El decreto para reducir la temporalidad entre los trabajadores de la Administación navarra ha sido ratificado en el Parlamento con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, la abstención de EH Bildu y los votos en contra de Navarra Suma y de I-E. Es el resultado esperado tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con EH Bildu para que se tramitase como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, tal y como reclamaba la coalición soberanista.

La ley aprobada prevé estabilizar 3.500 empleos en la Administración navarro y es una exigencia de una norma estatal, que a su vez obedece a los requerimientos de la Unión Europea vinculados a los fondos económicos. Establece un tope máximo del 8% de interinidad en el conjunto de las administraciones públicas.

Además, introduce el plazo máximo de tres años de duración en los contratos para la cobertura de vacante, un año en el caso de los contratos del SNS-Osasunbidea «para la atención de otras necesidades, siempre que se acredite insuficiencia de personal fijo».

En relación con los procesos de estabilización, se fija la regulación aplicable a los concursos-oposición, a los concursos de méritos -excepcionales- y a los concursos de traslado para la provisión de las plazas que figuren en la oferta pública de consolidación.

En el debate en Pleno se han discutido 42 enmiendas, de las que se han aprobado 11, todas las presentadas de manera conjunta por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, así como 3 de las 16 aportaciones de Navarra Suma, mientras que las 15 de I-E han sido desestimadas.

Modificaciones de EH Bildu

Entre las modificaciones introducidas a instancias de EH Bildu y los grupos que dan soporte al Gobierno, se encuentran dos para primar el mérito de haber aprobado sin plaza una convocatoria de ingreso por entender «acreditada la cualificación profesional de aquellos aspirantes que no pudieron obtener plaza en propiedad por un motivo ajeno al mérito y la capacidad».

Por otra parte, se amplía a los 90 días anteriores al 31 de diciembre de 2015 la fecha de referencia para repescar al personal temporal de larga duración que, por escaso margen de tiempo, quedó excluido de los procesos por concurso de méritos.

A su vez, se acuerda la realización de una OPE extraordinaria en 2025, en la que se incluirían las plazas del personal fijo que, una vez concluido el proceso de estabilización, quedaran vacantes en el supuesto de que obtuvieran otra plaza fija en propiedad.

En cuanto al conocimiento del euskara, se encomienda a Euskarabidea la realización de una única prueba de nivel para su acreditación en los procesos de las entidades locales.

También, se extienden los efectos de la OPE a las empresas públicas, se refuerza la importancia del cumplimiento de las nuevas normas relativas a la tipología y duración de los contratos y se subraya el objetivo de reducir la temporalidad al 8 % (está en el 43 %) a final del año 2024.

Remírez: «Instrumento fundamental»

Ha abierto el debate el consejero de presidencia, Javier Remírez, quien ha defendido la iniciativa porque con su aprobación «nos dotamos de un instrumento fundamental para la drástica reducción de la temporalidad que redundará en la motivación de los empleados públicos y en la calidad de los servicios públicos, al tiempo que ejercemos nuestra capacidad autogobierno», y todo ellos tras desde el diálogo y la negociación entre las formaciones.

Inmaculada Jurío (PSN) ha valorado el proceso de negociación entre los partidos que les ha llevado hasta aquí, con un proyecto en el que «se ha pretendido conjugar al máximo los derechos de los funcionarios, de los contratados y de las expectativas de quienes pretenden acceder a un puesto público», ha dicho tras incidir en que este es «un procedimiento excepcional y único» que además llega de una «exigencia europea».

Por Geroa Bai, Blanca Regúlez ha valorado que el proyecto recoge los dos objetivos marcados, los de adoptar medidas para rebajar la temporalidad y articular medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad, todo ello con los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Ainhoa Aznarez (Podemos-Ahal Dugu) ha reconocido que el aprobado es «un texto complejo que no va a satisfacer a muchas personas pero tenemos el mandato estatal y los requerimientos de la propia Unión Europea con un horizonte que seguramente no alcancemos», ha dicho en referencia a la rebajar del 43 al 8 % de la temporalidad en tan poco tiempo, unas altas tasas a las que se llegó por la «dejación por parte de todos los gobiernos».

Navarra Suma se queja de la falta de negociación

En contra, Marta Álvarez (Navarra Suma) ha negado la negociación que el resto ha dicho que ha existido, ha lamentado la «absolutamente vergonzosa la falta de respeto y uso político» realizado por los grupos de gobierno sobre cuestiones que determinan como urgentes, ha criticado que las once enmiendas son la mayoría «brindis al sol o técnicas» y ha alertado de que ahora «el euskara va a ser determinante para el acceso a los puestos a estabilizar. No me extraña que sus socios de EH Bildu estén contentos», ha dicho.

Lo ha negado precisamente el portavoz de EH Bildiu, Adolfo Araiz ha recordado sus discrepancias con el proyecto inicialmente presentado, ha confirmado que «no nos gusta ni el tratamiento de cualquier idioma -no solo el euskera- ni cómo se ha ejercido el autogobierno» ni creen adecuado el número de plazas porque «llama la atención que solo se estabilicen 3.500», pero ha justificado su voto porque sería «un caos jurídico y social» que no salga esta ley en un momento en el que se necesita solucionarlo.

También Marisa de Simón (I-E) ha alertado de escaso número de puestos que a su juicio se consigue con esta reforma, que «solo estabilizará el 10 % de las plazas» y se centra en este momento, sin soluciones a largo plazo cuando la temporalidad hoy es del 43 % en la administración.