

Alzórriz elogia «la actitud constructiva» de NA+

Y desde luego, el gesto de apoyo ha gustado en las filas del partido de Chivite, tal y como ha destacado el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, quien ha destacado que «siempre es bueno escuchar al líder de la oposición con esta actitud constructiva».

Ha celebrado las «nuevas competencias» que asume Nafarroa y con las que se «afianza el régimen foral» frente a «interpretaciones maliciosas», un régimen «blindado por la sociedad, la constitución y la democracia», un régimen «solidario» y que «acerca las soluciones a los problemas de nuestra tierra».

Mikel Buil, de Podemos, ha considerado que los novedades son medidas tributarias «de carácter progresista», «modernizan el sistema» y «traen competencias en impuestos importantes», por lo que ha valorado la actitud de la consejera para negociar la ley.

Sin embargo, ha lamentado que no se haya conseguido el acuerdo con los socios y apoyos del Gobierno, y «el oportunismo» de Navarra Suma después de que el sábado estuviera con Vox llamando «traidor» al Gobierno.

Para I-E, ha indicado Marisa de Simón, estaba claro que desde un primer momento que Nafarroa «asume nuevas competencias», que en los ajustes «se adquieren valores reales y no teóricos» y que «el texto de la ley no supone modificación con la determinación del índice de imputación», por lo que ha considerado que otra cosa son las distintas posiciones de los grupos y cambios de postura en los que no ha querido entrar.

En el turno en contra de la ley, Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai, ha confirmado la abstención de su grupo a un texto que es «exactamente el mismo» que en diciembre, porque «no ha habido vocación de cambiar ni una sola coma», por lo que ha vinculado este retraso con la pretensión de «disfrazar» la relación entre el apoyo ahora de NA+ con lo pactado entre UPN y PSOE en Madrid.

Ha lamentado además que no haya sido posible la unanimidad cuando se trata de «preservar la personalidad» del Convenio, «reivindicada por todos» los grupos políticos, al tiempo que ha reiterado su apuesta por que el Parlamento navarro tenga voz en el índice de imputación y lamentado que la presidenta «no haya tomado las riendas» de este asunto, así como la «debilidad» que puede tener Nafarroa en su negociación con el Estado.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha reiterado también que su grupo se abstenía porque, aunque las modificaciones merecen ser reconocidas, ha faltado «voluntad» en el PSN para buscar la unanimidad, quizás porque hubiera aparecido «otra vez como los que ceden ante el nacionalismo», de ahí que las rondas de conversaciones hayan sido «una farsa».

Y ha agregado que la comisión coordinadora es el órgano «menos político» y sin embargo al que se le otorga la capacidad de determinar el índice de imputación, una decisión «política» que hasta ahora se plasmaba en una ley que debía aprobar el Parlamento y que a partir de ahora queda fuera, «un grave retroceso en democracia y autogobierno».