La fiscal superior de Barcelona, Concepción Talón, ha abierto diligencias por la denominada Operación Catalunya contra el independentismo al considerar que unos hechos denunciados por el ex jefe superior de la Policía española Narciso Ortega «podrían ser constitutivos de delito», aunque ha remitido el caso a la fiscalía de Madrid, según publican este sábado el digital ‘El Món’ y el diario ‘Ara’.

La denuncia del comisario Ortega va dirigida contra la exministra española de Defensa Dolores de Cospedal, el exministro español de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez y el excomisario José Manuel Villarejo.

Unos audios publicados por el digital ‘El Món’ originaron la presentación de una denuncia del comisario y ex jefe superior de la Policía española en Catalunya Narcís Ortega, al que se incluyó en una lista negra de independentistas que era necesario vigilar.

La denuncia aportaba conversaciones, anotaciones en agendas, y los informes policiales de los seguimientos realizados, de los que se desprende que Ortega también había sido víctima de la conocida como ‘policía patriótica’, que lo acusaba de ser «independentista».

El escrito de la fiscalía recoge brevemente los hechos descritos en la denuncia de Ortega, según la cual «mandos policiales, cargos públicos y dirigentes políticos formarían una estructura organizada, de carácter permanente y con reparto de funciones, con la finalidad de obtener información y/o confeccionar pruebas falsas para intimidar, perjudicar y/o desprestigiar a personas próximas al movimiento independentista catalán».

También hace constar que Ortega fue sometido a seguimiento y fue «trasladado de forma injusta» de su destino como jefe de policía en Catalunya a Teruel.

La fiscal de Barcelona considera que dichas actividades se habrían financiado con fondos públicos, motivo por el que entiende que los hechos descritos podrían ser «constitutivos de delitos» como los de prevaricación, revelación de secretos, malversación y organización criminal.

La fiscal cree que hay suficientes motivos como para iniciar diligencias, aunque interpreta que los hechos denunciados tienen su origen en la capital española, por lo que entiende que la competencia territorial es de la fiscalía de Madrid, a quién remite las diligencias abiertas en Barcelona.

En la denuncia se relata una conversación entre Villarejo y la exlíder del PP catalán y actual senadora de este partido, Alícia Sánchez-Camacho, en la cual se habla de incluir a Ortega a una «lista negra» de objetivos a los que había que vigilar y obtener información que les pudiera perjudicar.