La marcha apoyada por más de 150 organizaciones de diferentes países, entre ellas vascas, ha culminado frente al Parlamento Europeo en Bruselas, donde han exigido el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en las fronteras y la regularización administrativa que viven y trabajan en Europa, además de celebrar una Cumbre de los Pueblos sobre Migración. La caravana llegó el fin de semana tras un intenso viaje, y después de partir de Irun-Hendaia.

Los actos de esta txanpa final comenzaron el jueves con una reunión entre una delegación de la Marcha a Bruselas y un grupo de europarlamentarias de la comisión de migración. Durante la misma, además de hacer llegar un documento de peticiones, varias personas afectadas por la política migratoria actual explicaron sus preocupaciones. Es el caso de Jalila Taamallah, madre tunecina de dos hijos fallecidos en su viaje a Europa, que denunció «un negocio en el que los países de origen cobran por las devoluciones de personas, mientras que las familias se ven obligadas a pagar la repatriación de sus familiares fallecidos en el tránsito».

Mientras tuvo lugar el encuentro, un centenar de personas participantes en la Marcha a Bruselas se acercaron al Centro de Internamiento de Extranjeros de Vottem para realizar una concentración de protesta y apoyo a los internos y a los colectivos que llevan a cabo una lucha de casi 25 años para conseguir su cierre.

Mil personas al año pasan por este CIE, de los que dos tercios son expulsadas. Hay seis centros similares en el territorio y el gobierno tiene previsto abrir otros tres. «Son el símbolo de la Europa fortaleza y demuestran que la ideología de extrema derecha se extiende hasta partidos que antes eran de centro», apuntó una portavoz de la Macha, a la vez que informaba que el 60% de las personas que demandan asilo reciben un rechazo, que todas las personas que se rebelan o que muestran desacuerdo son encerradas en celdas de aislamiento y
que hay muchas personas al límite.

Según ha explicado Ongi Etorri Errefuxiatuak, «el colectivo de resistencia a los centros de detención acude allí todos los sábados y llevan una escalera para intentar comunicarse con los internos, facilitándoles un contacto, recargas de móvil, etc.»

Reunión con los colectivos locales

En el posterior encuentro con los colectivos de la ciudad belga de Lieja estos relataron la existencia de muchas luchas, con manifestaciones y ocupaciones de edificios, y la participación de las personas sin papeles en la vida social y asociativa de la ciudad, a pesar de las dificultades para acceder a la tarjeta sanitaria, al alojamiento, al empleo o la formación.

Su estrategia es intentar agrupar al máximo de asociaciones como las sindicales y
obtener el apoyo de los poderes públicos. «Así hemos logrado que Lieja se considere
ayuntamiento de acogida y que incluso el ayuntamiento ponga edificios a disposición».

Sandrine, de La Voz de Sin Papeles, denunció la condena a trabajar informalmente lo que conlleva explotación y violencia. «Todo esto es como una cadena de esclavitud. Hay quien accede a tener relaciones para tener alojamiento. Por eso luchamos por nuestros derechos. Aquí no hay un criterio claro de regularización. Para pedir asilo hay unos criterios, pero para la regularización no sabes qué criterios hay. No podemos avanzar ni volver. Nuestras vidas están truncadas. Por esto militamos en esta lucha. Hay 150.000 personas sin papeles en Bélgica que pueden contribuir a la economía del país si hay regularización. Ahora solo se benefician los patrones y hay explotación, se trabaja 14 o 15 horas por 30 euros al día, sin saber si vas a cobrar».

Ya el viernes se mantuvo un encuentro entre los colectivos participantes en la Marcha a Bruselas, donde los colectivos de personas sin papeles de Bruselas hicieron un relato de su lucha y de la dura huelga de hambre que mantuvieron durante dos meses el año pasado, en el que denunciaron que el acuerdo alcanzado con el gobierno no ha sido respetado y continúan su lucha para una proposición de ley, a la vez que defienden la necesidad de una marcha europea para reconocer a los y las trabajadoras sin papeles.

Por su parte, Fernanda, del movimiento Regularización del Estado español, informó de la
campaña de recogida de 500 mil firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular, de la que ya se han conseguido hasta 400 mil y de la importancia de conseguir la regularización administrativa de las 500 mil personas que viven en el estado español, de las que la tercera parte son niños y niñas.

Durante las intervenciones y a lo largo de todo el fin de semana, las promotoras del proyecto de la Manta de la Memoria, estuvieron portando y bordando en hilo rojo sobre telas blancas los nombres de las personas que murieron y desaparecieron intentando llegar a Europa o en sus fronteras internas.