El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente un recurso de Vox y ha ordenado la inclusión de los cuarteles de Loiola como edificios protegidos en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC), lo que impediría su demolición.

Esta resolución, a la que ha tenido acceso la agencia Efe y que puede ser recurrida, echa por tierra los planes de Ayuntamiento de Donostia, que después de años de negociaciones estaba a punto de cerrar la adquisición de las 20 hectáreas en las que se asienta el cuartel militar donostiarra, donde proyectaba un desarrollo urbano de entre 1.600 y 2.000 viviendas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco ha estimado parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo municipal del 25 de marzo de 2021, en el que se aprobó definitivamente la revisión del PEPPUC, en el que no se incluyeron los cuarteles.

Vox alegó en su recurso que el conjunto arquitectónico del acuartelamiento reúne los requisitos establecidos por el propio PEPPUC para ser protegidos y aportó dos informes de profesionales de la arquitectura para demostrarlo.

En estos informes se cita que el Gobierno de Lakua incluyó en su día a los cuarteles de Loiola en el inventario provisional del patrimonio histórico arquitectónico y la Diputación de Gipuzkoa también estimó su valor cultural y apostó por su conservación en un documento del año 2009.

Tras estudiar estos informes y las alegaciones del Ayuntamiento, el tribunal sostiene que los cuarteles «cumplen los criterios sentados en el PEPPUC para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito rector de demanda», que pedía el máximo grado de protección.

La sentencia se asienta en los informes de Lakua y la Diputación y afirma que el tribunal no puede ignorar que «dos administraciones, ajenas al presente procedimiento y cuyos técnicos están dotados de objetividad, han informado a favor de la protección de los cuarteles de Loiola».

Estos informes no figuran, tal y como defiende el Ayuntamiento y admite la sentencia, en el trámite de alegaciones a la presente revisión del PEPPUC, «pero en tanto incorporado a los autos, forman parte del material probatorio sobre el que el Tribunal puede formar convicción».

«Otro aspecto que nos lleva a considerar que debe existir protección es el estudio comparativo entre cuarteles, del Sr De la Barba, en el que concluye que los que quedan en pie, tienen protección y están catalogados a excepción del de Astorga que sigue destinado a acuartelamiento», señala la sentencia.

El fallo establece otorgar una protección de Grado IV, según detalló en su día el informe de la Diputación de Gipuzkoa, y no el Grado A que había solicitado Vox.

Esta resolución significa un duro varapalo para el proyecto de desarrollo urbanístico más importante de la ciudad, que se remonta a la época de Odón Elorza como alcalde, quien reclamó en repetidas ocasiones, incluso a ministros de Defensa de su propio partido, la cesión de los terrenos.

En los últimos meses, el Gobierno español se había abierto a negociar la venta de esta parcela de unas 20 hectáreas, hasta el punto de que el alcalde actual, Eneko Goia, habló el pasado mes de que faltaban «varios detalles», de carácter económico, tributario y jurídico, entre otros, para cerrar el acuerdo.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo contencioso administrativo el Tribunal Supremo y ante la propia sala del TSJPV. 

El Ayuntamiento, «sorprendido», asume que impide sus planes

Fuentes del Ayuntamiento de Donostia han valorado que la sentencia del TSJPV es «sorprendente por inédita» y asume que imposibilita sus planes de desarrollo urbanístico en esta zona.

A la espera de un análisis que expondrá este jueves el alcalde, Eneko Goia, fuentes del Ayuntamiento donostiarra han expresado a la agencia Efe su sorpresa ante el fallo judicial, ya que «el tribunal establece qué elementos tienen que protegerse en la ciudad, lo cual es inédito».

«El fallo pone en cuestión todos los términos del acuerdo que veníamos trabajando con el Ministerio de Defensa, que estaba en su fase final, al establecer una protección sobre los edificios de los cuarteles que imposibilita su intervención futura», sostienen las citadas fuentes municipales.

La conservación de los edificios, obligada por la sentencia, conlleva que la valoración de los suelos con la que trabajaba el Ayuntamiento «pierda toda su base».

«El Ayuntamiento buscaba dar respuesta a las necesidades residenciales de la ciudad, configurando un nuevo ámbito con vivienda, equipamientos y espacios públicos. Esta sentencia echa por tierra dicha valoración económica e imposibilita una operación que era buena para la ciudad, y que se venía reclamando desde hace muchos años», han lamentado. 

A juicio del Ayuntamiento, la sentencia significa que, «en nombre de la protección del patrimonio», los cuarteles no podrán tener más uso que los militares».