La Audiencia Provincial de Nafarroa ha desestimado el recurso de apelación presentado por la promotora del macroproyecto turístico de Aroztegia contra el actual alcalde de Baztan, Joseba Otondo, y su predecesora, Garbiñe Elizegi, ambos de EH Bildu, por la acusación por prevaricación que había presentado la empresa.

De este modo, se cierra definitivamente la denuncia de la empresa contra electos de Baztan, confirmando lo que ya manifestó previamente el Juzgado de Instrucción número 5 de Iruñea, que rechazó la denuncia de la promotora, que está representada legalmente por Eduardo Ruiz de Erenchun en este caso.

Es el mismo resultado que se ha registrado en las anteriores denuncias que se presentaron contra Otondo. En otras dos ocasiones se desestimó la denuncia, que no llegó ni siquiera a la fase de juicio oral. Otondo fue objeto de una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos contra él y contra el resto de los concejales del equipo de gobierno por haber autorizado una protesta en la plaza de Elizondo y dejar a los convocantes, como al resto de vecinos, utilizar la luz y los baños. Dicha querella fue archivada.

Del mismo modo fue archivada otra querella por prevaricación por haber prescindido del procedimiento de revisión de oficio de una licencia. Ambas querellas fueron presentadas con posterioridad a esta y fueron archivadas en los juzgados de instrucción sin que el querellante recurriera dicho archivo.

En el caso de Elizegi, fue demandada por intromisión contra el honor de la querellante por haber declarado en una comisión parlamentaria cuando era alcaldesa que el proyecto de la empresa era un pelotazo urbanístico. fue absuelta, pero teniendo que acudir hasta el Tribunal Supremo para poder defenderse, lo que dilató el proceso desde el 25 de mayo de 2015 hasta marzo del 2020. 

Las querellas de la promotora de Aroztegia llegaron incluso contra diez personas por dar una rueda de prensa contra el proyecto, que también fue archivada.

Inconsistentes

Fuentes jurídicas señalan a NAIZ que las querellas presentadas por la promotora no tienen consistencia. De hecho, en el último auto se señala que la actuación seguida por Otondo y Elizegi cumplió todas las exigencias administrativas. En este sentido, apuntan que las querellas corresponden más a una estrategia para condicionar la actuación de los electos de Baztan ante una obra que tiene un alto grado de contestación en el valle, iniciando procedimientos judiciales que se prolongan durante años. Lo que ahora llaman «lawfare».

De este modo, por ejemplo, pese a que las querellas han sido desestimadas por los tribunales, han supuesto un coste económico para el Ayuntamiento de Baztan.