El presidente español, Pedro Sánchez, está compareciendo en el Congreso sobre el escándalo Pegasus, tras semanas de retraso en las que el caso ya se ha ido enfriando. No ha negado que se haya producido espionaje a líderes independentistas catalanes, pero ha desligado a su Ejecutivo de todo ello y ha reducido los casos atribuibles a los aparatos del Estado.

Según su versión, «el Gobierno no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia [CNI]. Resulta evidente que de 2015 a 2020, con la declaración unilateral de independencia y los sabotajes por toda Catalunya o los incendios en Barcelona tras la sentencia del procés, esa crisis fue fuente de una enorme preocupación para la seguridad nacional. De ahí que los servicios de inteligencia propusieran y el juez acordara las medidas oportunas. Pero el Gobierno no decide sobre las decisiones operativas. Eso ha podido pasar con otro gobierno, pero no ha pasado con este y les garantizo que no pasará».

Entrando en detalles, Sánchez ha admitido que se espió, con el aval del Tribunal Supremo, a 18 personas, «no a 65» (en alusión al listado de Citizen Lab, que incluía a los vascos Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu). «Nada fuera de la ley -ha subrayado-. Estos son los hechos». Luego ha tildado cualquier intento de achacar esto al Gobierno de «acusación sin fundamento».

En cuanto al resto de casos, «la mayoría de los móviles infectados han sido por actores ajenos, igual que los de los miembros del Gobierno. Esa es la verdad», ha añadido. Sánchez ha reconocido que estas personas han sido víctimas de un delito y tienen derecho a denunciarlo, y les ha mostrado «mi empatía». En la última intervención ha señalado que le consta que será muy difícil esclarecer los casos en que no hay aval judicial.

«Con este gobierno no hay espacio para la actuación ilegal», ha insistido en varios momentos, contrastando reiteradamente lo que ahora ocurre con tramas policiales del Ejecutivo del PP como la del llamado caso Kitchen. De hecho, en el primer cuarto de hora de su intervención se ha extendido en describir las prácticas de «policías paralelas que combatían a la oposición» del Gobierno Rajoy, una página que dice que se ha pasado con su ejecutivo.

En paralelo, ha trasladado a los grupos catalanes, tras su enorme malestar con este caso, que los espionajes legales se insertan en «tiempos pasados». Aquí ha asumido que sigue vigente «el conflicto político» pero «lo hemos devuelto al territorio de la política del que nunca debió salir». Y ha elogiado «la valentía» de quienes apuestan por el diálogo.

Tres «transparencias» y dos promesas

A partir de ahí, Sánchez ha defendido las decisiones tomadas por su Ejecutivo como ejemplos de transparencia, aunque en realidad lo que hacen es prolongar la opacidad sobre lo ocurrido. Ha citado por ejemplo la disposición a desclasificar documentos si lo solicita la Justicia (algo que muy probablemente no ocurrirá si se reparan en antecedentes como el GAL); ha añadido el informe realizado de oficio por el Defensor del Pueblo español (que ha corrido a exculpar al Gobierno); y ha apostillado que las explicaciones deben ser en la comisión de secretos oficiales (por la que ya ha pasado la directora del CNI Paz Esteban, luego cesada sin explicación, sin aportar mayores precisiones).

En la promesa de «reforzar compromisos de control democrático», Sánchez ha hecho dos «anuncios»: una nueva Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la de 1968, que en realidad el Gobierno viene anunciando desde 2018 sin resultado práctico y con borradores cada vez más descafeinados; y reformas en la ley reguladora del CNI, que no ha concretado.

Por otro lado, Sánchez ha enmarcado este caso global en los problemas de ciberseguridad derivados de la «intensa aceleración tecnológica». Aquí ha traído a colación que también otros líderes internacionales han sufrido espionaje. «Hoy día existen más de 13.000 millones de conexiones a internet por máquinas, y hay grupos y fuerzas que buscan cometer atentados, propagar ideologías violentas… ese es el contexto».

Desde el partido coaligado con el PSOE en el Gobierno, Jaume Asens (UP) ha remarcado que «todavía no sabemos muchas cosas»: quién compró Pegasus dentro del Gobierno del PP, por cuánto dinero, por qué se espió a personas que no tenían actividades violentas (ha citado al president Aragonès)...

«Nosotros tenemos una posición un poco más crítica que la suya: esto es un ataque a derechos fundamentales incompatible con la democracia. No podemos estar en al lista de la vergüenza con Hungría o Polonia). «Sabemos qué legado queremos dejar, ¿y usted, presidente?», ha concluido.

Los grupos espiados

Desde los grupos que han sufrido espionaje, Mertxe Aizpurua (EH Bildu) ha recordado de entrada que los pinchazos son «una constante» en las últimas décadas y los han sufrido desde el lehendakari Carlos Garaikoetxea a cargos de la izquierda independentista. «Pero eso no le quita un ápice de gravedad. Nosotras hacemos propuestas para mejorar la vida de la gente y ustedes nos espían. Nosotras sostenemos la mayoría y ustedes nos espían. ¿Le parece esto normal, le parece de recibo?».

🔴 «Deberían ser ustedes los primeros interesados en investigar lo ocurrido. Aprovechen la ocasión para depurar las cloacas del Estado, que actúan no solo al margen del Gobierno, sino contra el Gobierno».@MertxeAizpurua llama a dar pasos hacia la democratización y regeneración. pic.twitter.com/oJ58PxlJCU

— EH Bildu (@ehbildu) May 26, 2022

Ha puesto el foco en que se está espiando a gente «por poner urnas». Y le ha preguntado «ante quién responde la inteligencia española» si Sánchez se lava las manos ante sus actuaciones. «Tienen que depurar las cloacas, el Estado profundo», le ha exhortado, añadiéndole que esos aparatos no solo actúan al margen del Gobierno sino también «contra su gobierno».

«Sean valientes –ha concluido Aizpurua a Sánchez–, aclaren esto, cierren esta crisis, y actúen con la altura que el momento y la ciudadanía reclaman».

El primero de los espiados en tomar la palabra ha sido Gabriel Rufián (ERC). Ha comenzado reprochando a Sánchez que no combata el «búnker» y acepte «una vida paralela». «Un país que acepte la ley del silencio no es un país, es una mafia. España huele a cerrado. Para que España sea una democracia plena primero tiene que ser consciente de que no lo es».

«¿Cómo viene aquí a prometer un mayor control del CNI si el mayor controlador del CNI es el presidente del Gobierno, es usted?», le ha preguntado a continuación.

En cuanto a la afirmación de Sánchez de que la mayor parte de los espiados lo han sido sin autorización judicial y por «agentes ajenos», le ha preguntado si no habrá sido «un órgano estatal incontrolado, como Policía o Guardia Civil», y si no cabe la opción de que también los pinchazos al Gobierno tengan la misma autoría. «No crea que así les protege, van a pasar por encima de usted», ha añadido.

Miriam Nogueras (Junts) ha considerado que «usted piensa que somos estúpidas. No puede venir aquí a soltar estas milongas. ¿Qué responsabilidades asume usted por el espionaje al independentismo?».

En una valoración de la situación política, ha compartido con Sánchez que la situación en Catalunya no es ahora igual que en 2017 pero le ha añadido que «Catalunya volverá a salir a la calle y rematar el trabajo», remachado todo ello con un «Visca Catalunya Lliure!».

Ferran Bel (PDCat) ha preguntado a Pedro Sánchez, por la vía abierta por Rufián, «si puede usted garantizar que no hemos sido espiados por la Policía o la Guardia Civil».

Mireia Vehí (CUP) ha apuntado tres posibilidades tras escuchar al inquilino de La Moncloa: «Usted miente, usted es preso de las cloacas o usted piensa que hace esto para salvaguardar a España. O quizás son las tres...» Ha añadido sobre la segunda opción este conocido refrán: «Cría cuervos y te sacarán los ojos». Y una pregunta final: «¿Por cuántos derechos se cambia la unidad de España?»

En cuanto al resto de grupos, por parte del PNV, Aitor Esteban ha expuesto tras escuchar al presidente español que «no sé qué me produce mayor desazón: que usted lo supiera o que lo desconociera. Si lo sabía, me parece una irresponsabilidad, pero si no lo sabía me parece muy grave porque los nombres que han salido a la palestra no eran mafiosos, terroristas o delincuentes».

«Si cree que nos ha tranquilizado diciendo que no piensa conocer las decisiones operativas del CNI, se equivoca: un gobierno no debe controlar, pero sí conocer», ha añadido el portavoz jelkide. También Esteban ha dado por buena la hipótesis de que el Gobierno haya sido «pinchado» por agentes policiales y como Rufián ha recordado lo que dijo en el Congreso Macarena Olona (Vox): «Poco les han espiado».

En su segunda intervención, Esteban ha incidido en la falta de control, no solo gubernamental sino también judicial. Según ha dicho con pies de plomo para no revelar datos aparecidos en la secreta comisión del Congreso, la autoridad judicial «no sabía qué estaba controlando». Y también ha lanzado una pregunta final al presidente: «Hasta que no se aclare el alcance de este software Pegasus, ¿van a impedir su uso?».

En las réplicas conjuntas a todos ellos, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer apología del funcionamiento del Estado pese a lo que constata este escándalo. «No hay un Estado profundo, sino un sistema con sus imperfecciones pero con contrapesos». Y ha insistido en que «estamos comprometidos con el diálogo y con la regeneración democrática».

Espionaje al Gobierno, ¿quién ha sido?

En la intervención de Sánchez ha habido dos vacíos muy significativos al margen de la cuestión central del espionaje a independentistas: ni se ha referido al cese (según versión oficial, «sustitución») de Paz Esteban ni ha aportado datos sobre quién pinchó su móvil y también los de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

Por este último flanco ha atacado Cuca Gamarra, portavoz del PP, que ha exigido a Sánchez que confirme si culpan a Marruecos (como se ha filtrado) y si eso tiene relación con el fulgurante cambio de posición gubernamental sobre el Sahara. «Nadie debería pagar un rescate», ha concluido Gamarra, insinuando la hipótesis de que Sánchez está siendo chantajeado tras robarle 2,6 gigas de su móvil.