El lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunió ayer con los diputados generales de Araba, Ramiro González; Bizkaia, Unai Rementeria; y Gipuzkoa, Markel Olano, y después comparecieron ante los medios para anunciar una serie de medidas presentadas como de lucha contra los efectos de la inflación. La más destacada es la deflactación del 4% de todos los tramos del IRPF que se suma a la del 1,5% de primeros de año.

La deflactación del IRPF supone adecuarlo a la inflación; es decir, si en estos momentos las instituciones públicas calculan que la inflación subyacente es del 5,5%, lo que se hace es deflactar el 5,5% (4% + 1,5%) la escala de todos los tramos del IRPF para que la gente a la que le aumenten el sueldo por el incremento de los precios se quede en el mismo tramo en la declaración de la renta, evitando que la subida de salario se convierta después en que tengan que pagar más impuestos porque se han pasado de tramo.

Se hará un ajuste de la tabla de retenciones aplicable a los rendimientos de trabajo que, según se explicó en la comparecencia, entrará en vigor el próximo 1 de setiembre, por lo que tendrá un efecto inmediato en los salarios que se abonen entre setiembre y final de año. Por su parte, en el caso de las nóminas abonadas con anterioridad, las cantidades retenidas de más se ajustarán en la próxima campaña de la renta.

Según señaló el lehendakari de la CAV, «deflactar significa que todas las personas y familias van a disponer de más dinero en su bolsillo».

Distintos modelos

La deflactación del IRPF en todos sus tramos, es decir, también para los más ricos, es una medida que hasta la fecha venían exigiendo PP, Vox y Cs al Gobierno español de coalición PSOE y Unidas Podemos y que este no ha adoptado. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció en mayo la deflactación del tramo autonómico del IRPF en 2023.

Por otra parte, en su sesión de investidura, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, prometió la semana pasada deflactar la tarifa del IRPF pero únicamente en los primeros tres tramos de renta autonómica, entre 12.450 y 35.200 euros.

En el caso de la CAV, cabe recordar que las encargadas de la recaudación de impuestos son las haciendas forales en virtud del Concierto Económico, y estas dan la impresión de haber optado más por el modelo de Díaz Ayuso que de Moreno Bonilla.

Lío en el PSOE-PSE

La decisión del PNV en las tres haciendas ha suscitado una división de opiniones en su socio de gobierno. Mientras desde Madrid el portavoz del PSOE en el Congreso lo criticaba por no ser «progresista», en la CAV, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, lo reivindicaba por beneficiar a los contribuyentes más vulnerables.

Patxi López, en rueda de prensa en el Congreso, se mostró rotundamente en contra de aplicar deflactaciones en el IRPF para atajar la inflación, puesto que este tipo de iniciativas permiten «ahorrar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Y eso no es el principio rector de una política progresista». A su entender, es mejor emplear la recaudación de más que se obtiene para sufragar políticas sociales más justas.

Por contra, el secretario general del PSE, cuyos dirigentes institucionales se quedaron fuera de la fotografía aunque Eneko Andueza apuntó que les hubiera gustado estar, aseguró que estas medidas están destinadas a que «los contribuyentes de los tres territorios, sobre todo, las personas más vulnerables, no se vean perjudicadas fiscalmente por la inflación».

Entre las reacciones suscitadas, también Elkarrekin Podemos-IU y ELA mostraron su posición contraria. El sindicato habló de «fraude a la sociedad». PP-Cs, por contra, aseguró que las medidas deflactarias llegan tarde y son insuficientes.

Otras medidas

Además de lo ya señalado, las haciendas forales también aprobaron una deducción de 200 euros, que podrán aplicar aquellas personas contribuyentes con una base general en renta de hasta 30.000 euros. Entre los 30.000 y los 35.000 euros, la deducción de 200 euros sufrirá una reducción progresiva punto a punto a medida que aumenta la base de la declaración.

Junto a ello, se ha decidido dejar exentas del pago de impuestos las ayudas públicas de 200 euros que se perciban con motivo del Real Decreto Ley 11/2022 aprobado por el Gobierno español.

Además, el lehendakari y los diputados generales informaron de que los autónomos quedan exonerados de la obligación de realizar los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestre del presente ejercicio, al igual que las empresas con un volumen de operaciones inferior a 50 millones de euros y no integradas en grupos empresariales.

Urkullu aseguró que estas medidas suponen que «todas las personas y familias van a disponer de más dinero en su bolsillo».