El año pasado, EH Bildu entregó al Gobierno de Iñigo Urkullu una propuesta de acuerdo sobre 118 millones de euros, además de media docena de compromisos políticos, y recibió una contraoferta de 72 millones. Finalmente, hubo un acuerdo que se cuantificó en 253 millones. Este año, con más dinero que nunca en las arcas gubernamentales, la petición de la izquierda soberanista es de 290 millones, y la oferta de respuesta ha sido de 54,5 millones, de los que 15 son para líneas de crédito.

Para el presupuesto de 2022, Elkarrekin Podemos-IU hizo al Departamento de Economía y Hacienda una propuesta que ascendía a 500 millones de euros, y se encontró también con una contraoferta de 72 millones de euros. En esta ocasión, la coalición morada presenta partidas por 511,13 millones de euros, y como respuesta Pedro Azpiazu les ofrece 41,87 millones.

Hace un año, la negociación con PP+Cs se cortocircuitó casi desde el inicio. Esta vez, Lakua ha puesto sobre la mesa del partido de Carlos Iturgaiz una propuesta de 27,5 millones de euros.

Como puede comprobarse, a pesar de que el Gobierno autonómico se vanagloria de contar con el presupuesto más alto de la historia, su respuesta a los grupos de la oposición ha sido más rácana que el año pasado. Según ha explicado Pedro Azpiazu, el presupuesto para 2023 está «muy ajustado» y es «la cantidad máxima que podemos ofrecer». Ha añadido que la contraoferta a los grupos se ha hecho en función del peso de cada uno de ellos.

No ha perdido la oportunidad de recordar nuevamente que los partidos que lo sustenten cuentan con mayoría absoluta para aprobar sus propias cuentas, aunque ha vuelto a decir también que quieren llegar a un acuerdo con alguno de los grupos de la oposición.

Decepción sin romper la baraja

Los grupos de la oposición han mostrado su decepción ante las contraofertas recibidas de mano del consejero Pedro Azpiazu, pero por ahora ninguno ha renunciado a continuar con las negociaciones. El Gobierno ya ha anunciado que hará una nueva ronda, aunque no le ha puesto fecha.

La primera cita de la mañana ha sido con EH Bildu. A la salida de la reunión, Maddalen Iriarte –que ha acudido acompañada de Nerea Kortajarena y Mikel Otero– ha destacado que las posiciones entre las partes están muy alejadas. Ha asegurado que la formación analizará con detenimiento la oferta del Gobierno, porque considera que es su responsabilidad, aunque en un primer vistazo ya han comprobado que no se da respuesta a muchas de sus demandas formuladas por escrito y, por contra, se incluyen cuestiones que no habían propuesto.

Maddalen Iriarte ha apuntado que «basta salir a la calle» para ver cuál es la situación de Osakidetza, de los jóvenes que tienen que emplear el 80% de sus sueldos precarios para dedicarlo a vivienda o de quienes no van a poder pagar la calefacción en invierno. Y, por ello, ha subrayado que «este es el momento de invertir y de gastar. Porque el Gobierno tiene dinero, porque las normas europeas están suspendidas y la recaudación está siendo importante. Es el momento de invertir en estas propuestas que creo que son de sentido común», como el bono energético que plantean.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, su portavoz parlamentaria, Miren Gorrotxategi, ha expuesto que «no ha habido un esfuerzo extraordinario del Gobierno vasco para acercarse a nuestras propuestas presupuestarias. Estamos muy lejos de conseguir un acuerdo». No le han gustado ni la cantidad ofrecida, ni el detalle de a qué se dedicaría, puesto que «no recoge cuestiones concretas que para nosotras son muy importantes».

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo, que es quien lleva la voz cantante del partido en materia económica, ha dicho a la salida de la reunión que «30 millones no son la mejor noticia», a lo que ha añadido que la propuesta fiscal que les ha hecho el Gobierno es «inconcreta» y ha reiterado que uno de los puntos fundamentales para avanzar en las negociaciones es la reforma tributaria.

Rechazo a cambios fiscales

En su rueda de prensa tras la ronda negociadora, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha descartado que en estos momentos vaya a hacerse una reforma fiscal. Ha asegurado que «en situaciones de inestabilidad como la actual, en este momento, no toca una reforma fiscal, y tampoco podemos obviar que las instituciones que deben tramitar y aprobar las modificaciones tributarias –las Diputaciones Forales y las Juntas Generales– terminan su periodo legislativo en el plazo de 3 meses, por lo que además de no dejar tiempo para una reforma fiscal en profundidad, no tendría sentido impulsar una reforma fiscal en tiempos electorales».

Sobre el hecho de que en 2017 si se ligara la reforma fiscal con el presupuesto de 2018, y «ciertas afirmaciones que llevo escuchando estos últimos días», Azpiazu ha señalado que la negociación ya estaba abierta entre PNV y PSE y que «no se incluyó en ella nada que no estuviera previamente pactado entre los mencionados partidos políticos». Basta revisar la hemeroteca para comprobar que el PP introdujo elementos sustanciales en aquella reforma, que fueron bastante del gusto del PNV y que el PSE aceptó más a regañadientes.

En todo caso, Azpiazu ha apuntado que ha propuesto a los partidos del gobierno y a las instituciones implicadas iniciar a primeros de 2023 una revisión de lo pactado con el PP en 2017.

En torno a esta reforma fiscal, Maddalen Iriarte ha afirmado que lo que pide EH Bildu es que se abra el debate con todos los agentes afectados, y ha recordado que todos los gobiernos e instituciones internacionales están abordando esta cuestión ante la grave crisis que afrontamos.