«El pleno iba de impulso al Gobierno, iba de conceptos, pero la intervención del lehendakari lo ha cambiado, porque ha anunciado medidas concretas». Pudiera parecer una crítica de la oposición, pero no lo es. Es una loa a la actuación de Iñigo Urkullu que ha hecho el parlamentario del PSE Txarli Prieto.

A iniciativa de EH Bildu, que por su cantidad de escaños puede forzarlo, el Parlamento de Gasteiz ha acometió este viernes la celebración de un «debate monográfico sobre las medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para proteger la economía y a las personas de la CAPV ante las consecuencias de la guerra de Ucrania».

Pero lo que estaba previsto para que los grupos parlamentarios debatieran y buscaran acuerdos sobre las muchas medidas presentadas por cada uno de ellos,se ha visto cercenado por la actuación del lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha utilizado su derecho a un turno de palabra, sin límite de tiempo, para anunciar que en el próximo Consejo de Gobierno del martes su Ejecutivo aprobara un fondo de 200 millones para el rescate económico y el rescate social.

Ha esbozado que se tratará de «un fondo de rescate social» dotado de 15 millones de euros para ayudas sociales y acogida de refugiados. Y de un «fondo de rescate económico que estará dotado de 143 millones de euros». Y dentro de este, el Ejecutivo ampliará los programas de ayuda dirigidos a empresas y micro-pymes con 63 millones de euros, y que también se plantea aumentar en 60 millones de euros las ayudas complementarias al primer sector.

Tras la intervención del lehendakari, la finalidad del pleno la ha redefinido claramente en su intervención vespertina la parlamentaria del PNV, Alaitz Zabala, que ha afirmado que el Parlamento tenía ahora la «oportunidad de acompañar al Gobierno».

Precisamente eso ha sido lo que ha criticado con vehemencia EH Bildu. Primero su portavoz, Maddalen Iriarte, en su respuesta de la mañana al propio lehendakari, y por la tarde con más profusión el parlamentario Iker Casanova. Este ha dejado claro que el Gobierno y los partidos que lo apoyan habían llegado a la sesión no con un planteamiento de búsqueda de acuerdos, sino de marcar sus propuestas y aceptar aquellos puntos de la oposición que pudieran estar en sintonía con ellos, pero evitando un debate en profundidad.

«Oposición de la oposición»

Quizá porque el pleno había sido forzado por EH Bildu, su parlamentario Iker Casanova ha denunciado que el lehendakari y los grupos del gobierno se habían dedicado a «hacer oposición de la oposición». Lo que ha resumido en que «cuando la oposición dice que hay algún problema, usted dice que hacemos catastrofismo, cuando la oposición dice que hay que invertir dinero del que tenemos ahorrado −una parte, al menos−, usted dice que queremos acabar con todos los ahorros. Y cuando la oposición pide un plan, usted dice que la oposición pide hacer tabula rasa con todo lo que se ha hecho hasta ahora».

A lo largo de la mañana, Maddalen Iriarte ha remarcado la necesidad de adoptar medidas de carácter estructural, además de los planteamientos de choque que ahora se deben adoptar. EH Bildu proponía intervenir en el mercado energético, pero también crear un bono energético de unos 250 euros de media. Un acuerdo que garantice un salario mínimo interprofesional propio acorde con la realidad social y económica del territorio, y buscar pactos propios que garanticen las subidas salariales que no devalúen los sueldos ante las subidas del IPC».

Para la adopción de las medidas paliativas necesarias, según EH Bildu, habría dinero suficiente en las arcas públicas, y Maddalen Iriarte ha propuesto utilizar parte de los 1.877 millones de euros de remanente con el que cuenta Lakua. Y junto a ello ha sostenido que «es urgente plantear el debate sobre una fiscalidad mucho más progresiva y equitativa, con una presión fiscal próxima a la de los países europeos más avanzados socialmente».

También Elkarrekin Podemos-IU demanda medidas estructurales en el marco energético y, además, Miren Gorrotxategi ha defendido implementar las pensiones menores de 1.000 euros con 250 euros adicionales, rebajar la edad mínima de acceso a la RGI de 23 a 18 años, aumentar la cuantía base de esta prestación y de la prestación complementaria de vivienda y una ayuda universal a través de deducciones fiscales reembolsables en el IRPF de 100 euros mensuales por hijo menor de 18 años.

Los partidos de la derecha española han insistido en la bajada de impuestos y en la reducción de las estructuras administrativas y los cargos de confianza.

Pataleta final

Al PNV no le ha gustado la intervención que ha tenido EH Bildu criticando la actuación del lehendakari, que aunque legítima la ha definido como contraria al espíritu del pleno y la búsqueda de acuerdos. Y por ello, junto a sus socios del PSE, han votado en contra de todas las propuestas realizadas por la izquierda soberanista, pese a que había acuerdos. En la plantilla entregada por los jeltzales a la prensa a modo de guía de cómo iban a votar sus parlamentarios, recogían apoyar tres resoluciones de EH Bildu y transaccionar otras dos.

Fuentes de EH Bildu han criticado que «a la legítima crítica política», desde las fuerzas del gobierno «han respondido de forma inaceptable, cuando lo que está en juego es la consecución de acuerdos para mejorar la vida de la gente».

Por contra, EH Bildu sí ha votado a favor de algunas de las resoluciones presentadas por los partidos del Gobierno.

Acuerdos

Finalmente, como es lógico con su mayoría absoluta, en la sesión se han aprobado todas las resoluciones presentadas por PNV y PSE, algunas de las cuales han sido transaccionadas con once de las registradas por PP+Cs y con otras once de las de Elkarrekin Podemos-IU.

Los grupos del gobierno han acompañado los anuncios del lehendakari, pidiendo al Gobierno Vasco que refuerce los programas de apoyo social y reducción de la pobreza energética con un fondo de rescate que ya había adelantado Urkullu por la mañana.

Con EP-IU han acorado avanzar en «la soberanía energética»y en el abaratamiento de los costes energéticos en hogares y empresas, lo que ha sido presentado como un «logro» por la formación morada en una nota, aunque también ha querido dejar constancia de sus diferencias con el Gobierno en otras materias.

De PP+Cs, los partidos de la coalición de gobierno han recogido, entre otras, propuestas de apoyo a las empresas directamente afectadas por la guerra.

En conclusión, tras el pleno se hará aquello que el Gobierno ya tenía previsto que se hiciera sin haber esperado a las conclusiones del debate y a la libre negociación entre los grupos.