Recientemente, la Plataforma per la Llengua, junto a otras organizaciones y sindicatos en defensa de la lengua y la cultura catalanas, ha presentado una petición ante el TSJC para que se anule la sentencia que impone un mínimo del 25% de la educación en castellano.

La suya es una de las entidades que han denunciado la presunta irregularidad en la elección del juez por parte del TSJC. ¿Qué ha pasado?

Crearon una norma “ad hoc” en el TSJC para decidir que el presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa podía decidir en qué casos participaba. Esto altera el principio de juez predeterminado por la ley, que es lo que impera en los estados de derecho. Este señor, el juez Javier Aguayo Mejía, como era él quien decidía cuándo era parte de la sala que deliberaba y cuándo no lo era, tenía potestad para decidir su participación en casos de especial trascendencia económica, social o mediática. Es decir, en algunos casos había un juez más porque él podía formar parte del tribunal.

¿Confían en que la Justicia española les haga caso?

Somos plenamente conscientes de cómo funciona la Justicia española en términos políticos, en el amplio sentido de la palabra, desde que una pelea de bar sea «terrorismo» o subirse a un coche de la Guardia Civil sea «sedición». De hecho, la propia sentencia del TSJC del 25% es claramente ilegal, porque va en contra de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM). El Estado español la ratificó en su momento, y eso quiere decir que se autoobliga a ofrecer una educación inmersiva completa a los padres que así lo pidan. Pero no por eso dejaremos de personarnos en la causa porque, aunque no tengamos confianza, si queremos llegar a Europa tenemos que agotar las vías estatales.

¿Cómo valoran el acuerdo entre ERC, PSC, Junts y En Comú Podem para pactar una nueva ley?

En términos legales, hay un punto que nos ha puesto en alerta, y es que el castellano sea «lengua curricular». Según la LOMLOE, en las comunidades con lengua propia el Estado puede dictar el 50% del currículo. Cogiendo la ley como podrían cogerla, y si entendemos que la lengua en la que se imparte una asignatura forma parte de los métodos pedagógicos, el currículo decidiría también la lengua. En definitiva: si el currículo va incluido en la lengua y el Estado puede decidir el 50% del currículo, el Estado también podría imponer el 50% de la lengua. Debido a este punto, la ley no nos parecía bien.

¿Existe el peligro real de que el Estado imponga un 50% del currículo en castellano?

No lo vemos como algo cercano, pero es posible. No sabemos quién ganará las próximas elecciones en el Estado, y no es descabellado pensar que la extrema derecha, todavía más ultranacionalista que el «Gobierno más progresista de la historia», decidiera eso y mucho más.

Intentaron convencer a los partidos para que presentaran una enmienda a la sentencia del TSJC antes del final del plazo. ¿Qué les respondieron?

Les comentamos lo del juez Aguayo Mejía, pero nos dijeron que ellos por ese motivo no iban a presentar nada. Pensamos que no se debía dejar pasar esa oportunidad y por eso la presentamos nosotros el último día del plazo.

Desde el Govern también se está peleando y ahora ha alegado ante el TSJC la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia debido a que han cambiado la normativa y por tanto decae, pero pensamos que podrían haber seguido ambas vías.

Una de las cosas que ustedes han criticado es que los cuatro partidos dejaran fuera del acuerdo la opinión de la comunidad educativa.

Con la ley, no hubo consenso con la comunidad educativa. Creemos que maestros y estudiantes son el núcleo de la cuestión; de la misma forma que cuando se tratan temas medioambientales hay que hablar con organizaciones ecologistas, cuando se discute sobre enseñanza se debe tener en cuenta lo que digan maestros y estudiantes. En el decreto del Govern, en cambio, ha habido mayor “feedback” y hemos conseguido que se digan más cosas como nosotros pensábamos que se tenían que decir, y no como las habían redactado inicialmente.

¿Puede ayudar de alguna manera el decreto aprobado por el Govern el pasado lunes?

Este decreto es sobre el que se basa el recurso de «imposibilidad legal» presentado por el Govern. Si los tribunales les hicieran caso, sí que ayudaría, aunque al final, hagan lo que hagan los tribunales y el Govern, faltará ver qué pasa en las escuelas. Hasta ahora, la ley decía que el catalán era la única lengua vehicular y todos sabemos que no funcionaba así.

A pesar de contar con una ley fantástica sobre el papel, tenemos un montón de gente de entre 15 y 35 años, que se supone que han completado su educación en inmersión, que no sabe hablar catalán, no se siente cómoda hablándolo o no tiene la fluidez que cabría esperar de alguien que ha nacido aquí.

¿Tan delicada es la salud del catalán en la educación?

No sé si es por voluntad propia o porque no les ha quedado más remedio, pero la verdad es que el Govern finalmente ha puesto sobre la mesa que el catalán no estaba tan bien como nos decían. Governs anteriores apuntaban que todo iba muy bien, que las encuestas de usos lingüísticos subían... pero nosotros hace años que decíamos que no era así. Finalmente, creo que con voluntad de arreglar las coas, este Govern también lo ha admitido. Por poner un ejemplo, la Conselleria de Educación presentó unos datos que reflejaban que en 4º de la ESO alrededor del 50% de la educación era en castellano.

¿Está la Justicia española, tal como dijo Junts, empeñada en acabar con el modelo inmersivo?

No estamos descubriendo cómo es la Justicia española. El Estado español, en la cuestión lingüística, tiene una estructura directamente supremacista: una lengua es mucho más valiosa que las otras. Las instituciones del Estado, en general, lo que han transmitido a lo largo de décadas y de siglos es que la diversidad lingüística la viven como un trauma. No la viven como una riqueza y algo a proteger como en Bélgica, Canadá o Suiza.

Desde hace nueve años, la Plataforma lleva recogiendo quejas por razones lingüísticas y, que tengamos controlado, solo encontramos una vez en la que un funcionario haya sido sancionado por una discriminación lingüística. Hemos registrado quejas contra policías, guardias civiles, médicos, jueces... Según datos de la Policía española, solo un 3% han sido reprobados.

¿Por qué quiere ahora la Justicia española, tras 40 años de consenso sobre la inmersión lingüística, acabar con la escuela en catalán?

Gente contraria a la inmersión la ha habido siempre, pero el consenso social continúa existiendo. Una encuesta reciente que hemos hecho dice que el 82% de las sociedad catalana está a favor de la inmersión, incluido el 68% de los castellanohablantes. Luego están los cuatro a los que no les parece bien, que son los que tienen todo el poder y la connivencia de las instituciones del Estado, entre ellas la judicatura. Esta gente dice que queremos imponer el catalán, es decir, ¡imponer una lengua en su tierra!