El fiscal delegado de Medio Ambiente de Gipuzkoa ha pedido al juzgado de guardia de Donostia que investigue si un inspector del Gobierno de Lakua «obvió» un tubo de drenaje «clandestino» que habría sido instalado sin autorización en la incineradora de Zubieta y que podría estar en el origen de las últimas filtraciones contaminantes, según GuraSOS. El fiscal delegado de Medio Ambiente considera que este funcionario podría haber incurrido en un delito de prevaricación ambiental, penado con hasta tres años de prisión.

Así lo han dado a conocer en una comparecencia este jueves Joseba Belaustegi, portavoz de la plataforma, y Olatz de Miguel, vecina de Zubieta, en nombre de GuraSOS, que fue quien denunció ante la Fiscalía los hechos tras publicarse el pasado 17 de setiembre una fotografía que hizo llegar una fuente anónima procedente de la incineradora al diario ‘Berria’ y en la que se acredita la existencia del citado tubo «clandestino», que procede de uno de los hornos de la incineradora y que va a la red de aguas de la instalación.

Ello dio lugar a la denuncia de GuraSOS y ahora la Fiscalía ha remitido al juzgado de Guardia la conclusión de las diligencias de investigación para que incoe diligencias previas y las derive al juzgado de instrucción correspondiente. En su denuncia, la plataforma ciudadana aportó más de 300 folios de documentación sobre las presuntas irregularidades cometidas en relación con el funcionamiento de la instalación de residuos.

En su decreto, el fiscal explica que «el 21 de septiembre de 2022 tuvo entrada en esta Fiscalía el escrito […] poniendo de manifiesto la instalación de un drenaje o purga de agua de los conductos de salida y depuración de gases de combustión de caldera no previsto en el proyecto y sin autorización, circunstancia presuntamente obviada por el técnico que hizo las inspecciones correspondientes».

De ese conducto «clandestino» se verterían a la red de aguas de la incineradora dioxinas y otras sustancias tóxicas que estarían en el origen de los últimos episodios de contaminación que se han registrado en el suelo y aguas subterráneas de la planta y en la regata de Arkaitzerreka, según sostiene GuraSOS.

Belaustegi ha explicado que el nivel de contaminación por dioxinas que se ha detectado en el subsuelo es «seis veces superior» al establecido por la normativa holandesa de aguas que se utiliza en Europa como referencia. «Hay metales, fenoles amonio...», ha asegurado.

El fiscal afirma que «de las diligencias practicadas en las presentes actuaciones se infiere que los hechos revisten, indiciariamente, los caracteres de un delito, tipificado y penado en el artículo 329.1 del Código Penal», un tipo penal agravado y especializado de la prevaricación medioambiental, que está castigado con pena de prisión de entre seis meses a tres años y una multa, además de inhabilitación.

GuraSOS ha puesto nombre y apellidos al inspector que hizo las inspecciones y que presuntamente habría «mirado para otro lado». Se trata de Hipólito Bilbao Intxaurraga, técnico del Servicio de Inspección y responsable del Servicio de Prevención y Control Integrados de la contaminación de la Vicenconsejería de Medio Ambiente de Lakua. Se da la circunstancia de que es el mismo técnico que «elaboró las actas de inspección del vertedero de Zaldibar antes de su colapso», según la plataforma.

Belaustegi y De Miguel han destacado la «diligencia y rapidez» con la que ha actuado la Fiscalía, ya que tan solo han transcurrido 3 semanas desde que GuraSOS interpuso la denuncia, el 22 de septiembre, hasta que el fiscal de Medio Ambiente publicó su decreto, el 13 de octubre.

«Paralización ya»

Los integrantes de la plataforma han subrayado que el decreto de la Fiscalía «pone en solfa» la incineradora y su consecuencia «tiene que ser su paralización ya», puesto que la denuncia afecta a la declaración de efectividad de la autorización ambiental integrada que se emitió en junio de 2020 y ratificó en otoño de ese año para poner en marcha la instalación de Zubieta.

«Se ha descubierto una instalación clandestina y, con todo eso, las autoridades deberían parar la incineradora, pero sabemos que la sociedad es la única que hará que paren los que tienen que parar. Por eso saldremos a la calle a pedir que se pare inmediatamente», han señalado al anunciar la campaña que van a poner en marcha en los próximos días para «activar otra vez la movilización social».

Belaustegi ha incidido en que, además de la contaminación química, «está aflorando también otro tipo de contaminación, la corrupción», por lo que ha animado a «técnicos, personas conscientes y gente cualificada» a que «se arriesguen y se animen a colaborar» para entre todos poder paralizar la infraestructura.

Tres vías judiciales abiertas

Esta es la tercera vía judicial que se abre en relación con la incineradora. Un juzgado de Donostia investiga un primer vertido a la regata de Arkaitzerreka ocurrido en mayo de 2020, en unas actuaciones en las que ya ha citado a declarar a varios responsables de las instalaciones y en las que ha imputado al director de GHK y cuatro empresas.

La segunda investigación se inició a finales de julio, a raíz de la contaminación que sufrió esa misma regata.