El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha confirmado este jueves que el Consistorio donostiarra recurrirá la sentencia del TSJPV que impide continuar con el proyecto de edificar viviendas en los terrenos que actualmente ocupa el cuartel de Loiola.

En su fallo, el TSJPV estima parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vox en junio de 2021 contra el acuerdo del 25 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Donostia por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (PEPPUC), que dejaba a los edificios militares fuera de este plan especial de protección urbanística.

En rueda de prensa, Goia, acompañado de la responsable de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ha señalado que el fallo del TSJPV está siendo ya analizado por los servicios jurídicos municipales.

«No cederemos, pelearemos hasta el final», ha subrayado el alcalde, quien ha remarcado que «el uso principal de esa parcela merece no ser el de un cuartel como algunos pretenden», en alusión a una formación, Vox, que «no tiene representación» en Pleno Municipal.

Goia ha revelado que tras conocer la sentencia habló con la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien comparte el objetivo de «seguir luchando» para que la operación prevista en los terrenos del cuartel, donde se planteaba la construcción de 1.700 viviendas, llegue a buen puerto. El Ejército, por su parte, se trasladaría a una parcela que tiene en la zona de la Hípica.

En este sentido, ha señalado que el fallo del TSJPV supone «un palo en la rueda pero es nuestro objetivo superarlo», y ambas instituciones harán «una lectura conjunta» próximamente, tras un «año y medio de trabajo intenso».

Goia ha confirmado la presentación de un recurso de casación ante el Supremo «absolutamente necesario», ante una sentencia que supone un «elemento de incertidumbre» que habrá que ver de qué forma «hipoteca» los nuevos usos que el Consistorio quería dar a los terrenos de los militares, una zona que, ha recordado, además, es «inundable» y que requiere de «elevar la cota casi tres metros, como se ha hecho ya en Txomin Enea o Martutene».

El alcalde donostiarra ha señalado que se había planteado «proteger» los elementos «singulares» de los cuarteles, pero sin que ello supusiera «condenar a los cuarteles a serlo para la eternidad, que es lo que Vox quiere».

Goia ha insistido en que esta operación entre el Gobierno de Madrid y el Ayuntamiento supone una «pieza fundamental» para la «regeneración de la vega del río Urumea», la «gran apuesta de la ciudad en la que se ha invertido mucho dinero y esfuerzo en los últimos años» y también para la conexión de los barrios de Loiola y Martutene con el de Intxaurrondo.

PSE: «No podemos tirar la toalla»

Desde el PSE –socio de Goia en Donostia y principal partido del Gobierno en Madrid–, la portavoz municipal, Marisol
Garmendia, ha subrayado que «construir vivienda pública en ese ámbito es un objetivo irrenunciable para dar soluciones a la demanda de vivienda de la ciudadanía donostiarra, especialmente de los más jóvenes».

A su juicio, la sentencia del TSJPV «no imposibilita el desarrollo de vivienda pública», sino que obliga a «replantear» el proyecto para conjugar la construcción de pisos con «la preservación del patrimonio que se estime oportuno. . La sentencia es un contratiempo pero no podemos tirar la toalla».

EH Bildu denuncia la injerencia de la ultraderecha

El principal partido de la oposición, EH Bildu, ha denunciado «la injerencia del lobby de ultraderecha en la política municipal donostiarra», ya que «las decisiones sobre el planeamiento urbanístico y la conservación del patrimonio corresponden a la
ciudadanía donostiarra, a sus agentes sociales e institucionales».

A su juicio, la sentencia del TSJPV «es una mala noticia para la inmensa mayoría de la ciudadanía donostiarra, que lleva décadas reclamando que el Ejército español devuelva los terrenos que ocupa en Loiola, para poder dedicarlos al uso y disfrute de los y las donostiarras». EH Bildu ha recordado que realizó gestiones en ese sentido durante la legislatura 2011-2015, con Juan Karlos Izagirre como alcalde. Entonces se «abrió un proceso junto con agentes del barrio para estudiar la nueva planificación del entorno, priorizando la instalación de servicios y viviendas sociales, sin descartar el mantenimiento de algunos de los edificios existentes». Finalmente el Gobierno español se cerró en banda al trasvase.

La coalición considera que se trata de «un duro golpe» para la política de vivienda del actual Gobierno municipal, y recuerda que el próximo lunes tendrá lugar en pleno extraordinario sobre esta materia.

«En cualquier caso –concluye EH Bildu–, los militares deben salir de Donostia y Euskal Herria por un elemental principio
democrático: porque así lo quiere la ciudadanía».

Vox: «Seguirán erguidos»

En su cuenta de Twitter, Vox se ha felicitado por haber conseguido impedir la demolición de unos cuarteles «desde los que durante un siglo el Ejército ha protegido a la Nación. ETA y el PNV han hecho todo lo posible por derruirlos. No lo conseguirán».

«A partir de ahora, los Cuarteles de Loyola serán patrimonio protegido de la ciudad de San Sebastián y seguirán erguidos representando nuestra Historia y esperemos que cobijando a nuestro Ejército», ha añadido la formación de extrema derecha.